El 25 de Enero 2016, lxs habitantes de la provincia de Sugamuxi, situado en el departamento de Boyacá, se movilizaron para protestar contra las multinacionales y la explotación mineral del su territorio. Militantes han blocado calles en varios sectores estratégicos de la región, en particular delante de las factorías de las multinacionales suizas Argos y Holcim, durante tres días. La problemática de la explotación del territorio de Boyacá y la movilización social relacionada con ella no son nuevas y hacen parte de una lucha nacional para la protección del medio ambiente, para el derecho a une vida digna y para la soberanía alimentaria.
En efecto, el departamento de Boyacá es una región estratégica para la soberanía alimentaria de Colombia. Tradicionalmente compuesta principalmente de campesinxs, la región está en una reestructuración económica orquestada por el gobierno nacional, reestructuración que suscita preocupaciones. Con una mentalidad de economía de mercado, el Estado colombiano está promocionando la explotación de los recursos no renovables del territorio, especialmente el carbón y el petróleo, y la producción de cemento.
Los cambios climáticos et sus consecuencias, como el fenómeno El Niño, han cambiado las temperaturas de la región. Por el día, lxs campesinxs de la región deben enfrentan temperaturas muy altas, y por la noche, muy bajas. Esta diferencia de temperatura hace que la producción agrícola se llega más difícil y como consecuencia, los campos son abandonados por la gente buscando mejores ingresos en el sector mineral. A esta situación climática, se suman las políticas de importación del gobierno colombiano que autorizan productos extranjeros en el mercado a un precio tan bajo que lxs campesinxs no pueden competirlo. El abandono del campo, además de poner a riesgo la soberanía alimentaria del país, resulta en una urbanización precaria y en problemáticas que van juntos con un aumento de la pobreza.
La población que se volvió hacia la producción mineral se ha convertido en una atractiva fuente de ingresos para las multinacionales. Estas prefieren subcontratar pequinxs productores minerales y comprar sus producciones para exportarla a los mercados internacionales a alto precio. Así, ellas evitan las exigencias y reivindicaciones de la populación local, y se aseguran el máximo beneficio, benefician del falta de herramientas y conocimientos de lxs pequinxs productores minerales para el transporte de sus mercancías y su venta en el extranjero. Esta proliferación de pequinxs productores minerales promueve la informalización de la explotación mineral. Algunos de ellxs no tienen ninguna licencia ambiental ni existencia legal, y así no se deben respectar un estándar ambiental.
Además de esta transformación sociodemográfica, la explotación mineral y petrolera del territorio causa consecuencias ambientales desastrosas por la región. Lxs habitantes de la región son los primeros que sufren de la polución del agua o del aire. Por ejemplo, problemas de respiración son la causa principal de mortalidad en esta región. El uso de métodos sísmicos para la exploración petrolea debilitan las casas que tienen importantes grietas como repercusiones. Lxs productores de carbón se apropian el sótano y hacen más vulnerable las casas que se encuentran arriba de los socavones. Los acueductos son también afectados por la explotación del territorio y se encuentran o secos o contaminados.
Esas son las razones que han motivado la populación a movilizarse y a exigir rendición de cuentas de parte de las empresas por sus impactos ambientales y sus políticas de empleabilidad, especialmente sobre una responsabilidad de contratar obrerxs de la región. La situación se tornó problemática hasta el punto que se contempla la posibilidad de alegar ante de la Comisión Interamericana de la Organización de los Estados Americanos si ninguna acción se toma por las autoridades locales para obligar una rendición de cuentas corporativa.
Si las acciones y la falta de responsabilidad de la parte de lxs productores minerales y petróleos son la causa directa de los problemas sociales y ambientales de la región, es un sistema legal y estructural que permite esta situación. Ni las autoridades locales, ni las autoridades nacionales toman acciones para limitar la polución causado por la explotación a pesar de las reiteradas protestas de la populación local. Además, ellas estimulan esta explotación emitiendo licencias ambientales sin hacer investigaciones a fondo de los impactos de este tipo de explotación. Ricardo López Dulcey, el director de Corpoboyacá – el organismo que da a lxs pequenxs productores minerales de la región las licencias ambientales – reconocía que no se tiene toda la información necesaria para evaluar los impactos de tales prácticas. Desafortunadamente, una vez emitidas, las licencias son difíciles de suspender. A esto se suma la categorización de las actividades minerales por el gobierno colombiano de actividades de interés nacional y de '' locomotora '' por el desarrollo del país. En esta lógica, el Estado cree políticas que se centradas en los impactos a corto plazo de dicha industria y rechaza de diversificar la economía de la región.
Boyacá está ahora compuesto de campesinxs y de productores minerales que forman una comunidad con intereses divergentes pero que también sufren las mismas consecuencias de la explotación du su territorio certificado por un gobierno al servicio de las multinacionales y de la economía de mercado. Esta situación empuje social organizaciones, como ASONALCA (Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro), a proponer une nueva ley minera-enérgica para promover una nueva organización económica y social donde el sector de la minería podría coexistir con la agricultura, no sólo en la región sino también a nivel nacional.
Pero la lucha no será fácil por lxs habitantes de Boyacá que deben afrontar proyectos de '' desarrollos '' importantes en el territorio. Por un lado, el cemento Argos ha invertido 450 millones de dólares estadounidenses en su planta de Sogamoso, con el objetivo de mejorar su capacidad productiva de 2,3 millones de toneladas de cemento al año. Esta inversión privada por la empresa está estrechamente vinculada con las políticas de desarrollo del gobierno Santos, incluyendo el proyecto 4G que planifica la construcción de autopistas en todo el país para facilitar el transporte de mercancías. Del otro lado, una proposición de construcción de un ferrocarril que transportaría 8 millones de toneladas anuales de carbón desde Boyacá hasta el río Carare con el fin de llegar a la costa atlántica más rápidamente está delante de la Agencia Nacional de Infraestructura. Una vez más este proyecto es parte de un deseo de aumentar la producción de carbón y facilitar su exportación sin ningún tipo de preocupaciones por las consecuencias ambientales y sociales de este tipo de proyectos.
Las protestas de enero hacen parte de la lucha contra estos proyectos, pero también hacen parte de un contexto más largo que debería encontrar su punto culminante en un paro nacional de todos los sectores sociales colombianos previsto para el verano de 2016.