“Ud ha dicho que es muy importante la agroindustrialización y se ha comprometido con ellos. Resalta el valor de la organización social y comunitaria, pero señor presidente, no hay agroindustrialización sin asociatividad y no hay asociatividad sin lideres sociales. Nos están matando señor presidente.
La arremetida que hemos venido recibiendo ha sido brutal.
Exigimos revisar la connivencia entre las estructuras de la fuerza pública y grupos como las disidencias que vienen reconstituyendo el proyecto paramilitar”.
Los crímenes en Arauca y en el país, no pueden seguir quedando en la impunidad.
El 14 de marzo en el "Encuentro Territorial Economías para la Vida", realizado en Arauquita, Sonia López, lideresa del movimiento social araucano, denunció una vez más ante su pueblo, ante la comunidad internacional y ante el presidente Gustavo Petro que grupos paramilitares, entre los que se destacan las llamadas disidencias de la FARC y las Autodefensas Gaitanistas, en complicidad con las Fuerzas militares colombianas en el territorio les estaban matando.
En efecto, desde 2022, la violencia paraestatal ha centrado su accionar criminal contra las personas que hacen parte de las juntas de acción comunal del Oriente colombiano, de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, de la Fundación de derechos humanos Joel Sierra, de las emisoras y proyectos comunitarios y culturales de la región y de la Guardia Interétnica Campesina y Popular. En total han sido asesinadas 9 personas que hacían parte del tejido asociativo que se conoce como Movimiento de Masas de Centro oriente. A esta terrorífica situación habría que agregar los asesinatos de los y las integrantes de las extintas FARC que firmaron el acuerdo de paz con el Estado colombiano.
Toda esta ola criminal ha estado precedida de una campaña de estigmatización contra el movimiento social regional orquestada por destacados integrantes de Partidos políticos como el Centro democrático y de medios de comunicación importantes como Caracol Radio que hacen parte del Grupo Prisa español. Recientemente cuando el movimiento social araucano presentó un pliego de peticiones ante el gobierno nacional, reclamando derechos en educación, salud, medio ambiente y una mejor utilización de los recursos financieros generados por la explotación minera de su territorio, las periodistas Laura Saavedra Martínez y Diana Giraldo de ese medio informativo realizaron crónicas periodísticas diciendo que esas organizaciones y sus propuestas estaban guiadas por el brazo político de la guerrilla del ELN, que hace presencia en la región.
Estas acusaciones tienen una gravedad extrema porque en las regiones en donde hace presencia la insurgencia que se opone al Estado colombiano, la población civil es víctima de toda suerte de violencia tanto de los grupos paramilitares como de los militares que en las regiones actúan conjuntamente. El destierro, las torturas, las afectaciones a los proyectos comunitarios y a las formas de vida de la población de estos lugares pareciera que están justificadas cuando se los acusa de ser base social de la guerrilla. Como sucede en el Cauca, en Nariño o en el Chocó, a las comunidades del Centro Oriente del país se les niegan los más elementales derechos, incluido el derecho a la vida y la indolencia del Estado y la impunidad son lugares comunes.
En los casos de Arauca y Casanare es especialmente significativo que los hechos cometidos por las disidencias de las FARC, como los atentados contra la casa de la Fundación Joel Sierra, la voladura del acueducto comunitario y los asesinatos se han “normalizado” y amplios sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional miran para otro lado cuando ellos se presentan. Especialmente doloroso para la región ha sido el reciente asesinato de Josué Castellanos, quien fuera líder social del proyecto comunitario de producción de plátano creado por el pueblo araucano como alternativa para evitar la implantación de la economía del narcotráfico en la región. Es importante resaltar que este hecho como el asesinato de la mayora Carmelina Yule en el Cauca o la guerra contra el pueblo Nasa en el Suroccidente o las comunidades negras o campesinas están siendo realizados por esas disidencias que han lanzado una campaña militar contra el tejido asociativo que en las regiones se oponen a la implantación de proyectos asociados al narcotráfico o a las practicas mineras que saquean sus territorios y que paradójicamente este grupo defiende.
Al presidente Gustavo Petro que aboga por hacer de Colombia una potencia mundial de vida y por la paz total le pedimos que como jefe del Estado responda con medidas concretas para desmontar el paramilitarismo y para proteger el tejido social y el liderazgo popular. En el caso concreto de las conocidas como disidencias de las FARC no podemos ser equidistantes, es necesario que tanto en Colombia como en el exterior seamos conscientes que este grupo realiza una compaña de exterminio contra las comunidades que se oponen a sus proyectos totalitarios de control de la sociedad.
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Internacional
REDHER