Las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. “En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, ha declarado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
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En Ginebra, el 20 de septiembre de 2011, en el XVIII período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya, presenta sus informes 2011, correspondientes al tercer año de su mandato, período Septiembre 2010- septiembre 2011.
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Desde que se inició el conflicto laboral y social en Puerto Gaitán el pasado 14 de julio, y luego en Campo Rubiales, el pasado 19 de julio de 2011, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados.
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Integrantes de consejos comunitarios de Jiguamiandó han sido objeto de intimidaciones y amenazas paramilitares. Afrocolombianos que se trasladaban por caminos de servidumbre fueron abordados por grupos de 10 pesronas con armas largas, entre ellas, una mujer, al mando del llamado "El Mono".
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Luego del desplazamiento de 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 y ahora en 2011, por la violencia paramilitar los afrodescendientes de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica han desarrollado múltiples formas de promoción de la vida campesina y la salvaguarda de sus usos y costumbres.
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“Las denuncias han sido persistentes, se ha venido alertando sobre la presencia y avance de los paramilitares en la mayor parte de los municipios del Sur de Bolívar. Se han dado a conocer al gobierno nacional y departamental los lugares desde donde operan estos en límites de los municipios de Tiquisio y Montecristo, veredas Malena, Quebrada del medio, Tagual, Pincho, Tenche y demás aledañas, van más de 40 asesinatos, una masacre y muchos desplazamientos, Las comunidades se han movilizado exigiendo la presencia del gobierno nacional. EL GOBIERNO NACIONAL NO HA HECHO NADA PARA IMPEDIRLO”
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¿Cuanto dolor, lágrimas, despojo, desaparecidos, presos políticos y torturas más hacen falta para que el mundo cese la complacencia cómplice con el régimen colombiano? Las cifras de asesinados, torturados, encarcelados y desaparecidos, así como las leyes de impunidad para la herramienta paramilitar, el entreguismo a multinacionales y el despojo continuo, demuestran claramente la catadura genocida del gobierno.
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Tras la noticia del asesinato del padre José Reinel Restrepo, párroco del municipio de Marmato en el departamento de Caldas, Colombia, quisiéramos expresar nuestra tristeza y profunda preocupación sobre la posibilidad de que las empresas mineras canadienses estén agravando la violencia en la zona o aprovechándose de ella.
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La Represa del Quimbo, en el Huila, es uno de los proyectos más grandes de infraestructura que se adelantan en el país. Se espera que la hidroeléctrica comience a funcionar en 2014. Sin embargo, del mismo tamaño del proyecto son las implicaciones ecológicas y sociales de esta mega obra. El peñón sobre el Río Magdalena abajo de la Jagua, el puente sobre la quebrada Yaguilga, la iglesia de San José de Belén, las labranzas de cacao de Río Loro, la historia de La Escalereta, el Poira, son algunos de los lugares que han existido desde siempre y que la represa amenaza con destruir.
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Por medio de la presente, diferentes organizaciones canadienses que estamos comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, nos dirigimos a usted(es) manifestando que estamos profundamente indignado(a)s frente al asesinato de José Reinel Restrepo, cura párroco de Marmato, en el departamento de Caldas.
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