Tal y como se informó de manera previa, el viernes 25 de octubre la comunidad de Pitalito, en el Cesar, ha sido víctima de un nuevo atropello.  Cabe recordar que hace tres años fueron desplazados forzasamente de la misma tierra de donde hoy son expulsados sin ningún apego a la ley.

La irregular diligencia transcurrió así:

Aproximadamente hacia las 9:00 am, llegó a la comunidad un vehículo cuatro puertas  color verde olivo, el cual era conducido por el procurador provincial del Banco Magdalena, del mismo vehículo descendieron el Inspector de policía, el Personero municipal y el asesor jurídico del municipio de Chimichagua;  una funcionaria de Bienestar Familiar y el abogado de Juan Manuel Fernández.  Estas personas se hicieron presentes con el fin de realizar inspección ocular de acuerdo con resolución emitida por el acalde de Chimichagua.

La diligencia de Inspección Ocular no empezó hasta tanto no se hizo presente la policía departamental del Cesar y los miembros del Escuadrón Móvil Anti-disturbios - ESMAD, los cuales llegaron a la comunidad alrededor de las 9:30 de la mañana, momento en que proceden a rodear el asentamiento en el caso de la policía y en el caso del ESMAD se pararon frente a la cocina de la comunidad en unos ramales, comenzaron a tomar fotografías y a hacer grabaciones, se hablo con el mayor Diego Pinzón (Comandante encargado del ESMAD) quien manifestó que era su trabajo dejar constancia mediante registro de vídeo de la diligencia para la cual fueron requeridos, de otra parte también llegaron miembros de civil de la SIJIN a tomar fotografías de la comunidad Campesina de Pitalito y del abogado acompañante de la comunidad, una vez el letrado solicitó que se identificaran y dejaran de tomar fotografías y que dejaran de grabar, estos tomaron una actitud grosera hacia él, de todas maneras se insistió en que los miembros de la SIJIN no podía seguir actuando de esa forma y se les exigió que se identificaran pero nunca lo hicieron.  Actuación completamente ilegal e irregular.

También había una nutrida presencia del Ejército, todo con el fin de atemorizar a una comunidad digna que nunca ha dejado de luchar por lo que es suyo de pleno derecho.

La diligencia de Inspección Ocular empezó alrededor de las 9:20 de la mañana y termino con el respectivo fallo a las 2:50 de la tarde, durante el transcurso de la diligencia el Inspector de policía de Chimichagua se mostró parcializado, no dejo constancias de muchas solicitudes que hicieron los abogados y los miembros de la comunidad, se le requirió varias veces para que respetara el debido proceso y el derecho a la defensa pero en muchas ocasiones le quitó la palabra al abogado e hizo caso omiso de sus argumentos, se hicieron varias solicitudes pero ninguna de ellas fue objeto de pronunciamiento por parte de dicho funcionario, desde que llego a la comunidad ya venia decidido a desalojar a la comunidad, el proceso policivo que se adelantó fue una fachada para dar legalidad a las irregularidades que se cometieron, si bien la JUEZ PROMISCUA DE CHIMICHAGUA en sentencia del 30 de agosto de 2013, mediante la cual se declaro la nulidad de lo actuado del primer procedimiento que se adelantó por ser irregular y violatorio del debido proceso y en su parte resolutiva ordena avocar el conocimiento de la querella y adelantarla mediante el tramite dispuesto en el decreto 747 de 1992, el Inspector adelantó el tramite de la querella mediante dicho decreto, pero solo le dio aplicación a las normas que él consideró pertinentes y a favor de Juan Manuel Fernández, desconociendo por ejemplo, que en dicho decreto existe el recurso de reposición y apelación, la apelación la debe de resolver el gobernador, este derecho fue negado por dicho funcionario, hay muchas más irregularidades.

De otra parte manifestar que varios trabajadores de Juan Manuel Fernández estuvieron presentes en varios puntos del lugar donde la comunidad se encontraba, se pudo identificar a ROGELIO (Guajiro) que secuestró y torturó a la profesora ESTHER y otras dos personas de oriundas  que también ayudaron en el año 2010 a desplazar a la comunidad.

Al personero de Chimichagua y los comandantes de los operativos, se les pidió que intervinieran y suspendieran la orden de desalojo hasta tanto no hubiese un plan de contingencia frente a la reubicación de las familias, los comandantes del operativo manifestaron que no era su labor, que ellos solo cumplían ordenes, el personero informo que se ubico un albergue provisional, donde las familias se quedarían y tendrían alimentación y ayuda humanitaria.

Una vez el Inspector hizo entrega del inmueble al abogado de Juan Manuel, procedieron a retirarse del lugar en el vehículo que conducía el procurador provincial ya mencionado. La comunidad llego al supuesto albergue y la respuesta es que solo es por la noche del día 25 de octubre y que no tienen derecho a alimentación.

Para el día de hoy, 27 de octubre, los miembros de esta comunidad están hospedándose en el inmueble que para este fin facilitó un ciudadano de Curumaní que se solidarizó al ver la gran injusticia.

Solo resta informarle a toda la opinión pública que LA COMUNIDAD DE PITALITO SIGUE FIRME EN LA DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SU PROYECTO DE VIDA, NI LA VIOLENCIA NI LOS PROCEDIMIENTO ILEGALES LOGRARÁN QUITARLES SUS TIERRAS, LAS MISMAS QUE TARDE O TEMPRANO VOLVERÁN A LAS MANOS DE SUS VERDADEROS DUEÑOS.