La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar – CISBCSC, denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, Organizaciones Sociales, Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, autoridades y entes de control, los siguientes hechos de violaciones a los derechos humanos contra la vida e integridad física.

HECHOS
1. El día 2 de julio de 2017, el señor FELIPE PEÑA VELASQUEZ, presidente de la junta de acción comunal – JAC del corregimiento de San Rafael y representante legal de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Rafael – ASOPASAR, fué amenazado e intimidado cuando departía con unos amigos en la cantina del señor Aníbal Pallares, ubicada en el corregimiento de San Rafael del municipio de Arenal sur del departamento de Bolívar, por una persona desconocida que portaba una pistola, quien le dijo: “que tenía orden para asesinarlo y que no lo hacía en ese momento porque él había averiguado, sabía que era una buena persona y que no tenía plata, pero que debería perderse de la región si no quería perder su vida”; el agresor le pidió no moverse mientras él tomaba su motocicleta y se alejaba rumbo a la cabecera municipal. Al parecer le venía haciendo seguimiento.
Anterior a esta situación, el señor Felipe, había recibido una llamada telefónica, exigiéndole como presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Rafael - ASOPASAR, una cuota y amenazándolo, que en caso de no entregar los recursos exigidos, tendría que irse de la región, de lo contrario se convertiría en objetivo militar de la organización.

2. Felipe Peña Velásquez, es hermano del líder social y defensor de derechos humanos, ROMULO PEÑA VELASQUEZ, comunicador popular de la emisora comunitaria la Negrita Stereo, vocero del Consejo Comunitario de comunidades Negras Resistencia Cimarrona Casimira Olave Arrincon Amelá, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar Centro y Sur del Cesar - CISBCSC y miembro del Congreso de los Pueblos- CDP, quien el día 9 de junio a eso de las 4:10 p.m, se desplazaba entre el corregimiento de San Rafael y la cabecera municipal de Arenal, en el tramo denominado la alcantarilla de la finca de Goya, cuando 4 miembros de la policía de la estación del municipio de Arenal, le pitaron y le ordenaron detener la motocicleta, lo requisaron y lo fotografiaron.

Según versiones de la comunidad, el mandatario local del municipio de Arenal ha ordenado a la fuerza pública realizar seguimiento a este líder y que además ha manifestado en reuniones que: “a éste lo tiene que ver”.

De igual forma, el mandatario ha visitado reiterativamente la Secretaria de Educación del Departamento de Bolívar, utilizando influencias para mal informar al docente, de tal manera que sea sacado de la región.

ROMULO PEÑA VELASQUEZ, además de ser líder social, defensor de derechos humanos, es docente de la Institución Educativa Ema Troncoso Rabelo del corregimiento de Buenavista y miembro del Sindicato de educadores; el nombramiento como profesor corresponde al estatuto docente 2277. Estos hechos han generado gran preocupación, teniendo en cuenta que la intensión es sacar al profesor a como dé lugar; y se suceden estos hechos de hostigamiento de la fuerza pública y amenazas a sus familiares como es el caso de FELIPE PEÑA VELASQUEZ.

3. El día 4 de julio del año en curso, en reunión en el Concejo del municipio de Gamarra – Cesar, reunidos líderes comunitarios con el Personero Municipal, se colocó en conocimiento de 2 personas que se identificaron como miembros de la SIJIN, estaban indagando de que líderes y procesos sociales hacen parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, esto es una muestra más de la estigmatización y la persecución al movimiento social.

4. El día 12 de junio un grupo de líderes y lideresas sociales nos presentamos ante la Fiscalía General de la Nación a ratificar que ser líder social no es un delito, que no estamos en contra que se nos investigue sino que se informe de los
procesos que se llevan en contra nuestra, el acuerdo es que a través de los abogados se informe de los requerimientos y esta es una muestra clara del incumplimiento del acuerdo con la Fiscalía, cuando envía personas a preguntar por los líderes de la CISBCSC en el municipio de Gamarra.

SOLICITAMOS

La solidaridad y el acompañamiento de los organismos y organizaciones defensores y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.