Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad del proceso de control social paramilitar ahora con el asesinato de JHON DOMICÓ,la amenaza de incursión a la Zona Humanitaria Esperanza, el bloqueo de bienes de supervivencia y el impedimento de acceso a medios de transporte público, la ampliación de la siembra ilegal de palma, de banano, de coca y el mantenimiento de la ganadería ilegal en predios de los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó.
“Por la Vida, por la Justicia, haznos instrumentos de paz, que donde haya mentira, sembremos verdad” Francisco de Asís
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad del proceso de control social paramilitar ahora con el asesinato de JHON DOMICÓ, la amenaza de incursión a la Zona Humanitaria Esperanza en Dios, el bloqueo de bienes de supervivencia y el impedimento de acceso a medios de transporte público, la ampliación de la siembra ilegal de palma, de banano, de coca y el mantenimiento de la ganadería ilegal en predios de los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó.
No dejan de ser sorprendentes las incoherencias e inconsistencias en la respuesta institucional para dar respuesta a los autos de la Corte Constitucional. El plan de protección que se dice existente, en lo concreto no indica una rectificación estructural de lo que es una política no reconocida, de omisión, de tolerancia, de complicidad con operaciones criminales de tipo paramilitar. No puede entenderse que a pesar de las permanentes denuncias sobre la ocupación ilegal de predios con promoción o apoyo de operaciones paramilitares y de sectores empresariales nada se haya hecho para evitar la continuidad de afecciones sobre los derechos a la propiedad, a la alimentación, a un ambiente sano de los afrodescendientes.
En medio de la inusitada presencia del poder ejecutivo en el orden civil para dar respuesta a las órdenes de la Corte Constitucional, los factores estructurales que despojaron violentamente a los afromestizos de la habitación tradicional se han mantenido y han desarrollado nuevas técnicas de control social y territorial. Estas técnicas nuevas, se suman a las de desprestigio y montajes judiciales, las represivas ilegales, los asesinatos y las desapariciones, los desplazamientos familiares, con mecanismos sutiles para definir el tipo de representación legal conforme a sus intereses, el tipo de uso de la propiedad y han estimulado mecanismos fraudulentos e ilegales para impedir una restitución en derecho, en conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los principios de enfrentamiento de la impunidad.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestras aseveraciones en esta Constancia Histórica.
* Miércoles 7 de septiembre hacia las 7:00 a.m., cuatro paramilitares, tres hombres y una mujer, vestidos de camuflado y con arma larga abordaron a habitantes del consejo comunitario de El Limón, en el punto conocido como Caño Clarito, en Jiguamiandó. Los armados les manifestaron que eran paramilitares y precisaron que, “somos Los Rastrojos, ustedes lo saben, somos muchos en este territorio”.
Como en el pasado aseguran que están para proteger el progreso de la región, para sacarlos de pobre, para enfrentar a la guerrilla y que la coca, la palma, el banano, la yuca y el ganado se expandan.
A eso de las 12:30 p.m. del mismo día, diez paramilitares de civil, algunos con prendas de camuflado y la mayoría de civil se movilizaron en cercanías de Caño Clarito.
Hacia la 1:00 p.m., el miembro del consejo comunitario menor de El Limón, NEIBLE BERTEL, en el punto conocido como Caño Clarito en Jiguamiandó fue abordado por un grupo de once paramilitares vestidos de civil y con arma larga, quienes les impidieron continuar sus trayectos.
El mando paramilitar de Los Rastrojos, conocido como “El Mono “, para demostrar el control que tienen sobre la población manifestó que tenían una fotografía de NEIBLE y de JOSÉ MIGUEL cuando estaba siendo atendido de picadura de culebra en el dispensario de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”. Segundos después, le autorizó seguir su camino.
* Sábado 10 de septiembre hacia la 1:15 p.m., seis soldados de la Brigada 17 cruzaron, sin la autorización de su propietario, por la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en la cuenca del Jiguamiandó, desacatando la exigencia de las comunidades. Después del ingreso, uno de los militares pidió prestada una embarcación tipo bote a lo que los miembros del consejo comunitario respondieron que ellos no podían transportar a ninguna persona armada. Los militares hacia la 1:20 se retiraron del lugar humanitario.
