Hoy después del medio día la inspectora de policía del municipio de Riosucio, MILTAN CUESTA, en compañía del Personero municipal DARIO BLANDON CAICEDO, ordenó el desalojo de la familia BARRERA MONCADA, atendiendo el recurso impuesto por los ocupantes de mala fe la FAMILIA ARGOTE. La diligencia fue acompañada por cien unidades de la Policía Nacional, que se presentaron como efectivos de la Policía del departamento de Santander. También estuvo presente NEMESIO CUESTA MOSQUERA, representante legal del consejo comunitario de la Larga Tumaradó, CLAUDIA ANGELA ARGOTE, ocupante de mala fe, sus trabajadores y el apoyo del conocido como “El Secretario” y los trabajadores de éste, ocupantes de mala fe de Caño Manso. Los integrantes de la familia BARRERA MONCADA, conformado por campesinas y campesinos, entre ellos un anciano de 85 años de edad, 8 adultos y 9 niños, regresaron a su propiedad semanas atrás, luego de casi 12 años de desplazamiento forzado por operaciones paramilitares, de la presión recibida para vender la propiedad por parte de estas mismas estructuras criminales. La propiedad total de esta familia es de 61 hectáreas, 20 que hacen parte del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario de Caracolí y la restante 41 de carácter familiar, reconocidas en la Resolución No 0564 del 19 de septiembre de 1988 del INCORA La irregular diligencia judicial se realizó desconociendo el derecho a la oposición que la familia interpuso verbalmente y por escrito, exhibiendo el documento que prueba y justifica legalmente su ocupación, conforme al artículo 13 del Decreto 0992 de 1930, al momento en que la Inspectora ordenó el desalojo. La actuación contra derecho no fue notificada por el Procurador Ambiental y Agrario del Chocó, de acuerdo con la disposición de la ley 1152 de 2007. A las 3:40 p.m. se inició el procedimiento irregular del desalojo, con la participación pasiva de los agentes de policía, y el ingreso de 15 particulares, entre ellos la persona conocida como “El Secretario”, sus trabajadores de éste y los trabajadores de la Familia ARGOTE, quienes sacaron los enseres de la familia BARRERA y los metieron en uno de los camiones de la Policía de Urabá. A las 6:20 p.m., dieron por terminado el procedimiento ilegal de desalojo, dejando a los miembros de la familia BARRERA a la intemperie en la carretera, sin alimentos, frente a la finca de su propiedad. Como es usual y no es de extrañar, la policía dispuso un operativo de más de 100 efectivos, tres camiones, dos patrullas y dos ambulancias. Los efectivos policiales se presentaron como parte de estructuras del departamento de Santander y otros afirman ser de la ciudad de Bucaramanga, se negaron a entregar el nombre del Coronel que se encuentra en la diligencia, que en contra derecho, se adelantó en el poblado de Caracolí. El accionar de los policías también estaba encaminado a colocar en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al adulto Mayor HERNANDO BARRERA SANCHEZ de 85 años de edad y a los 9 niños, acción que los demás miembros de la comunidad impidieron que esto sucediera. Todas las autoridades nacionales y regionales continúan siendo desconocidas por el poder local de Inspectores policiales y personeros que se encuentran absolutamente controlados por la mentalidad y la criminalidad paramilitar que los hace actuar contra derecho, contra cualquier sana lógica y debido proceso. Uso extralimitado de funciones pues ni la Personera ni el Inspector Municipal de Riosucio tienen responsabilidad jurisdiccional en el Territorio Colectivo de Curvaradó Paradójicamente, conociendo de los títulos de propiedad individual reconocidos en la Resolución del Incoder y de la titularidad colectiva de Caracolí, la Inspección Municipal de Carmen del Darién negó a la familia BARRERA MONCADA la restitución de la propiedad a partir del recurso administrativo interpuesto. Nada enfrenta la criminalidad existente por efectos del paramilitarismo en el Bajo Atrato, las autoridades hacen y deshacen contra los afrocolombianos y mestizos y nada pasa. Todo está en contravía de los derechos de los legítimos dueños y habitantes tradicionales, que fueron despojados a sangre y fuego por la violencia paramilitar. Los beneficiarios, cuando no los mismos paramilitares, están allí en Caracolí, territorio Colectivo de Curvaradó protegidos por la policía y los entes de control constituidos para defender los derechos humanos – Personería- y los entes administrativos – Inspección de Policía- para obrar en justicia Con estas actuaciones, se desconocen los acuerdos entre las comunidades del Curvaradó y del Jiguamiandó con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, para la restitución de la propiedad. II. SOLICITUDES A FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, comunicacionesvp@presidencia.gov.co intervención inmediata sobre la Policía de Urabá, destitución o separación de su cargo al Coronel HERRERA quien ha obrado contra derecho, violando el debido proceso. Y la adopción de medidas inmediatas para la restitución de la propiedad y las garantías para la integridad física y personal de todos los miembros de la familia BARRERA MONCADA. A MARIO IGUARAN ARANA adoptar decisiones de fondo frente a la criminalidad paramilitar que opera en Caracoli y los beneficiarios del paramilitarismo que usufructuan bienes adquiridos ilegalmente, dentro del proceso 3856 que adelanta la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. A EDGARDO MAYA VILLAZON fax 3429723 o secretariageneral@procuraduria.gov.co intervenir de manera inmediata frente a los abusos de autoridad de Inspectores de Policía Municipales de Riosucio y Carmen del Darién, la Policía de Urabá, la Personera del Municipio de Riosucio. BOGOTA, D.C. JULIO 1 DE 2008 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

