Integrantes de consejos comunitarios de Jiguamiandó han sido objeto de intimidaciones y amenazas paramilitares.
Afrocolombianos que se trasladaban por caminos de servidumbre fueron abordados por grupos de 10 pesronas con armas largas, entre ellas, una mujer, al mando del llamado "El Mono".
Cerca de 10 hectáreas con hoja de coca han sido sembradas en desarrollo de las operaciones paramilitares sobre los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó en las últimas 5 semanas.
A pesar de las denuncias de integrantes de los consejos menores, las operaciones ilegales continúan sin ningún tipo de reacción de la brigad
a 17 y la policía de Urabá. Las autoridades manifiestan que no pueden hacer nada pues no es su responsabilidad.
Mas de 4 mil personas fueron desplazadas y se dieron diversas violaciones a los DDHH. Según la Corte interamericana el estado colombiano no ha investigado diligentemente para esclarecer estos hechos y reparar a las víctimas.
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La Corte Constitucional, otorga protección al derecho a la Consulta Previa con miras a la consecución del Consentimiento, Libre, Previo e Informado a las comunidades indígenas de Colombia, extensible a las demás minorías étnicas.
No cesan los reportes de casos de violaciones de derechos fundamentales vinculadas a proyectos mineros. Una realidad cada vez más visible, a la que no podemos dar la espalda. Campesinos, indígenas y población afrodescendiente son asesinados, amenazados, torturados, intimidados o desplazados al defender su existencia y su territorios frente al saqueo de los recursos naturales.