Del Chocó al Catatumbo, de la Guajira a Putumayo, todos los puntos cardinales de Colombia están atravesados por unos mismos hilos conductores en los que se establece la relación entre Derechos Humanos y el dominio territorial para el mercado mundial y la inversión privada. La sistematicidad de crímenes, la militarización territorial es coincidente con los intereses económicos, Colombia es la Irak de América Latina. Las pretensiones empresariales y corporativas se asegurar con el control militar, con la sangre y con el fuego. Detrás del desplazamiento forzado, de los asesinatos, de las masacres, de las desapariciones forzadas, de la estrategia paramilitar y de las políticas institucionales, en apariencia justificada por la guerra contrainsurgente o la lucha contra el terrorismo o las siembras de cultivos de uso ilícito, se ocultan mezquinos intereses económicos privados. Iván Cepeda en su reciente artículo reseña la relación entre la estrategia militar encubierta paramilitar y el desarrollo de un modelo económico, asociado a la palma, en el nororiente de Colombia. Las fosas comunes una expresión más de aseguramiento de la impunidad, una práctica con la pretensión de negar, de ocultar, de tergiversar la criminalidad paramilitar. Desde hace 4 años, la implementación de la política de seguridad institucional coincide con la pretensión de asegurar el dominio territorial en el Catatumbo y la frontera con Venezuela a través de la reingeniería paramilitar –desmovilización creación de nuevas mecanismos de control- la pacificación con impunidad, privatización del territorio, militarización institucional con bloqueo económico, control sobre bienes y personas, operaciones psicológicas, amenazas, intimidaciones, fumigaciones, asesinatos, desapariciones forzadas, saqueo de bienes, que configuran las violaciones de derechos humanos. La pretensión es clara desalojar el territorio, los campesinos, sus costumbres, sus mentes, sus historias, sus cuerpos, su biodiversidad… petróleo, recursos minerales, biodiversidad, aguas son algunas de las razones de fondo por las que se militariza, se criminaliza, se mata a la población en el Catatumbo y en el departamento de Santander. ADJUNTO ARTICULO Iván Cepeda publicado en el diario El Espectador. Bogotá, D.C. julio 3 de 2006 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ Las fosas comunes en El Catatumbo Por Iván Cepeda Una cruenta ofensiva paramilitar precedió a la instauración del poder mafioso en El Catatumbo y la ciudad de Cúcuta. Durante un lustro funcionaron centros de tortura y exterminio en fincas de la región, y se practicó el ocultamiento de los cadáveres de las víctimas en fosas comunes. Entre 1999 y 2004, los grupos paramilitares incursionaron en la zona a través de la ejecución de crímenes sistemáticos. Los cálculos de la Policía indican que en el período fueron asesinadas 5.200 personas, la mayoría por hombres del Bloque Catatumbo de las AUC. Según la organización de derechos humanos Fundación Progresar, tan solo en 2002 se cometieron 42 masacres en Cúcuta. Ese año, el Instituto de Medicina Legal de la ciudad expidió un comunicado oficial en el que anunció un colapso debido a la atención masiva de levantamientos de cadáveres. Entre las víctimas de esta cadena de atrocidades se encuentran 150 líderes de las principales organizaciones de la sociedad civil y de los partidos de oposición, como los dirigentes de la Unión Patriótica Tirso Vélez y Carlos Bernal. Testigos sostienen que existen fosas comunes en 10 municipios del departamento como Villa del Rosario, Patios, Puerto Santander, Tibú, El Tarra, Convención, Ocaña y Chinácota. Las fuentes aseveran que allí estarían enterrados los restos mortales de al menos 1.500 personas, y que muchos de los cadáveres de desaparecidos fueron arrojados a los ríos que atraviesan El Catatumbo. La sangrienta ofensiva comenzó en mayo de 1999 con paramilitares venidos desde Córdoba y Urabá, quienes se estacionaron en el municipio de La Gabarra. Vinieron masacres y desplazamientos forzados. Salvatore Mancuso y Carlos Castaño visitaban la zona en helicóptero. En junio de 1999, el defensor regional del Pueblo, Iván Villamizar Luciani, condenó connivencia entre los paramilitares y algunas unidades militares. Así mismo, indicó que en un lapso de dos semanas las masacres habían cobrado la vida de 115 personas. En 2001, Villamizar fue asesinado por 10 sicarios en una vía pública. El trasfondo de la conquista del territorio ha sido el control de las millonarias ganancias provenientes de los megaproyectos que se desarrollan en la región: tres concesiones para la explotación de yacimientos petrolíferos, y la veta de carbón ubicada entre Sardinata y La Gabarra. La apropiación de la tierra ha servido para el cultivo de la palma aceitera, al cual han sido destinadas 6.000 hectáreas de un proyecto que busca llegar a 20.000. Durante el período más cruento de su incursión, los paramilitares montaron en la finca La Isla, uno de sus puestos de mando y entrenamiento. Allí se practicaron torturas y asesinatos por órdenes del jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. Pero también se hacían fiestas y asados con políticos. De acuerdo a una denuncia formulada por el representante a la Cámara Gustavo Petro, en los archivos del DAS reposan documentos de una investigación que sindica al clan Barriga de haber manejado las finanzas del Bloque Catatumbo, y el negocio de la contratación de obras civiles. Con métodos coactivos, paramilitares y mafiosos compraron las mejores tierras de una vasta zona que incluye los dominios adyacentes a la frontera y territorios en Venezuela. Por ese corredor pasa una de las más importantes rutas actuales de la cocaína. La publicación inglesa Jane's Intelligence Review afirma que por ella circulan 300 toneladas anuales de droga, provenientes de regiones que dominan narcoparamilitares. Como en otros lugares del país, la cadena de crímenes precedió al control de la administración local. En Cúcuta, numerosos escándalos por alianzas con paramilitares, asesinatos políticos, y manejos corruptos, han comprometido a dependencias estatales. Testigos aseguraron que los jefes del Bloque Catatumbo contaban con placas y vehículos de ese organismo, y le enviaban órdenes escritas a su director, Jorge Enrique Díaz (asesinado en abril de 2005). A mediados de 2003, el periódico La Opinión reprodujo una conversación telefónica de alias El Iguano en la que uno de sus lugartenientes le contaba que se había quedado a dormir ocho días en las dependencias del DAS, pues una comisión de la Fiscalía, enviada desde Bogotá, había llegado a buscarlo. A Ana María Flórez, directora seccional de fiscalías se la veía en fiestas y reuniones con los paramilitares. Hoy está procesada por el mismo ente investigador para el cual trabajaba. El dominio sobre las instituciones locales ha servido para favorecer la legalización de los capitales fraudulentos. Tras la imagen de progreso económico se esconde una gigantesca operación de lavado de activos. La Revista Portafolio señaló a Cúcuta como una de las tres ciudades del país en las que se registra el mayor volumen de operaciones financieras sospechosas. En 2005, por ejemplo, se registraron cerca de 1.500 transacciones multimillonarias. De igual forma, la industria de la construcción ha conocido un florecimiento inusitado. Algunas propiedades inmobiliarias se venden hoy en Cúcuta por $ 5.000 millones. Como puede verse, al igual que en otras regiones del país, las masacres, los centros de exterminio en las zonas rurales y las fosas comunes, han acompañado la consolidación del control social y político de los paramilitares en la rica región del Catatumbo en la frontera nororiental del territorio colombiano. * Director de la fundación Manuel Cepeda Vargas, hijo del senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994.