Mirada del sociólogo y escritor sobre el grave conflicto que vive esta región de Caldas, amenazada por Medoro Resources, empresa aurífera canadiense, cuyos tentáculos llegan hasta Pacific Rubiales.
La explotación a cielo abierto movería 50.000 toneladas de mineral para sacar de ellas 250.000 onzas de oro anuales.
La Pintada, sobre el río Cauca, es a Medellín lo que Melgar es a Bogotá: un veraneadero en el que la chancleta es reina. Es, además, un paradero de camiones donde los choferes almuerzan o desayunan con una gigantesca bandeja de fríjoles con garra, bagre en salsa o chuleta de cerdo. Es un pueblo ruidoso, caliente y agitado. La Policía y el Ejército dan vueltas en motocicleta como murciélagos. El río corre encajonado. A la orilla de la carretera crecen samanes y palmeras. Toda la carga que va de Buenaventura a Medellín pasa por ahí. Pioquinto, el chofer del jeep donde viajamos, un hombre grande y macizo, tiene que inclinar un poco la cabeza para ver la vía. Es conversador: “Allá se accidentó una mula de carga; allí mataron al Parche; aquí comenzó la marcha en mayo pasado contra la Medoro, la seguí como si fuera una ambulancia. La gente se insolaba. Eran tres kilómetros largos de gritos contra la compañía”.
Veinticinco kilómetros al sur de La Pintada se desprende el ramal para Marmato, la legendaria mina de oro explotada por los conquistadores españoles desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del XIX, que los indígenas cartama ya trabajaban. A comienzos del siglo XIX, con el fin de garantizar el cubrimiento de los empréstitos hechos a Inglaterra para pagar las guerras de Independencia, Colombia empeñó las minas de Marmato y Supía a la Casa Goldschmidt. Al finalizar la Guerra de los Mil Días, uno de los vencedores, el general Reyes, otorgó a su copartidario el general Vázquez Cobo la propiedad sobre los yacimientos, que poco después traspasó a la Western Sindicate Limited, y ésta, a su vez, los transfirió a la Colombian Mining Exploration Co. En 1936, el gobierno tomó la decisión de arrendar el emporio a empresas nacionales.
La carretera continúa —rigurosamente pavimentada y señalizada— hasta un pueblo en construcción llamado El Llano, a donde el gobierno y la compañía están empeñados en trasladar los 1.200 habitantes que viven en el casco urbano de Marmato, situado unos cinco kilómetros más arriba, en las estribaciones de la llamada Montaña de Oro o Cerro del Burro. En El Llano, que fue un caserío de tejas de barro y paredes de bahareque, se construyen hoy un hospital de primera categoría, una gran concentración escolar y un cuartel militar; se pavimentan sus calles y se levantan urbanizaciones de la noche a la mañana.
“Zona de alto riesgo”
Por el centro del pueblo corre un fluido de barro espeso y gris, producto de la cianuración del material aurífero, que envenenado desemboca en el río Cauca. A la salida hacia Marmato está ubicada la sede de la compañía Medoro Resources: planta de beneficio, presa de colas, depósito de estériles, laguna de almacenamiento de aguas, depósito de suelos, talleres, piscinas deportivas, edificaciones administrativas, casinos, campamentos de obreros y residencias de técnicos. Un clásico enclave cercado, enmallado y protegido por guardias armados y perros embozalados.
Muy pronto sólo hasta ahí llegará la carretera pavimentada. Desde allí también se observa el Cerro del Burro, que esconde en sus entrañas 9,8 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata, causa del gran conflicto que vive la región. El municipio de Marmato tenía en 2008, según el DANE, 9.164 habitantes: el 57% de raza y cultura negras; el 18% indígena y el 25% entre blanca, mestiza y mulata.
El Gobierno argumenta que el poblado está en zona de alto riesgo, una calificación legal que haría obligatorio su traslado; la compañía orquesta la tesis, aunque todo el mundo sabe —dice Pioquinto— que la razón es diferente: explotar las minas a cielo abierto. En 2006 hubo un deslizamiento de tierra que comprometió 92 casas, la Alcaldía, el hospital y el cuartel de Policía. Corpocaldas declaró, sin embargo, que el riesgo es mitigable.
El pueblo carece de nomenclatura porque sus calles son caminos coloniales empedrados y caprichosos por donde se mueven mulas, jeeps, volquetas, motos, hombres, mujeres y niños, a un ritmo vertiginoso. Cada minuto puede ser un gramo de oro. El material sacado de los socavones en pequeñas vagonetas y carretillas se muele en tambores metálicos cargados con esferas de hierro que al dar vueltas sobre un eje lo pulverizan.
Por encima de caminos y molinos pasa una red de cuerdas en distintas direcciones que lleva energía a los subterráneos para alumbrarlos o para mover los taladros eléctricos; en el mismo espacio se cruzan cables de acero elevados por donde corren canastillas con mineral en bruto, a una velocidad meteórica. En el lecho medio de la quebrada Cascabel existía hasta 2006 el centro del pueblo, averiado seriamente por un alud de lodo y de material estéril acumulado en sus orillas y arrastrado por las aguas de los torrenciales aguaceros caídos en el memorable invierno de aquel año.
Hoy el panorama es desolador. La pequeña plaza triangular, enmarcada por una antigua y venerable edificación donde funcionaba la Alcaldía, está deshabitada; en una contigua, no menos bella, había tiendas, compras de oro y bares; hoy sobrevive una panadería solitaria. Más allá se abre un mirador sobre el abismo, donde antes iban las muchachas a coquetear con los policías. Desde allí se puede ver, un plano más abajo, el resto de lo que fue el centro: el hospital, invadido por protegidos de la Alcaldía; la biblioteca escolar, que desafía las leyes de la gravedad y que cualquier día, con o sin estudiantes, se puede caer sobre uno de los entables mineros en construcción que pertenecen al alcalde. Frente a esta nueva planta funciona un gran molino con mesas separadoras, bodegas, talleres, oficinas de compra de oro, voluminosos tanques de cianuración, todo también de propiedad del burgomaestre. Cuatro altas y soberbias palmeras que enmarcaron lo que fue la calle principal se mantienen erectas frente al imperio de la primera autoridad del municipio. Desde aquí se divisan Salamina, Aguadas y Pácora.
El debate de las dos zonas
Más abajo, el pueblo gira ahora alrededor de la iglesia y de otra placita, rodeada de cafeterías, ventas de choripapas y joyerías. Por aquí pasa la carretera que va hacia las Minas de Echandía y hacia el pueblo de Caramanta. La vía es la frontera aproximada entre la Zona Alta y la Zona Baja de la Montaña de Oro, división que requiere una explicación particular.
En 1946, Ospina Pérez firmó la Ley 66, que divide la rica formación en una zona alta, reservada a la pequeña minería, y una zona baja, dedicada a la mediana. En 1954, por Decreto legislativo 2223, se mantuvo la zona alta para la pequeña y la mediana, pero la zona baja se reservó para la minería empresarial. En 1970 la administración de la zona de arriba corrió por cuenta de la Empresa Colombiana de Minas (Ecominas), transformada después en Minerales de Colombia S. A. (Mineralco) y sustituida más tarde por la Empresa Nacional Minera Ltda. (Minercol). En 1990, Mineralco abandonó las plantas y los molinos Cien Pesos, Santa Cruz y El Colombiano, ubicados en la zona alta, y Mineros de Caldas S. A. adquirió 87 minas que clausuró poco tiempo después, con lo que dejó sin empleo a más de 800 obreros. En esa parte del cerro hay 150 minas de subsistencia explotadas por trabajadores conocidos como guacheros. Pioquinto dice que el nombre se deriva de unos pájaros ciegos —guácharos— que viven en las cuevas y que temen a la luz como Satanás a Luzbel. Apoyándose en el Código Minero, el Comité Cívico sostiene que Medoro no tiene derecho a expropiar a quienes después de seis meses ocupan pacíficamente minas clausuradas sin razón.
Para terminar de confundir el cuadro de los derechos de propiedad y posesión —una estrategia calculada—, Mineros de Caldas vendió sus derechos a la Colombian Goldfields, y ésta, a su vez, los negoció con la Medoro Resources, una de las más grandes compañías auríferas del mundo, empresa canadiense cuyos tentáculos llegan hasta la Pacific Rubiales. Desde 2011 emite títulos negociables en la Bolsa de Toronto sobre los tenores de oro, plata y cobre existentes. Sólo en el Cerro del Burro habría 7’049.000 onzas de oro y en el campo total de Marmato millones y millones de oro, plata y cobre. La poderosa multinacional adelanta un estudio de 20.000 perforaciones para precisar la potencialidad de los depósitos de oro y justificar la explotación a cielo abierto que movería unas 50.000 toneladas de mineral en bruto para sacar de ellas 250.000 onzas troy de oro anuales. En el mercado internacional —el mundo entero— costarían US$500 millones. El Rey Midas en acción.
Como es obvio, semejante cantidad de riqueza no podría ser totalmente aprovechada sino mediante la explotación del recurso a cielo abierto. La condición para abrir el cerro y sacar el metal es hacerlo de arriba abajo, es decir, de la Zona Alta, donde trabajan los guacheros y los medianos mineros, hacia la Zona Baja, en manos de la compañía. Según Carlos Torres Henao, geólogo principal de exploración de la empresa Exploration Services del Reino Unido (SRK), “la minería a cielo abierto emplea grandes cantidades de cianuro y como parte del proceso se cavan cráteres hasta de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad. La cantidad de agua utilizada puede superar la consumida en un día por una población de 600.000 habitantes”. Por esta última razón —agrega Pioquinto—, se proyecta la construcción de una hidroeléctrica con aguas del río Arquía, límite entre Marmato y Caramanta, lo que ha generado una airada protesta por parte de los campesinos de la región.
El conflicto por la tierra
¿Cómo se puede llevar a cabo esta gran operación de ingeniería? Primero, comprando o desconociendo los derechos de los propietarios y poseedores en la Zona Alta —lo que se ha tratado de hacer— y trasladando el pueblo a El Llano —lo que se está tratando de hacer—. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, Medoro Resources, a través de la Minera de Occidente, presentó ante la desacreditada Ingeominas amparos administrativos para poder desalojar a las buenas o a las malas a los pequeños mineros de las partes alta y media.
El enfrentamiento no tardó: en mayo de 2006 se presentaron en Marmato agentes de las empresas protegidos por la Fuerza Pública y si la cosa no terminó en un bochinche —dice Pioquinto— fue porque se metieron el cura y el Comité Cívico Prodefensa de Marmato. No obstante, el problema no se resolvió y la mecha siguió encendida. Segundo, como queda dicho, el Gobierno y la empresa consideran urgente trasladar el pueblo. Juan Manuel Peláez, siendo gerente de Medoro, declaró a La Patria de Manizales en 2009: “Buscamos probar reservas para hacer explotación a gran escala y para eso necesitamos el pueblo… Tenemos los US$30 millones que cuesta el plan exploratorio y los US$20 millones que costaría el reasentamiento”.
Para sacar a los mineros y para trasladar el pueblo, la compañía debe ganarse la voluntad de los habitantes y trabajadores. O por lo menos de un sector significativo, con lo cual estimularía no sólo la división de la gente, sino además un conflictivo enfrentamiento. Para el efecto contrató inicialmente a la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (Cetec), que centró su actividad en la organización de las nefastas cooperativas de trabajo asociado; de un comité de trámite de quejas; de proyectos productivos campesinos de café, yuca, plátano “como estrategia de sustitución laboral”, y en el levantamiento de un censo de minas y de guacheros.
La comunidad se mostró siempre desconfiada y reticente a las propuestas de la consultora, excepción hecha del proyecto de plátano. Después de dos años de acciones sociales, Cetec le reclamó a Medoro el incumplimiento de los acuerdos con los marmateños. La compañía decidió dar por terminado el contrato y firmó con The Social Capital Group (SCG), especializado en trasladar pueblos en Chile y Perú, para hacer lo mismo en Marmato.
La explotación a cielo abierto y el traslado del pueblo, argumenta el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, obligan a una consulta previa con las comunidades negras e indígenas. Pero el gobierno y la compañía canadiense arguyen que la minería tiene 450 años de tradición en la región y que, además, no existen consejos comunitarios ni resguardos legalmente reconocidos en el municipio. Agrega el comité que Marmato fue declarado patrimonio histórico de la nación y por tanto el pueblo no puede ser objeto de reasentamiento. La compañía propone en compensación crear un museo de historia y una casa de la cultura. Para rematar los ofrecimientos, Medoro ha ofrecido entregar en el lugar del enorme hueco cónico que abrirá para sacar los metales preciosos, una laguna donde se cultiven peces y se pueda navegar a vela.
En junio de 2010 la población se declaró en paro cívico y pacífico contra la compañía Medoro. El Gobierno reaccionó enviando un escuadrón de policía que fue rápidamente bloqueado por 300 mineros dispuestos a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La dinamita es su pan de cada día. Fue el principio de una larga lucha contra la locomotora que podría terminar tragándose entero el cerro. El 21 de enero pasado los mineros organizaron un mitin para protestar contra la restricción de la venta de dinamita a los guacheros —lo que obliga a la fabricación artesanal de pólvora blanca—, la confiscación de madera para el apuntalamiento de los túneles y el traslado a El Llano —la Nueva Marmato— de la Registraduría y del Banco Agrario.
El Gobierno envió de nuevo a la Fuerza Pública. En mayo hubo una masiva protesta de 4.000 personas desde la carretera hasta el pueblo contra los proyectos que desarrolla la compañía y que el Gobierno apoya con marginales y volátiles condiciones como la de respetar el medio ambiente y no atropellar a los trabajadores. La Gobernación de Caldas envió de nuevo 30 policías acompañados por empleados de la compañía y funcionarios.
Justamente en esos días fue cuando el cura párroco de Marmato, José Reinel Restrepo, declaró que lo sacarían muerto del pueblo y que si el Gobierno o la compañía apelaban a la violencia, era lícito responder de la misma manera. El sacerdote apareció muerto con dos tiros en la espalda el pasado 3 de septiembre en la vía que conduce de Guática a Belén de Umbría. La Policía no ha descartado ninguna hipótesis y ofrece una recompensa de $20 millones. Pioquinto no cree que haya sido asesinado por el enfrentamiento con la compañía y guarda un silencio largo y respetuoso.
Marmateños versus minería a gran escala
1.200 habitantes viven en el casco urbano de Marmato.
9.164 habitantes, 57% de raza y cultura negras; 18% indígena y 25% entre blanca, mestiza y mulata, tenía Marmato en 2008, según el DANE.
92 casas, la alcaldía, el hospital y el cuartel de policía fueron semidestruidos por un deslizamiento de tierra que hubo en 2006.
9,8 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata esconde en sus entrañas EL Cerro del Burro.
20.000 perforaciones se harán precisar la potencialidad de los depósitos de oro.
El Espectador, 1 de Octobre 2011.