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Consultas populares - entrevista con July Mendez de Tauramena

13 Noviembre 2017

El tema de las consultas populares sigue marcando las luchas por la defensa de los territorios amenazados por mega-proyectos, poco se ha hablado de las consultas sobre el tema petrolero un sector donde están muy presentes las empresas canadienses. Para conocer el caso hablamos con July Katherine Méndez Clavijo Integrante del Comité por la defensa del agua Municipio de Tauramena-Casanare.

PASC:  En el 2013 en Tauramena votaron no a la explotación petrolera en ciertas áreas del municipio y hoy Ecopetrol está demandando la consulta, como fue ese proceso?

July Katherine Méndez Clavijo : El 15 de diciembre del año 2013, los habitantes del municipio de Tauramena Casanare, salieron a las urnas a votar en contra de la realización de un proyecto de prospección sísmica ubicado en la zona de recarga hídrica del municipio en donde éste ha invertido importantes recursos para la conservación de la microcuenca abastecedora de los acueductos municipales y en donde el Esquema de Ordenamiento Territorial prohíbe el desarrollo de actividades petroleras teniendo en cuenta las características ambientales mencionadas anteriormente.

Una vez ganada la consulta popular (mecanismo de participación ciudadana al que se recurrió, para que el pueblo se manifestara); desde el año 2014 la Empresa Estatal petrolera “Ecopetrol S.A” ha iniciado una estrategia legal para tumbar la consulta popular, a través de la interposición de una demanda de nulidad simple en contra del Acuerdo Municipal que reglamentó la consulta popular; es así, como al día de hoy el municipio de Tauramena de la mano del comité que impulso dicha consulta popular, se encuentran haciendo frente (ante el Tribunal Administrativo de Casanare), surtiendo todo el proceso legal que implica dicha demanda. El 1 de diciembre se llevará a cabo una segunda Audiencia en donde Ecopetrol tendrá que presentar las pruebas que sustentaron su demanda.

Esperamos para el próximo año, el fallo de fondo que defina la situación legal de la consulta popular; hasta entonces seguiremos haciendo incidencia política y social desde un frente común con los demás comités impulsores de consultas populares y organizaciones ambientales del país.

P: Ambientalistas, organizaciones sociales y sindicalistas del sector de hidrocarburos se unieron en esta batalla, como es posible?

J: Desde las primeras consultas populares realizadas en el país (la del municipio de Piedras Tolima y la de Tauramena Casanare), el movimiento ambiental del país ha crecido y se ha venido dinamizando en la medida en la que hemos visto que el modelo económico impulsado por el extractivismo ha dejado múltiples impactos ambientales sociales y económicos; y en ese sentido, los sindicatos han aportado con su experiencia y visión de país, al concepto de “desarrollo sostenible”; con la premisa de que se puede explotar los recursos naturales no renovables pero haciendo bien las cosas, lo que implica que no se pueda hacer de cualquier manera ni en cualquier lugar, respetando los derechos laborales, el acceso al trabajo, a la libertad sindical, a la protesta y sobre todo que las Comité por la Defensa del Agua de Tauramena. Cra 16 No. 8-05 Barrio La Cascada Tauramena-Casanare E-mail defensa.aguatauramena@gmail.com Contacto: 3112730466-3057466727 actividades de explotación se traduzcan en verdaderos beneficios para las comunidades pues lo ideal, es que exista un equilibrio entre lo económico, social y ambiental; en concordancia con la “calidad de vida” que nos merecemos los Colombianos.

P: Como analiza lo que está sucediendo con la consulta popular en el país?

J: Desde el 2013 a la fecha se han realizado 9 consultas populares; la realizada por el municipio de Tauramena fue la segunda luego de la de Piedras Tolima y la primera en lograr frenar un proyecto de explotación petrolera; sin embargo hoy vemos que no solo la consulta popular de Tauramena se enfrenta a pleitos jurídicos sino también a toda un estrategia de deslegitimación por parte del Gobierno Nacional, que involucra la negociación con las comunidades antes de que lleguen a la realización de una consulta popular o la interposición de una demanda para evitar su materialización; la estigmatización y asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales, ciertamente la intención de quitarle garantías a la consulta popular desde el congreso, poniendo carga burocrática para su realización, y ahora último, la no existencia de recursos para llevarlas a cabo.

Pese a todo lo anterior, las comunidades han encontrado en la consulta popular el mecanismo de participación ciudadana idóneo para blindar áreas de importancia ambiental como zonas de recarga hídrica, parques naturales o paramos, así como el patrimonio social, cultural y económico; pues hay municipios que se niegan a cambiar su vocación económica derivada de años de tradición que lograron desarrollar en armonía con la naturaleza, por volcarse de la noche a la mañana a desempeñar trabajos relacionados con la explotación de minerales como modelo económico impuesto por el gobierno Nacional sin planeación y acompañamiento en donde las ganancias se van con la multinacional que viene a explotar, los impactos ambientales generados en los territorios son irreversibles, la expectativa laboral crea conflictos sociales, y los recursos económicos que deberían materializarse en el “progreso de las comunidades” finalmente se quedan en manos de la corrupción que financiarán las siguientes campañas electorales.

Así las cosas desde este punto de vista, el costo económico, social y ambiental no logran ser compensados con lo que deja la “inversión extranjera” o el modelo económico derivado de la “locomotora minero-energética”; por estas razones las consultas populares se han convertido en el mecanismo de participación favorito de las comunidades a través del cual pueden alzar la voz y ser tenidos en cuenta en las decisiones que los afectan y lo seguirán siendo, ya que vienen en camino 22 consultas populares más, que con el apoyo y respaldo de las organizaciones sociales, ambientales, sindicales y un sector político del país, se lograran materializar.

P: Se ha convertido en una herramienta además de la movilización, está en pleito jurídico, es uno de los símbolos del precedente proceso de paz con la constitución del 91, hasta donde nos puede llevar?

J: La movilización y la protesta social siempre ha sido la forma de manifestación de los gremios, sindicatos y movimientos sociales en el país, como estrategia de presión ante políticas de Estado inconvenientes para el ciudadano de a pie; sin embargo, desde la realización de la primera consulta popular en defensa del medio ambiente y del territorio, las consultas populares se han convertido en el mecanismo de participación ciudadana predilecto, ya que le permite al constituyente primario; es decir, el “pueblo”, decidir sobre las decisiones que les afecte, siendo ésta de obligatorio cumplimiento; es así, como desde la Constitución Política del 91 se contemplaron estos mecanismos de participación ciudadana a partir de los cuales se legitima la democracia y el Estado Social de Derecho hoy más que nunca.

Sin duda alguna el país está atravesando por un momento histórico en el que los acuerdos de paz, podrían ser el comienzo de un cambio social estructural en el país, siempre y cuando la democracia participativa desde los territorios sea tenida en cuenta y respetada, de la mano de políticas ambientales, sociales y económicas que respondan a la autodeterminación de los pueblos como sinónimo de calidad de vida.

“Tenemos que decir, que no estamos en contra del desarrollo económico del país, si eso significa progreso para nuestros pueblos, solo pedimos que lo hagan en condiciones de sostenibilidad; que no sean indiferentes y que entiendan que hay cosas que no se negocian como el bienestar y la vida.”

Autor: 
PASC

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