Un grupo de 20 hombres armados y uniformados que se identificó como las Águilas Negras retuvo a la comunidad de Casa Zinc (Sur de Bolívar). Mientras bebían licor obligaron a los vecinos a presenciar como torturaban, mutilaban y asesinaban a Iván Serrano, Luis Albeiro Ropero y Pedro Sierra. Esto fue una semana después de que la II Caravana Internacional por la vida en el Sur de Bolívar y contra el despojo estuviera en las proximidades del pueblo. Un grupo de activistas de derechos humanos nos desplazamos junto a líderes vecinales y sindicales de la zona para conocer la situación después de 10 años.

La Caravana fue impulsada por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, que llevan años denunciando la política de desplazamiento, despojo y exterminio que sufren los pobladores. Unas prácticas de las que transnacionales, paramilitarismo y Estado son responsables.

Este mes de agosto cumplía un año en el cargo el presidente Santos, mandatario decidido a convertir la minería en una de las locomotoras del crecimiento. Los datos hablan de un crecimiento del 7% anual de la economía del país pero se hace a costa del despojo de los habitantes. El 40% del territorio está siendo objeto de concesión a las transnacionales de la minería. Un territorio que también es codiciado para el monocultivo de palma aceitera destinada a agrocombustible o derechos de emisiones de CO2. Sin embargo, el 96% de la riqueza de la minería sale del país y solo el 4% es sometido a gravamen, prácticamente nada retorna a la colectividad.

El drama y la desigualdad continúan. La riqueza del país no llega a la población, de los 42 millones habitantes 17 millones están en la pobreza y 6 en la indigencia. La mitad de la tierra pertenece al 0,3 % de la población. El medio ambiente y las comunidades indígenas, afrodescendientes y agromineras son las víctimas. Cabe recordar las palabras de la alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU en 2009: «El despojo de tierras por los actores armados ilegales es un factor determinante de muchos desplazamientos», situando a Colombia como el país del mundo con mas número de desplazados internos. El despojo tiene tres protagonistas y sigue dos patrones que se coordinan. Por un lado, grupos armados como los paramilitares que usando la violencia aterrorizan a los pobladores para que huyan. Grupos con conexiones con el ejército, el narcotráfico y las transnacionales encargados de hacer el trabajo sucio de unos planes económicos para la zona basados en una minería a cielo abierto que destruye la capa vegetal y contamina las aguas. Por otro el Estado impulsa una serie de medidas legales contra las comunidades mineras que equiparando a los pequeños mineros con las multinacionales o declarando las zonas en las que trabajan como espacios protegidos pretenden desterrarles del territorio.

Aunque el presidente Santos se presente como una renovación frente al anterior mandatario Uribe, no hay que olvidar que Santos era Ministro de Defensa durante el escándalo de los falsos positivos (asesinato de civiles inocentes por parte del ejército para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate).

En el conflicto armado de Colombia la principal víctima es la sociedad civil sometida a una dura represión, 7.500 presos políticos lo atestiguan, los disidentes son duramente castigados, el 60% de los sindicalistas muertos en el mundo son colombianos (en 2011 ya van más de 20).

Los pobladores del sur de Bolívar denuncian el abandono institucional. El día antes de la última masacre el Batallón de Infantería Mecanizado Nariño se situó a una distancia de solo 20 minutos del sitio donde ocurrió la masacre, los asaltantes abandonaron la zona impunemente ante la inacción de las autoridades.

 

Conflicto armado en Colombia, La Tribuna, Heraldo de Aragon (España), 29 de septiembre 2011.

Por Luis Mangrané Cuevas, Alvaro Sanz Remón, Pablo Muñoz San Pio, miembros del comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza