El sindicalismo en Colombia es algo que puede salir muy caro a los que se atreven a ejercerlo. Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas son el escenario cotidiano de los dirigentes sindicales en el país, con unas prácticas que se prolongan ya durante décadas.
Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, en 2010, el año con menos casos de muertes de sindicalistas, han sido treinta los asesinatos.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, constata, que las restituciones emprendidas por el actual gobierno, en el marco de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no son tal y se fundamentan más en una formalización de tierras que en una auténtica entrega de éstas a quienes fueron despojados por el conflicto político, social y armado del país.
Varios trabajadores al servicio de la multinacional Coca Cola, Saceites y otras empresas, afiliados a Sinaltrainal, provenientes de varias regiones de Colombia, nos declaramos en huelga de hambre en la plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, para denunciar que somos víctimas de amenazas de muerte, atentados, 24 asesinatos, desplazamiento, exilio, quema de sede sindical y judicializaciones basadas en sucios montajes, entre otros.
El pasado viernes 24 de febrero cerca de 500 manifestantes se tomaron la Carrera Séptima en el centro de Bogotá para recordar a las personas que han sido asesinadas por la Policía Nacional. Jóvenes, organizaciones sociales, padres y madres de familia acudieron a la convocatoria.
Lo vivido en la cárcel de Comayagua —a 90 kilómetros del norte de Tegucigalpa—, el infierno que dejó un saldo de 358 muertos, algunos identificados apenas con muestras de ADN ya que sus cuerpos se encontraban calcinados por el producto de las incesantes llamas, es un reflejo de la realidad carcelaria de Latinoamérica. De la incompetencia de los gobiernos al no poder superar un drama humano adentro de esos muros.
De acuerdo con la Comisión Ética Internacional de la Verdad de los Crímenes de Estado en Colombia, el balance de la situación de los derechos humanos en el año transcurrido continúa siendo muy negativo.
La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar.
1. Introducción a una realidad invisibilizada
Reiteró el Presidente Juan Manuel Santos que uno de los objetivos del Gobierno Nacional es enfrentar la minería ilegal, luego de la reunión que sostuvo con las autoridades del municipio de Norosí, Bolívar, región afectada por esa actividad ilícita.
“Uno de nuestro objetivos de alto valor militar y policial es la gran minería ilegal y esa la vamos a combatir con todo lo que está a nuestro alcance. Ya en algunas zonas del país se están haciendo acciones; aquí también vamos a hacer las acciones pertinentes”, dijo el Jefe de Estado el 4 de enero.
Aunque avanza el despojo de las comunidades campesinas y mineras de Ituango (Antioquia), también avanza la resistencia y organización de éstas.
Resistiendo al Despojo por CineMa68
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca como espacio de encuentro, reflexión y acción colectiva de organizaciones sociales de base campesina, indígena, urbana y de mujeres, tal como lo hace desde hace 10 años, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, presenta el documento “INFORME SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA AÑO 2.011”, el cual da cuenta de reflexiones y análisis colectivos acerca del contexto que se vive en la regi