Tras la noticia del asesinato del padre José Reinel Restrepo, párroco del municipio de Marmato en el departamento de Caldas, Colombia, quisiéramos expresar nuestra tristeza y profunda preocupación sobre la posibilidad de que las empresas mineras canadienses estén agravando la violencia en la zona o aprovechándose de ella. Para evitarlo, quisiéramos solicitar a la Embajada de Canadá que coopere en las investigaciones a fin de garantizar que los hechos relacionados con el asesinato de Restrepo se esclarezcan y de asegurar que las empresas mineras canadienses que operan en Colombia no provoquen, agraven o se aprovechen de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.
El asesinato del padre Restrepo se da poco más de dos semanas después de que el Primer Ministro Harper festejara en Bogotá la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Si bien quienes anteponen los derechos humanos al libre comercio han sido acusados de “proteccionismo”, este asesinato plantea de nuevo la pregunta de quién requiere mayor protección: las empresas canadienses o los defensores de los derechos humanos de Colombia que defienden los intereses colectivos de sus comunidades.
El 2 de septiembre se encontró el cuerpo acribillado del padre Restrepo a poca distancia de su motocicleta, en un camino entre el municipio de Belén de Umbría, departamento de Risaralda, y el municipio de Viterbo, departamento de Caldas, al sur del municipio de Marmato. El padre, de 36 años, había sido párroco en Marmato durante dos años. Los responsables de este crimen no han sido identificados ni se ha determinado el motivo del asesinato del padre Restrepo.
El 9 de septiembre, el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) han indicado en un comunicado que el padre Restrepo se oponía abiertamente a la operación de la mina de oro a cielo abierto que implicaría la reubicación del pueblo entero de Marmato. Días antes el padre había viajado a Bogotá para investigar una información supuestamente difundida por Medoro Resources, empresa que hace poco se fusionó con la Gran Colombia Gold, con sede en Toronto, que afirmaba que la iglesia parroquial estaba en venta.
El municipio de Marmato ha dependido históricamente de la minería a pequeña escala. El pueblo indígena se ha dedicado en la región a la minería artesanal autóctona durante siglos, y luego los afrocolombianos, y más recientemente otros pueblos, se han dedicado a esta actividad también. Además de la reubicación de este pueblo minero histórico, la mina de oro a cielo abierto que se pretende abrir provocaría presiones adicionales a las que ya de por sí tienen los mineros artesanales, ya que el gobierno de Colombia declaró "ilegal" su trabajo. Los mineros ya no tienen acceso a la compra de explosivos y se han visto obligados a utilizarlos de fabricación casera, aumentando así la inseguridad. El proyecto también viene a agravar la lucha por la tierra que realiza el pueblo indígena embera, la cual, además, no ha sido reconocida por las empresas mineras.
La empresa canadiense Colombia Goldfields Ltda. empezó sus operaciones en Marmato en 2005 antes de su adquisición por Medoro Resources en 2010. Posteriormente, en junio de 2011, Medoro Resources se fusionó con Gran Colombia Gold Corp, empresa de la cual el Plan de Pensiones Canadiense reporta tener acciones valoradas en CDN$6 millones. El 2 de septiembre, la Gran Colombia Gold difundió un comunicado sobre el asesinato de Restrepo donde señalan: "Esperamos que las autoridades investiguen a fondo este crimen y esclarezcan los hechos con prontitud. La empresa reitera su rechazo total a todo acto de violencia."
No bastan declaraciones como ésta.
Haciendo eco de las demandas del CRIDEC y CAJAR, las organizaciones que suscriben este documento hacen un llamado a la Embajada de Canadá a cooperar con toda investigación para asegurar que se conozcan los hechos relacionados con el asesinato del padre Restrepo. La Embajada también deberá pedir la total colaboración de la empresa. Asimismo, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, que establece el requisito de elaborar un informe anual sobre los impactos del Tratado en los derechos humanos, también solicitamos a la Embajada de Canadá que asegure que las empresas mineras canadienses que operan en Colombia en el contexto del actual conflicto armado interno no provoquen, agraven o se aprovechen de la violencia o de las violaciones a los derechos humanos. Por último, solicitamos la aplicación de mecanismos más estrictos que obliguen a las empresas canadienses a ser transparentes en el contexto del conflicto armado, como señal inequívoca de que el gobierno canadiense acata sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Estamos al pendiente de su respuesta y esperamos mantener el contacto con la Embajada en relación a este tema.
Atentamente,
Atlantic Regional Solidarity Network The Canadian Union of Postal Workers Canadian Union of Public Employees (CUPE) Christian Peacemaker Teams CPT Colombia Coalition québécoise sur les impacts socio-environnmentaux des transnationales en Amérique latine CoDevelopment Canada Colombia Action Solidarity Alliance (CASA) International Council of Latin American and Caribbean Women in Canada Latin American and Caribbean Solidarity Network Members of the Extractive Industries Research Group (EIRG), York University Members of the Executive Committee of The Centre for Research on Latin America and the Caribbean at York University (CERLAC) MiningWatch Canada Muslim Unity group Toronto Partners in Mission Unit, The United Church of Canada Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) Public Service Alliance of Canada (PSAC) The Steelworkers Humanity Fund Toronto Haiti Action Committee
Embajadora Geneviève des Rivières Embaja de Canada Apartado Aéreo 110067 Bogotá, Colombia (011 57 1) 657 9912 bgota-td@international.gc.ca
El asesinato del padre Restrepo se da poco más de dos semanas después de que el Primer Ministro Harper festejara en Bogotá la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Si bien quienes anteponen los derechos humanos al libre comercio han sido acusados de “proteccionismo”, este asesinato plantea de nuevo la pregunta de quién requiere mayor protección: las empresas canadienses o los defensores de los derechos humanos de Colombia que defienden los intereses colectivos de sus comunidades.
El 2 de septiembre se encontró el cuerpo acribillado del padre Restrepo a poca distancia de su motocicleta, en un camino entre el municipio de Belén de Umbría, departamento de Risaralda, y el municipio de Viterbo, departamento de Caldas, al sur del municipio de Marmato. El padre, de 36 años, había sido párroco en Marmato durante dos años. Los responsables de este crimen no han sido identificados ni se ha determinado el motivo del asesinato del padre Restrepo.
El 9 de septiembre, el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) han indicado en un comunicado que el padre Restrepo se oponía abiertamente a la operación de la mina de oro a cielo abierto que implicaría la reubicación del pueblo entero de Marmato. Días antes el padre había viajado a Bogotá para investigar una información supuestamente difundida por Medoro Resources, empresa que hace poco se fusionó con la Gran Colombia Gold, con sede en Toronto, que afirmaba que la iglesia parroquial estaba en venta.
"Esta empresa transnacional canadiense quiere abusar de la población; la quiere sacar", dijo el padre Restrepo en una reciente entrevista para un programa especial de la televisión colombiana. "Incluso han llegado a proponer la reubicación de la iglesia parroquial y se han acercado para preguntarme si estoy de acuerdo con la reubicación del pueblo. Los he ignorado, los he evitado y también he contestado que no, les he dicho que no estoy de acuerdo con eso."
"La iglesia es defensora de los pobres, se dedica a la defensa de los pobres; los mineros artesanales de Marmato corren el riesgo real de perder su trabajo en estas circunstancias... La empresa no les da alternativas a su oficio porque la empresa quiere abrir una mina a cielo abierto desplazando a la población y explotando esta zona en poco tiempo."
El municipio de Marmato ha dependido históricamente de la minería a pequeña escala. El pueblo indígena se ha dedicado en la región a la minería artesanal autóctona durante siglos, y luego los afrocolombianos, y más recientemente otros pueblos, se han dedicado a esta actividad también. Además de la reubicación de este pueblo minero histórico, la mina de oro a cielo abierto que se pretende abrir provocaría presiones adicionales a las que ya de por sí tienen los mineros artesanales, ya que el gobierno de Colombia declaró "ilegal" su trabajo. Los mineros ya no tienen acceso a la compra de explosivos y se han visto obligados a utilizarlos de fabricación casera, aumentando así la inseguridad. El proyecto también viene a agravar la lucha por la tierra que realiza el pueblo indígena embera, la cual, además, no ha sido reconocida por las empresas mineras.
La empresa canadiense Colombia Goldfields Ltda. empezó sus operaciones en Marmato en 2005 antes de su adquisición por Medoro Resources en 2010. Posteriormente, en junio de 2011, Medoro Resources se fusionó con Gran Colombia Gold Corp, empresa de la cual el Plan de Pensiones Canadiense reporta tener acciones valoradas en CDN$6 millones. El 2 de septiembre, la Gran Colombia Gold difundió un comunicado sobre el asesinato de Restrepo donde señalan: "Esperamos que las autoridades investiguen a fondo este crimen y esclarezcan los hechos con prontitud. La empresa reitera su rechazo total a todo acto de violencia."
No bastan declaraciones como ésta.
Haciendo eco de las demandas del CRIDEC y CAJAR, las organizaciones que suscriben este documento hacen un llamado a la Embajada de Canadá a cooperar con toda investigación para asegurar que se conozcan los hechos relacionados con el asesinato del padre Restrepo. La Embajada también deberá pedir la total colaboración de la empresa. Asimismo, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, que establece el requisito de elaborar un informe anual sobre los impactos del Tratado en los derechos humanos, también solicitamos a la Embajada de Canadá que asegure que las empresas mineras canadienses que operan en Colombia en el contexto del actual conflicto armado interno no provoquen, agraven o se aprovechen de la violencia o de las violaciones a los derechos humanos. Por último, solicitamos la aplicación de mecanismos más estrictos que obliguen a las empresas canadienses a ser transparentes en el contexto del conflicto armado, como señal inequívoca de que el gobierno canadiense acata sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Estamos al pendiente de su respuesta y esperamos mantener el contacto con la Embajada en relación a este tema.
Atentamente,
Atlantic Regional Solidarity Network The Canadian Union of Postal Workers Canadian Union of Public Employees (CUPE) Christian Peacemaker Teams CPT Colombia Coalition québécoise sur les impacts socio-environnmentaux des transnationales en Amérique latine CoDevelopment Canada Colombia Action Solidarity Alliance (CASA) International Council of Latin American and Caribbean Women in Canada Latin American and Caribbean Solidarity Network Members of the Extractive Industries Research Group (EIRG), York University Members of the Executive Committee of The Centre for Research on Latin America and the Caribbean at York University (CERLAC) MiningWatch Canada Muslim Unity group Toronto Partners in Mission Unit, The United Church of Canada Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) Public Service Alliance of Canada (PSAC) The Steelworkers Humanity Fund Toronto Haiti Action Committee
Esta carta fue mandada a :
Embajadora Geneviève des Rivières Embaja de Canada Apartado Aéreo 110067 Bogotá, Colombia (011 57 1) 657 9912 bgota-td@international.gc.ca
con copia :
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República de Colombia
Fax: (57 1) 596 0651 E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
Carlos Rodado
Ministerio de Minas crodado@minminas.gov.co
Germán Vargas LlerasMinistro de Justicia y del Derecho de Colombia PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820 e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
Alejandro Ordoñez Maldonado
Procurador General de la Nación anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
Christian Salazar
Oficina de la alta comisionada de naciones Unidas para los derechos Humanoscsalazar@hchr.org.co
Catherine Pedreros
Oficina de la alta comisionada de naciones Unidas para los derechos Humanos cpedreros@hchr.org.co, oacnudh@hchr.org.co
Sr. Coordinador
Sub-Oficina de MedellínOficina de la alta comisionada de naciones Unidas para los derechos Humanos quejas@hchr.org.co, oacnudh@hchr.org.co
Wolmar Antonio Perez Ortiz
Defensor del Pueblo Fax: (+571) 640.04.91E-mail,secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,defensoria@defensoria.org.co
Horacio Guerrero
Defensoría del Pueblo hguerrero@defensoria.org.co
Peter Volk
Gran Colombia Gold General Counsel and VP
pvolk@grancolombiagold.com
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