Projet Accompagnement Solidarité Colombie

MENTIR, MENTIR Y MENTIR Es trabajar, trabajar y trabajar

25 Julio 2007

DeVer 380

El Ministro Andrés Felipe Arias en el debate de la Revista Semana ante el
público afirmó, el pasado miércoles, que en el Curvaradó se ha ido
restituyendo la tierra colectiva a sus legítimos dueños. Y dos días después,
su presidente, Álvaro Uribe, en la instalación del período de sesiones del
Congreso expresó que ya no existía el paramilitarismo.

Tal vez ni siquiera los más fanáticos, los más fervientes seguidores del
pensamiento uribista pueden creer ni sostener lo que a diario en público se
dice. La práctica circense de malabarista es parte de la intrepidez
institucional que considera tontos a la mayoría. La estrategia discursiva y
propagandística del “trabajar, trabajar y trabajar” debería traducirse en el
infinitivo “mentir, mentir, mentir”. Por eso, mentir es la verdad. Como lo
hacen los mandos paramilitares en el show de las versiones libres. Así es
como subsiste las formas de ejercicio del poder autoritario, llamado
democrático, versiones para hacer creer a los crédulos o los de la fe ciega,
hay que creer porque es necesario creer y hacer creer a los incautos.

En su discurso al Congreso de la República, el pasado 20 de julio, Uribe
insistió en que ha combatido con fuerza el paramilitarismo, 30 mil
desmovilizados, 14 mil capturados. Con cara ganó yo, con sello pierde usted.
El descubrimiento de los “nexos” de paras con políticos es gracias a la
política de seguridad, que brinda garantías para los denunciantes. Las 13
capturas de los congresistas de su bancada son una muestra. Insistió e
insistió en afirmar ante los congresistas: “el paramilitarismo ya se acabó
en el país (…) “no existe ni como grupo para combatir a la guerrilla, ni
como mezcla ilegal con la Fuerza Pública”

Y en relación con los más de 3.000 desmovilizados que reincidieron, según el
Noveno informe de la MAPP OEA, expresó que estos están aliados con los
narcos o la guerrilla y que serán perseguidos por la justicia. Aunque la
cifra es poco representativa del fenómeno, pues según un reciente informe de
Indepaz se trata de 9000 combatientes, en 70 grupos. Las aproximaciones
cuantitativas pueden ser mayores, si se tiene en cuenta los mismos aspectos
que plantea el Informe de la MAPP OEA, en el sentido de que las estructuras
paramilitares mantienen su poder económico, lo cual significa sostener una
red amplia de combatientes, auxiliares, auspiciadores y de complacencia
institucional. A la OEA “le preocupa la información relacionada con una
presunta intención por parte de algunos ex comandantes, de seguir
manteniendo el control sobre las economías ilícitas en las zonas donde
operaban. Esta presunción surge de un importante número de entrevistas y
testimonios proporcionados por ex integrantes de las AUC, incluyendo desde
miembros que desempeñaban la función de patrulleros hasta comandantes de
bloques. No obstante, lo encontrado en las regiones por la MAPP/OEA, hasta
el momento, no corresponde a la perspectiva de una única estructura”
. No se
trata por supuesto de intenciones ni de simple presunciones y no se trata de
solamente economía ilícitas ligadas al tráfico de drogas.

“9. Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y
desmovilización, la MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del
desmantelamiento de la estructura militar de las AUC y el seguimiento del
orden público, identifica un complejo escenario en algunas regiones de
Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo, entre otras). En estos territorios, la
población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de
seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas
ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación
y control”
.

Contra toda realidad y evidencia, que no provienen de las víctimas ni de las
organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, excluidas de la
interlocución de la misma MAPP OEA, se pretende ocultar que las “bandas
emergentes”, como el gobierno nombra a las “Aguilas Negras” y las
estructuras de tipo paramilitar que surgen con nuevas denominaciones, son
las mismas viejas con nuevos rostros y nuevas denominaciones, acompasadas
con la reingeniería militar de la seguridad, llamada, falsamente
democrática.

17. En la dinámica actual se observa una participación activa de algunos
mandos medios de las desmovilizadas autodefensas, quienes en ciertas zonas
continúan dirigiendo las estructuras ilegales. Hasta ahora su identificación
ha sido difícil ya que algunos de ellos no figuraron en las
desmovilizaciones, o si lo hicieron, aparecieron con otros rangos.

Uribe pretende negar que en muchas regiones del país como en el Chocó, la
Brigada 15 se presenta en ocasiones como “Aguilas Negras” o que en ella se
encuentran vinculados, no mandos medios si no de primer plano de la antiguas
estructuras paramilitares, como “MARIO” pertenecientes a las nombradas antes
como bloques. De modo similar ocurre entre las Brigadas y la Policía en
Puerto Asís, Buenaventura, el Bajo Naya, Chigorodó, Villavicencio, el
Ariari, Tumaco, Ocaña, Bucaramanga con las estructuras supuestamente
desmovilizadas.

Uribe olvida de la interceptación de comunicaciones en que se escucha a
algunos de los mandos desmovilizados, ordenando la planificación de
actividades delictivas desde la cárcel de Itagui, entre ellas las del
control político. Esta reingeniería paramilitar y la persistencia del
conflicto armado, que todos sabemos, Uribe se niega en aceptar es la
verdad. Sus frases mediáticas ocultan y hacen creer que la mentira es la
verdad.

