Por medio de la presente, diferentes organizaciones canadienses que estamos comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, nos dirigimos a usted(es) manifestando que estamos profundamente indignado(a)s frente al asesinato de José Reinel Restrepo, cura párroco de Marmato, en el departamento de Caldas.
El Padre Reinel era conocido por acompañar la lucha de un movimiento cívico en Marmato, que junto a pequeños mineros de las comunidades del municipio se organizaron para proteger los derechos de los habitantes frente a la explotación minera practicada en la zona por parte de compañias transnacionales.
José Reinel Restrepo lideraba la resistencia del traslado del pueblo, posibilidad que se ha contemplado si la compañía minera Gran Colombia Gold (fusionada con Medoro Ressources) hace un explotación a cielo abierto. Los habitantes de la región no descartan que el crimen esté relacionado a las luchas libradas por no dejar desplazar su pueblo. Poco tiempo después de la visita del Primer Ministro canadiense Stephen Harper a Bogotá para “celebrar” la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, saltan a la vista los abusos y la impunidad de las empresas que explotan los recursos naturales sin tener en cuenta los derechos de los pueblos.
Por lo anterior, expresamos nuestra preocupación frente al hecho de que las compañias mineras canadienses generen violaciones a los derechos humanos o se beneficien de ellas.
Hechos
De acuerdo a las informaciones de las que disponemos hasta el momento, difundidas por el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), y de la comunidad marmateña, representada en el Comité Civico Pro Defensa de marmato y la Asociación de pequeños mineros de Marmato, el sacerdote José Reinel Restrepo, fue asesinado en horas de la tarde el pasado jueves 1°de septiembre del presente año, en una vía que une a los municipios de Mistrató y Belén de Umbría, Risaralda. Recibió dos disparos en la espalda y fue hallado sin documentos -por lo que tardó su identificación- y sin los dos maletines que cargaba ese día. Aunque inicialmente las autoridades de Caldas dijeron cínicamente que el móvil del asesinato, era un atraco, el domingo 4 de septiembr, el comandante de la Policía de Risaralda, Camilo Cabana Fonseca, aseguró que “estudiaba otras hipótesis”.
Antecedentes
El sacerdote Restrepo llevaba dos años en Marmato, donde había fijado su oposición al traslado del municipio. Había denunciado recientemente que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro, podría costarle la vida.
La multinacional ha dicho que su trabajo no atenta contra la comunidad y en un comunicado señala que lamentaba la muerte del sacerdote. Pero en otras declaraciones el representante de la junta cívica de Marmato dijo que el padre Restrepo le había dicho que en los últimos días había recibido presión de la Gran Colombia Gold para que trasladara la parroquia al valle.
Contexto
En 2003 y 2004, la empresa canadiense Goldfields, a través de su subsidiaria Compañía Minera de Caldas, obtuvo el derecho a explorar con intención de explotar la mina de oro de Marmato. La controversia del proyecto apareció desde ese momento ya que ninguna consulta previa fue realizada y los derechos mineros fueron otorgados de manera sospechosa. Según el CRIDEC, “la mina a cielo abierto implicaría el desplazamiento del pueblo y la eliminación de la explotación minera artesanal, principal recurso de trabajo del pueblo”. Por lo tanto, la contestación del proyecto por parte de las comunidades indígenas, las asociaciones de derechos humanos y por algunos políticos se levantó.
En 2007, el CRIDEC denunció la política estatal que obligó a la población a desocupar el casco urbano de Marmato con el argumento de que el pueblo estaba en alto riesgo por un derrumbe del cerro, basándose en que en el año 2006 se presentó una avalancha mediana. En consecuencia, se improvisó la construcción de un nuevo pueblo en la parte baja de la montaña, sin
consultar con la comunidad.
Debido a la crisis financiera de 2008 el proyecto fue abandonado, hasta que la empresa canadiense Medoro Resources compró en Octubre de 2009 la empresa (también canadiense) Colombia Goldfields; por ese medio obtuvo el derecho de exploración y explotación de la mina de Marmato. Desde el momento, reiniciaron las labores de exploración en Marmato sin tener en
cuenta los derechos del pueblo marmateño.