* Miércoles 14 de septiembre en Playa Roja, límites del territorio colectivo de Curbaradó, ARMANDO GÓMEZ GARZÓN, administrador al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, manifestó que a los integrantes del consejo comunitario de Caño Manso en Curbaradó , y que habitan en las Zonas Humanitarias ALFONSO SAYA, LEDYS TUIRÁN, JORGE MERCADO y SILVIO FALLARES , les iban a callar la boca, refiriéndose a sus asesinatos.
*Domingo 18 de septiembre en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó que los paramilitares prohibieron el ingreso de alimentos por encargo a los legítimos habitantes del territorio.
Los armados manifestaron que querían ver a todos los habitantes cruzar pagando su comida y llevándola.
Los paramilitares también ordenaron el cese de servicios de transporte público a la Zona Humanitaria de Caño Manso hace tres semanas, solamente hasta el pasado sábado 30 de septiembre, autorizaron que un transportista prestara sus servicios solamente los fines de semana.
* Domingo 25 de septiembre en horas de la mañana, un grupo de 40 efectivos de la brigada 17 cruzaron sin autorización por los predios de la Zona de Biodiversidad “El Alto de Barrosa” de AMÉRICO DENIS BLANDÓN, integrante del consejo comunitario de Jiguamiandó. Los soldados saquearon de la casa del afrodescendiente utensilios de servicio doméstico.
*Domingo 25 de septiembre entre las 10:00 a.m.y las 4:00 p.m. 70 personas, entre ellos integrantes de los consejos comunitarios menores de Camelias, Caño Manso y Andalucía del territorio colectivo de Curvaradó, acompañados por la Defensoría del Pueblo, acompañantes nacionales e internacional verificaron la continuidad de la ocupación de mala fe en la Zona de biodiversidad “Isaac Tuberquia”, y los predios de los integrantes del consejo comunitario de las familia MARTÍNEZ y GUZMAN.
Desde el supuesto desalojo hace cerca de tres meses se han instalado 60 casas provisionales en que habitan los invasores, se han destruido 150 hectáreas de Zona de Reserva ambiental de especies forestales como caracolí, cedro, choiva, cativo y de especies de animales silvestres como venados, pisingos, pavones, hicoteas, babillas, tigrillos, zainos.
Aproximadamente 80 hectáreas se encuentran sembradas de maíz y 55 hectáreas en plátano que han contado con la asesoría técnica de la empresa Banacol.
En diciembre pasado con el apoyo de paramilitares y empresarios campesinos sin tierra fueron llevados a predios colectivos, que no les pertenecen, con la pretensión de obstaculizar la entrega de la propiedad usurpada a las comunidades negras de Curbaradó. A pesar de una decisión a favor de las comunidades negra para el desalojo de los ocupantes de mala fe en enero de este año, esta ha continuado.
* Martes 27 de septiembre hacia las 2:00 a.m. un paramilitar que se encontraba embriagado manifestó a habitantes de Bella Flor Remacho, integrantes del consejo comunitario de esa comunidad ubicada en Jiguamiandó, que uno de ellos llamado como “Valemía” estaba haciendo un trabajo de ubicación de personas de la Zona Humanitaria para que fueran asesinados, en la jornada de limpieza de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza”. Entre las personas por asesinar se encuentran RICHARD GUARAHONA y su esposa MANUELITA.
Horas antes “Valemia” sostuvo a pobladores de la región que informara a los promotores de salud, que pronto tendrían trabajo.
* Lunes 26 de septiembre hacia las 2:00 p.m arribaron a la Zona Humanitaria de Camelias JORGE LOAIZA, quien se presentó como Fiscal de la Dirección de Derechos Humanos e ISAÍAS RODRÍGUEZ, quien también fue comisionista de tierras y trabajador del ocupante de mala fe, ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro”.
En el lugar abordaron a la integrante del consejo comunitario de Camelias, MATILDE ÁLVAREZ, para tomar declaración sobre la desaparición de su esposo JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y sus dos hijos VARTICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y EDINSON MANUEL ÁLVAREZ en hechos ocurrido en 1997.
La señora MATILDE manifestó al fiscal que antes de dar la declaración y firmarla, consultaría con sus peticionarios de la Comisión de Justicia y Paz. JORGE LOAIZA manifestó que había tenido muchos problemas con es organización y “he tenido muchos problemas con esa gente y que no debí haber venido a perder mi tiempo”.
*Sábado 1 de octubre integrantes de los consejos comunitarios de Jiguamiandó que pasaban por el sitio conocido como Boca del Indio en dirección al casco urbano de Carmen del Darién fueron abordados en un retén paramilitar.
