La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, espacio de coordinación del que forman parte diversas organizaciones colombianas (Red Colombia) y colectivos de otros países que trabajan en Colombia según los principios de solidaridad y política internacionalista (Red Europea), por medio de este escrito en ejercicio del derecho fundamental de petición (art. 23 C.P), trasmitimos ante ustedes nuestras preocupaciones sobre la situación de derechos humanos que se presenta en varias regiones del país, en el marco de la actual coyuntura sanitaria.
Con ocasión del COVID-19, el presidente de Colombia declaró el estado de emergencia, figura que si bien tiene arraigo constitucional, no confiere un poder absoluto en cabeza del ejecutivo, ni suspende las obligaciones internacionales del Estado, de garantizar de manera especial los derechos a la vida, a la integridad personal, libertad de conciencia, la protección a la familia, los derechos de niñas/os y los derechos políticos, entre otros (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 4 y Convención Americana de Derechos Humanos, art. 27)
Las medidas propias de la declaratoria de emergencia, deben responder a objetivos legítimos, ser excepcionales, temporales y además responder a los principios de necesidad y proporcionalidad. En los principios de Sicacusa1, el consejo Económico y Social de las Naciones Unidas incluyó dentro de las clausulas de interpretación (Parte I-A) que “No se aplicará ninguna de las limitaciones mencionadas en el Pacto con una finalidad distinta de aquélla para la que se estableció” (num. 2) y que “Todas las limitaciones serán interpretadas a la luz y en el contexto del derecho particular de que se trate” (num. 4)
La Red de Hermandad y solidaridad con Colombia, expresa su preocupación por la incompatibilidad del accionar estatal en varias zonas del país, con las obligaciones en materia de derechos humanos, en la actual coyuntura de emergencia, las cuales se expresan en: i) El desconocimiento y ataque a los mecanismos autónomos de las comunidades para su auto protección, ii) La profundización de los conflictos (armado y social) en los territorios; y iii) El incremento de los ataques contra las y los luchadores populares.
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Desconocimiento y ataque a los mecanismos autónomos de las comunidades para su auto protección
Las comunidades se han organizado por si mismas para proteger la salud en sus territorios, como lo demuestran por ejemplo las Normas Comunitarias para la Prevención del coronavirus publicadas por las Juntas de Acción Comunal, que incluyen, control de las vías, retención temporal de mercancía para su desinfección y plan de siembra y abastecimiento. Las autoridades comunitarias en conocimiento de sus territorios y necesidades establecen normas integrales, que respetan las medidas de aislamiento y aseguran la sobre-vivencia de las personas, en colaboración con las autoridades municipales.
Estas medidas han sido materializados por las guardias campesina, cimarrona y/o indígena. Estas comunidades no cuentan con recursos de las administraciones municipales para afrontar la pandemia, los cuales han sido destinados fundamentalmente al accionar de la fuerza pública.
Este tipo de iniciativas constituyen expresiones de la acción participativa legítima de las comunidades, que en ejercicio de su autodeterminación y autonomía han identificado las necesidades propias e implementado soluciones a las problemáticas que afrontan, máxime cuando la acción del Estado en la actual coyuntura de salud pública, no ha contemplado medidas que garanticen la subsistencia, ni se a apuntado al fortalecimiento del sistema de salud para asegurar una atención eficiente a quienes puedan resultar contagiados. Estas falencias, se hacen más notorias en zonas rurales apartadas del país, donde existen mayores dificultades de acceso a puestos de atención médica con el nivel y capacidad de atención requerido para atender la pandemia; o en comunidades urbanas empobrecidas, que por lo general sobreviven de la informalidad y que en razón al aislamiento preventivo han sido despojadas de sus formas de subsistencia.
En varias regiones del país, el Estado -a través de la fuerza pública y militar - ha pasado por alto los principios básicos y acuerdos de convivencia de las comunidades campesinas y han atacado a los integrantes de las comunidades responsables de su implementación, a través de actos de intimidación, agresiones con armas de fuego u obligándoles a levantar los puestos de control:
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