CONTACTOS

fsantos@presidencia.gov.co, comunicacionesvp@presidencia.gov.co, secretariageneral@procuraduria.gov.co, contactos@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co, veeduria@fiscalia.gov.co, gloria.correa@fiscalia.gov.co, denuncias@fiscalia.gov.co, rigarcia@fiscalia.gov.co

CARTA

A FRANCISCO SANTOS A MARIO IGUARAN ARANA A EDGARDO MAYA VILLAZON Doctores, Queremos comunicarles nuestra preocupacion frente a la actuacion de la policia en la vereda de caracoli , actuacion contra las resoluciones del INCODER y los acuerdos con la Vicepresidencia. El martes primero de Julio después del medio día la inspectora de policía del municipio de Riosucio, MILTAN CUESTA, en compañía del Personero municipal DARIO BLANDON CAICEDO, ordenó el desalojo de la familia BARRERA MONCADA, atendiendo el recurso impuesto por los ocupantes de mala fe la FAMILIA ARGOTE. La diligencia fue acompañada por cien unidades de la Policía Nacional, que se presentaron como efectivos de la Policía del departamento de Santander. También estuvo presente NEMESIO CUESTA MOSQUERA, representante legal del consejo comunitario de la Larga Tumaradó, CLAUDIA ANGELA ARGOTE, ocupante de mala fe, sus trabajadores y el apoyo del conocido como “El Secretario” y los trabajadores de éste, ocupantes de mala fe de Caño Manso. Los integrantes de la familia BARRERA MONCADA, conformado por campesinas y campesinos, entre ellos un anciano de 85 años de edad, 8 adultos y 9 niños, regresaron a su propiedad semanas atrás, luego de casi 12 años de desplazamiento forzado por operaciones paramilitares, de la presión recibida para vender la propiedad por parte de estas mismas estructuras criminales. La propiedad total de esta familia es de 61 hectáreas, 20 que hacen parte del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario de Caracolí y la restante 41 de carácter familiar, reconocidas en la Resolución No 0564 del 19 de septiembre de 1988 del INCORA La irregular diligencia judicial se realizó desconociendo el derecho a la oposición que la familia interpuso verbalmente y por escrito, exhibiendo el documento que prueba y justifica legalmente su ocupación, conforme al artículo 13 del Decreto 0992 de 1930, al momento en que la Inspectora ordenó el desalojo. La actuación contra derecho no fue notificada por el Procurador Ambiental y Agrario del Chocó, de acuerdo con la disposición de la ley 1152 de 2007. A las 3:40 p.m. se inició el procedimiento irregular del desalojo, con la participación pasiva de los agentes de policía, y el ingreso de 15 particulares, entre ellos la persona conocida como “El Secretario”, sus trabajadores de éste y los trabajadores de la Familia ARGOTE, quienes sacaron los enseres de la familia BARRERA y los metieron en uno de los camiones de la Policía de Urabá. A las 6:20 p.m., dieron por terminado el procedimiento ilegal de desalojo, dejando a los miembros de la familia BARRERA a la intemperie en la carretera, sin alimentos, frente a la finca de su propiedad. El accionar de los policías también estaba encaminado a colocar en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al adulto Mayor HERNANDO BARRERA SANCHEZ de 85 años de edad y a los 9 niños, acción que los demás miembros de la comunidad impidieron que esto sucediera. Con estas actuaciones, se desconocen los acuerdos entre las comunidades del Curvaradó y del Jiguamiandó con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, para la restitución de la propiedad. Por lo anterior les solicitamos A FRANCISCO SANTOS la intervención inmediata sobre la Policía de Urabá, destitución o separación de su cargo al Coronel HERRERA quien ha obrado contra derecho, violando el debido proceso. Y la adopción de medidas inmediatas para la restitución de la propiedad y las garantías para la integridad física y personal de todos los miembros de la familia BARRERA MONCADA. A MARIO IGUARAN ARANA adoptar decisiones de fondo frente a la criminalidad paramilitar que opera en Caracoli y los beneficiarios del paramilitarismo que usufructuan bienes adquiridos ilegalmente, dentro del proceso 3856 que adelanta la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. A EDGARDO MAYA VILLAZON de intervenir de manera inmediata frente a los abusos de autoridad de Inspectores de Policía Municipales de Riosucio y Carmen del Darién, la Policía de Urabá, la Personera del Municipio de Riosucio. Esperamos actuacion y respuesta escrita de su parte en coherencia con los acuerdos ya hechos con los consejos comunitarios de las comunidades negras del Jiguamiando y del Curvarado NOMBRE O ORGANISMO