La decisión del juez 78 de control de garantías de Bogotá, legítima la lucha en defensa de los derechos laborales y sindicales que ha liderado la USO en el Meta y frena la oleada de persecuciones contra su dirigencia, propiciada por transnacionales que bajo la “confianza inversionista” han querido pisotear a quienes le reclaman, con el fin de garantizar el saqueo de nuestros recursos naturales y las vulneraciones aberrantes al medio ambiente.
La medida se demoró en concretarse dos días ante una orden dilatoria del centro penitenciario La Picota y el INPEC, que solicitaba a uno de ellos un paz y salvo de otro caso, que no es requisito condicional para el cumplimiento de la orden del juez de la república.
La decisión que dejó en libertad a los 3 sindicalistas, se basa en que la imputación de cargos de la Fiscalía no tenía la suficiente fortaleza, en su material probatorio, ni en los hechos narrados para mantenerlos privados de su libertad, como también habían incoherencias entre ellas, lo que le permitió a la defensa del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, corroborar la presunción de inocencia y echar abajo los argumentos de la Fiscal 239 seccional de Bogotá, Luisa Fajardo, quien hizo la imputación y habría incurrido en excesos, afectando a los líderes de la USO y favoreciendo los interés de Pacific Rubiales.
El equipo jurídico conformado por Liria Manrique, Eduardo Matías Camargo (Integrantes del Comité de Solidaridad con Presos Políticos), Mauricio Rodríguez del Centro de solidaridad AFL-CIO y Camilo Acero de la USO Meta, quienes lograron este éxito para sindicalismo del país, expresaron, que aunque el proceso continúa su trámite, los compañeros investigados gozan de su libertad.
Así las cosas, solo hace falta por resolverse el caso del Vicepresidente de la USO Meta, Darío Cárdenas Pachón quien sigue detenido en la cárcel de Villavicencio, en unos hechos similares por la lucha obrera en Puerto Gaitán.
UNIÓN SINDICAL OBRERA, 90 AÑOS LUCHANDO POR EL MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS Y POR LA NACIONALIZACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES