Este Informe Especial sobre minería aborda algunos de los conflictos sociales que emergen en el proceso de convertir a Colombia en un país minero, situación que enfrentan también otros países de América Latina y el Caribe. La conflictividad exige mostrar los alcances de las formas de resistencia social a partir de la movilización social contra la minería, señalar violaciones a los derechos humanos que se presentan en zonas mineras, las dinámicas de reconfiguración de territorial y, por último, mostrar los cambios en la política y la institucionalidad minera en el nuevo
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Faiver Chimonja, integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, habría sido blanco de un atentado por parte de grupos armados que protegen a los empresarios que operan en Curvaradó. Anoche una fuente informó que el atentado que se iba a adelantar entre Apartadocito y Llano Rico se frustró por un cambio de última hora de las actividades del defensor de derechos humanos. Agregó la fuente que el plan de atentar contra alguno de los integrantes de la Comisión continúa.
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Son 37 los defensores asesinados entre enero y junio de este año. Por qué está disparada esta forma de violencia selectiva. En lugar de amainar, la violencia selectiva contra los activistas y los líderes sociales está creciendo. Pese a la promulgación de la Ley de Víctimas, a la cuantiosa inversión en esquemas de protección y al discurso oficial en su favor, para los defensores de derechos humanos, los reclam antes de tierras y los dirigentes comunitarios, los primeros seis meses de 2013 fueron los peores en una década: 37 de ellos fueron asesinados.
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Campesinos y delegados del Cauca realizaron una audiencia pública junto a cultivadores de hoja de coca el pasado 26 de julio en Popayán. El encuentro buscó darle un tratamiento político no criminal a la problemática de los cultivos de coca, recogiendo las diferentes propuestas que desde las comunidades y organizaciones campesinas se han venido construyendo. Convocaron a una Mesa de Diálgo Nacional.
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Fumigaciones sobre la comunidad de Ibudó, perteneciente al Cabildo Mayor Indígena Emberá de Uradá Jiguamiandó se produjeron ayer en horas de la tarde. De acuerdo con el reporte, las fumigaciones se realizaron de manera indiscriminada sobre siembras de pan coger que se encuentran limitadas por plantaciones de matas de coca pertenecientes a ocupantes de mala fe. Estos no pertenecen a familias de los Resguardos Embera Catios. Las fumigaciones afectaron sistemas respiratorios y fuentes de agua, y las mismas nunca fueron informadas a las comunidades indígenas.
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Carta del senador Jorge Enrique Robledo al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, 29 de julio de 2013. Señor Presidente: Debo expresarle mi total desacuerdo con la política minera del gobierno, política que se ilustra con una posición tan diferente frente a dos hechos simultáneos que son noticia en el país: el paro de los pequeños mineros artesanales y empresariales y la decisión democrática del pueblo de Piedras, en el Tolima, de decirle no a la gran minería.
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Somos hoy once millones de campesinas, campesinos, Afrodescendientes e indígenas unos 5.400.000 campesinos, 1.600.000 indígenas con 87 etnias equivalente al 3.4% de la población colombiana, y unos 4.000.000 Afrocolombianos que aun habitamos nuestros campos y nos resistimos a salir de él. Se nos aplica un modelo de saqueo, y destrucción de nuestros bienes naturales, un modelo de monocultivos, Megaproyectos, agronegocios, obras de infraestructura, turismo entre otras.
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La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón rechazó en forma enfática y contundente la estigmatización al senador de esta colectividad Jorge Enrique Robledo Castillo por parte tanto del presidente Juan Manuel Santos, como de su ministro del Interior, Fernando Carrillo. Los dirigentes del Polo, dijo López Obregón, de ninguna manera pueden ser calificados como infiltrados de las protestas sociales o instigadores de la violencia como lo ha hecho el gobierno de Santos contra el senador Robledo y el dirigente cafetero
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Juan Ceballos, abogado ambientalista, denunció que la firma Prima Colombia Hardwood se fue del país sin pagar cerca de 40 mil millones de pesos en compensaciones sociales y ambientales en Bahía Solano, Chocó. La historia empezó cuando la Autoridad de Licencias Ambientales negó en agosto de 2012 un permiso a la compañía Prima Colombia Hardwood, para talar cerca de 44 mil hectáreas de bosque en Bahía Solano.
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Amenazan de muerte a dirigente comunitario, su familia y al sindicato, hackean sitios de información y roban computadores y registros de las audiencias de Puerto Gaitán.
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