Desde la reciente fusión de Medoro Ressources con la Gran Colombia Gold, se ha venido impulsando un megaproyecto de mina a cielo abierto mientras que el pueblo lucha por la supervivencia de sus tradiciones y recursos.
Según reporta la Red Colombiana frente a la Gran Minería transnacional – RECLAME, desde hace 6 años, las empresas transnacionales han adquirido minas que mediante el Decreto 2223 de 1954 habían sido destinadas para la subsistencia de pequeños mineros. A medida que los titulares de las minas las han ido entregando a las empresas extranjeras, las entradas a las
minas han sido cerradas y se han despedido las personas que allí trabajaban. Además se han destruído absolutamente todos los montajes construidos por los mismos mineros para la extracción del mineral (tolvas, molinos, cables aéreos, edificios etc.). Esto ocasionó que más de 800 personas de este municipio quedaran sin trabajo. Por no existir otra forma de subsistencia y por tratarse de una actividad ancestral, los mineros cesantes se vieron obligados a habilitar minas que ya estaban derrumbadas y de las que NUNCA la empresas tomaron posesión.
Solamente hasta mediados del año 2010 la empresa Medoro Resources, solicitó amparos administrativos ante la autoridad minera correspondiente, algunos de los cuales fueron resueltos favorablemente a la empresa trasnacional. Desde el mismo momento de la presentación de los amparos administrativos se han venido dando diversas y fuertes presiones en contra de la población marmateña en su mayoría de profesión minera, tales como desalojos de las minas, hostigamientos, firma de contratos con clausulas lesivas para los mismos mineros, aumento de presencia de grupos de fuerzas especiales, evidentemente comprometidas con la Compañía, ya que se ven circulando por el territorio en los vehículos de propiedad de la empresa, además han realizado requisas agresivas e intimidatorias generando zozobra e intranquilidad a la población, siendo esta una presencia exagerada para un municipio que ha tenido un espíritu pacifico y trabajador.
Por otro lado, las autoridades municipales y departamentales han anunciado acciones que pueden desembocar de hecho en violaciones a los derechos humanos de los mineros, indígenas, afrodescendientes y comunidad en general.
Demandas
Durante los últimos años hemos recibido numerosas denuncias de abusos cometidos por empresas mineras canadienses y de otros países tanto en Colombia como en el resto de América latina. Como organizaciones canadienses, estamos muy preocupado(a)s por esta realidad , y les solicitamos que vigilen atentamente las actividades de estas empresas, de manera que cesen estas violaciones a los derechos humanos.
Este asesinato nos parece inaceptable, y teniendo en cuenta la extrema gravedad de estos hechos, pedimos transmitir estas peticiones a los órganos gubernamentales competentes:
- Asegurarse de que la investigación en relación al asesinato del Sr José Reinel Restrepo sea completa e independiente, con el fin de identificar a lo(a)s responsables, llevarlo(a)s ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la familia del Sr José Reinel Restrepo, así como asegurarse de que reciban una compensación adecuada por la trágica pérdida de su familiar;
- Investigar los aparentes vínculos entre este asesinato y la empresa Gran Colombia Gold. La manera en que se perpetró este asesinato remite a una represalia relacionada con las actividades de denuncia de las actividades de las empresas mineras mencionadas en el presente documento llevadas a cabo por el Sr José Reinel Restrepo;
- Dar cumplimiento de las órdenes judiciales expedidas por la Corte Constitucional como el Auto 004 de 2009 para salvaguardar los pueblos indígenas y el Auto 005 de 2009 para la población afrodescendiente.
- Tomar medidas para impedir que las empresas de orígen canadiense o que tengan sus activos en Canadá generen o se beneficien de violaciones a los derechos humanos;
- Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, en concreto asegurando la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. En particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1). También en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, cumpliendo así con las obligaciones contraidas por Colombia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
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Por nuestra parte, les informamos de que seguiremos de cerca la conducta de los(las) funcionario(a)s responsables de impartir justicia en relación a este inaceptable crimen. Agradecemos recibir por escrito una lista de las acciones que se emprenderán.
Atentamente,
Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia (PASC)
Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL)
L’Entraide Missionnaire (EMI)