Si bien se han desmovilizado 30 mil paramilitares, en las cuentas oficiales,
esto no ha significado el desmonte de la estructura paramilitar, de sus
lógicas de operación criminal ni el enquistamiento en las lógicas y la
política de operación militar institucional. El tímido informe de la MAPP
OEA indica en su punto 43.” ha manifestado, ante las más altas autoridades
del Estado, su preocupación por la inclusión de desmovilizados de las AUC en
la red de cooperantes. La participación de ex combatientes en este mecanismo
ha generado ciertas confusiones y creado una imagen, en algunas comunidades,
de una posible connivencia con la Fuerza Pública. Especialmente en los casos
en que la población es capaz de identificar antiguos paramilitares y
actuales grupos rearmados, se ha manifestado inquietud frente al proceso de
desmovilización y desarme”
.

Según, la MAPP/OEA la etapa post desmovilización está en un momento crucial.
“La dinámica actual puede desencadenar un proceso de verdad y justicia que
se dirija a terminar con el paramilitarismo en las regiones, permitiendo la
reconstrucción del Estado. O, por el contrario, puede conducir a una
profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al
narcotráfico. Para evitar esto último es vital el fortalecimiento de la
institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una
decisiva respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las
estructuras armadas ilegales”
. Cinco años de política institucional muestran
que está no se han transformado, las lógicas paramilitares continúan
arraigadas en el pensamiento y la práctica militar, política, social,
judicial de amplios sectores del Estado.

De ahí, que la ausencia de garantías no solamente sea para participar en la
ley 975, sino en las elecciones. Recientemente la Misión de Observación
Electoral, MOE, iniciativa de la sociedad civil de transparencia del actual
proceso electoral muestra en un primer mapa de riesgo que 328 de los 1.098
municipios del país pueden sufrir fraude en las próximas elecciones, como
ocurrió en las que Uribe y varios congresistas fueron elegidos en el 2002.

El paramilitarismo no es solo una estrategia militar, como lo definieron
desde el 2000 con las pretensiones de “refundación de la patria” en el
Acuerdo Político de Santafé de Ralito, entre los mandos de la estrategia
paramilitar y partidos políticos en la costa Norte. No es la estrategia
criminal de las Fuerzas Militares, es más que eso. No se trata solamente de
“civiles armados” que apoyan o realizan acciones de guerra sucia que el
ejército no debería realizar, pero que realiza bajo estrategias
paramilitares o por tácticas bajo sus efectivos regulares, como han sido las
ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de la asunción en el poder estatal y en la configuración de un
modelo de sociedad viviendo en Estado de excepción o de legalización de la
fuerza y de las acciones de Hecho. En realidad, por eso, muy a pesar de la
MAPP OEA no se trata de un posdesmovilización. Se trata es una transacción
de poder o lo que algunos llaman “transición sin transición”. Es la
culminación con honores de un accionar militar nacido de la
institucionalidad clandestina, que se ha nutrido del tráfico de drogas y que
hoy saltan al escenario económico, político y de control territorial –
social-. Es un proceso de transacción de poderes de los sectores hegemónicos
tradicionales con nuevos actores que quieren compartir la hegemonía. Y eso,
hoy es solo posible, con el mantenimiento de estructuras armadas, y la
concesión institucional con disposiciones legales laxas. Una de ellas,
simuladas como de verdad y de justicia, como la ley 975 para lograr el
beneficio de lo público y el Estatuto de Desarrollo Rural para la
legalización de sus bienes inmuebles.

Que Uribe pretenda seguir sorprendiendo a los colombianos, gracias a los
áulicos que lo rodean no es extraño; que pretenda imponer bajo los mismos
clichés o bajo las mismas formulas del juego del lenguaje mediático a
muchos otros colombianos y la comunidad internacional es un desatino.
Debería cambiar sus tácticas discursivas, para ver si es posible que los
demás podamos creer en ese país de las PARAVILLAS, y encantarnos con el agua
putrefacta y envenenada que carcome y alimenta este Estado “democrático”.

Contra toda evidencia el Presidente oculta la nueva fase de desarrollo de la
estrategia de control institucional desatado por el paramilitarismo, justo
en aplicación de su política de gobierno, que ya va por cinco años.

Por eso causa vergüenza ajena, que en contravía de toda sana lógica, el
Ministro de Agricultura, exprese a viva voz, en un escenario público que ya
se han restituido propiedades a los afrodescendientes del Curvaradó. Hasta
el día de hoy, los pobladores que habitan en las Zonas Humanitarias, las
Zonas de Biodiversidad, y todas y todos los legítimos dueños del Territorio
Colectivo o de los predios individuales se han visto, por el contrario,
sometidos a las amenazas de paramilitares, al cinismo para empresarial que
protege la extracción del corozo de la palma con las unidades de la Brigada
15 y 17, la extensión de la siembra de palma, la deforestación y la
ampliación de la frontera para la extensión ganadera.

Así es mejor dejar de trabajar, trabajar y trabajar. Es más sencillo, más
simple y menos circense, “mentir, mentir y mentir”. Solo hay que hacer una
actuación libreteada como en los reality, donde seguimos viviendo el mundo
irreal e imaginario, como el de las Paravillas.

- Escuchar al Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS en 73:42 minutos
Foro Semana La Tierra de los paras?

http://www.unradio.unal.edu.co/UNIMEDIOS_Radio/Programas/129/001.html

- “Hoy no hay paramilitarismo” Uribe. El Tiempo. Sábado 21 de julio de 2007

Bogotá, D.C 22 de julio de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Autor: 
Justicia y paz

Fuente: 

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