Los paramilitares vestidos de camuflado con armas, luego de identificarse, les interrogaron sobre el lugar de su habitación, el motivo de su movilidad. Los paramilitares anunciaron que iban a incursionar a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó.
*Domingo 2 de octubre en cercanías del caserío El Limón, territorio colectivo de Vigía de Curbaradó, en límites entre Curbaradó y Jiguamiandó, afrodescendentes de los consejos comunitarios observaron la presencia de por lo menos 150 paramilitares, con armas largas y cortas.
A pocos metros se encuentran algunos de los laboratorios para el procesamiento de cocaína. De acuerdo con testigos allí se encuentra otros laboratorios más, y más de 30 hectáreas sembradas en coca desde abril pasado con la incursión paramilitar y el ingreso de más de 6 bultos de semilla de coca que pasaron por los retenes militares de la brigada 17.
De acuerdo con testigos desde mediados de septiembre los paramilitares han modificado el ingreso de insumos para el procesamiento de cocaína ingresando y sacando la cocaína en horas de la madrugada, en medio de la presencia militar o policial, pero evitando ser visto s por integrantes de los consejos comunitarios.
Según fuentes oficiales, a través de verificación aérea de la policía se detectaron 74 hectáreas con siembras de coca, distribuidas en lotes de 6 hectáreas. Se conoce igualmente que la decisión es realizar fumigación aérea, decisión que no es conocida por los integrantes de los consejos comunitarios y que desconoce que estas siembras para uso ilegal, se desarrollan sin el consentimiento de los afrodescendientes y son parte de la estrategia de control paramilitar.
* Domingo 2 de octubre, alrededor de las 9:00 a.m. a 200 metros del poblado de Bijao en Jiguamiandó, dos afrocolombianos observaron un grupo de 20 personas foráneas, algunas de ellas con camisetas verde oliva, que usan los militares.
* Lunes 3 de octubre, en horas de la mañana, miembros del consejo menor de Camelias, constataron que el total de los cultivos de banano sembrados por la familia TUBERQUIA en la Zona de Biodiversidad “Isaías Tuberquia” fueron destruidos por los ocupantes de mala fe que se instalaron allí desde diciembre pasado.
* Martes 4 de octubre en horas de la mañana integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó constataron que en predios de Cetino, Curvaradó, se constató la existencia de una nueva plantación de palma aceitera en predios que no pertenecen al empresario de Uniban, gerente regional de Urabá, JESÚS CORREA PÉREZ.
Lo que eran viveros, hace unos meses, hoy son un cultivo permanente de aproximadamente 100 hectáreas de palma aceitera. Cerca de la mitad tiene plantas de aproximadamente un año y la otra mitad plantas de cuatro meses.
*Miércoles 5 de octubre a las 10:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá recibió el rumor que ayer, JHON JAIRO DOMICÓ, indígena Embera, fue presumiblemente asesinado por paramilitares en área del consejo comunitario de Apartadocito, territorio colectivo de Curbaradó.
El día de ayer un habitante de la región informó a la familia de JHON, que este había sido asesinado por los paramilitares en Los Pisingos, donde trabajaba como jornalero en plantaciones extensivas de yuca.
A las 11:30 a.m. llegaron 30 indígenas, acompañados de integrantes de la iglesia católica en búsqueda de los restos de JHON, sin lograr encontrarlos.
Horas antes infructuosamente se acercaron pobladores que informaron del asesinato, los que se encuentran con fundado temor
El indígena de 23 años forma parte del Resguardo indígena de Jaikerazabi.
De acuerdo con información de su familia JHON laboraba como jornalero en la conocida finca Los Pisingos. De acuerdo con las fuentes, esta ha sido ocupada de mala fe, luego del despojo violento de paramilitares a comienzos del 2000.
En esta propiedad se sostiene que habitan reconocidos paramilitares, entre ellos, uno llamado “Suescún”.
Al parecer JHON fue asesinado a menos de 10 minutos de la Zona Humanitaria “Argenito Díaz” del consejo comunitario de Llano Rico, en donde existe presencia permanente de la brigada 17.
Nuestra Censura Ética ante el asesinato de JHON DOMICÖ el que hubiera podido ser evitado con una restitución en conformidad con el derecho a las y los habitantes de Curbaradó y Jiguamiandó, es decir, que asegure las condiciones y garantías previas a los factores armados y empresariales que incidieron y se beneficiaron del despojo.
Nuestra Censura Ética ante las amenazas de incursión paramilitar a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó, la que podría ser evitada, si desde abril pasado el Estado colombiano hubiera adoptado cuantas medidas fueran necesarias para enfrentar la nueva fase del paramilitarismo a través de los denominados “Rastrojos”.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de respuestas eficaces que desestructuren la fase del proyecto parainstitucional de control militar, social, económico, político, cultural en Curbaradó y Jiguamiandó.
La significativa presencia armada de estructuras paramilitares en Jiguamiandó y Curbaradó; el avance en el control productivo de la siembra de coca, la protección a propuestas de empresarios foráneos de banano, ganadería extensiva, palma, algunos de ellos beneficiarios de las operaciones paramilitares de 1996 y de 2000; el control social con ofrecimiento a jóvenes para su vinculación a las estructuras armadas, el ofrecimiento de pagos a personas por servicios; el control sobre el ingreso de alimentos y movilidad a los integrantes de los consejos comunitarios que se encuentran en los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó, todo esto en medio de controles militares y policiales, debería suscitar algo más que medidas puntuales de respuesta.
Nuestra Censura Ética ante los nobles propósitos de búsqueda de equidad bajo la llamada “prosperidad democrática” que no logran enfrentar la metástasis de las operaciones y de las lógicas de actuación paramilitar, que para nadie es un secreto en el bajo Atrato, continúan desarrollándose y consolidándose gracias a la omisión, a la comisión por omisión, a la tolerancia, a la connivencia con estructuras institucionales bajo el pretexto de la persecución a la guerrilla de las FARC y asegurar el “progreso” los agronegocios de coca, de palma, de banano, de ganadería extensiva y de minería.
Nuestra Censura Ética ante la decisión de enfrentar la extensiva siembra de coca con fumigaciones desconociendo la responsabilidad estatal en su siembra, el hecho que en esta no hay participación de las comunidades y corresponden al desarrollo de la estrategia de control social, económico territorial paramilitar. Operaciones de aspersión generaran un mayor nivel de crisis a las comunidades negras que habitan en Curbaradó y Jiguamiandó porque se verán afectadas sus siembras de pan coger, sus iniciativas de protección ambiental. La aspersión aérea, sin que quisiera ser su pretensión, se convertirá en un mecanismo más hacia el ahogamiento en que se pretende dejar a las comunidades con el bloqueo paramilitar que está impidiendo el acceso a bienes de supervivencia.
Ante la fundamentación fáctica en la Constancia Histórica y en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos se nos informe en conformidad con las responsabilidades de su misión y de su mandato constitucional:
1. Cuántos hombres de la brigada 17 y en qué lugares dentro del territorio de Curbaradó cuando se presume fue asesinado JHON DOMICÓ? Qué medidas se van a adoptar de carácter expedito a fin de encontrar a JHON con vida o sus restos sobre la base de la información que fue asesinado y que no se han encontrado sus restos?
2. En qué lugares y cuántos efectivos regulares de la brigada 17 en desarrollo de las operaciones de control en Curbaradó y Jiguamiandó entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre?
3. Ante la amenaza de incursión paramilitar a la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamiandó que medidas específicas se van a adoptar?
4. Ante la evidente presencia paramilitar en Belén de Bajirá, Brisas de Curbaradó que control y restringen el ingreso de alimentos y de acceso a transporte público a los habitantes de los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó, qué medidas concretas se van a adoptar?
5. Ante la evidencia de las siembras de coca dentro de territorios colectivos por paramilitares y ocupantes de mala fe, qué medidas estructurales se van a tomar, en qué plazo y con qué resultados estratégicos?
6. En razón de la continuidad de ocupantes de mala fe en Curbaradó, algunos de los cuales, debieron haber sido desalojados como son los que se encuentran en predios colectivos de Camelia en Curbaradó, qué medidas se van a adoptar?
7. En razón de la continuidad de operaciones ilegales empresariales con nuevas siembra de palma, de banano y plátano y la continuidad de la ganadería extensiva, que medidas administrativas, penales, disciplinarias se van a adoptar?
Con profunda preocupación
Ante todos estos repudiables hechos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C. octubre 5 de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Bogotá, D.C. octubre 5 de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo