La Fundación del Comité de Presos Políticos preparó una visita el 18 de febrero para el padre Bruno Duffé, Primer Secretario del Dicasterio del Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, a la que acompañamos 5 personas de diferentes organizaciones internacionalistas de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer), a las cárceles de la Picota y el Buen Pastor, con la intención de conocer la situación de los presos y presas políticos y sociales ahí retenidos.

Pese a tener el permiso para acceder a estas instituciones penitenciarias, el ingreso a las mismas representó bastante tiempo, entrar a la cárcel de La Picota ya supuso un proceso de mas de dos horas, debido a todo el trámite burocrático que pareciera que lo dilataran deliberadamente, lo que redujo drásticamente el tiempo que se pudo dedicar a conocer tanto las instalaciones de esta cárcel como los problemas y peticiones de las personas encarceladas. Una situación parecida se dio a la entrada de Buen Pastor.

Visita a la Picota

En la visita a la cárcel de la Picota se hizo un recorrido por algunas de las instalaciones del pabellón de máxima seguridad del ERON y después una reunión con presos políticos y sociales. El recorrido se centró, primero, en las instalaciones UTE (Unidad de Tratamiento Especial) que habían sido evacuadas por un proceso de remodelación, pero que evidenciaban síntomas del desespero de los presos ahí retenidos. Se veían las celdas, diseñadas con la intención de causar tormento (espacios muy reducidos sin acceso a luz que podían recibir, durante la estancia, solo una hora al día les permiten salir de esas celdas), algunas las queman los mismo presos y con las tuberías de agua arrancadas. El tiempo máximo de estadía en estas celdas, según el comisionado de derechos humanos del INPEC, era de 5 días por temas de seguridad, y de 72 horas por temas punitivos, aunque presos denuncian que a veces se exceden estos tiempos.

La siguiente parte del recorrido fue la sección sanitaria de la cárcel, manejada en su mayoría por presos con conocimientos médicos debido a la falta de personal trabajando en esta institución. Los presos ahí trabajando contaban que hay 7 médicos que se turnan para atender a mas de 8.000 presos, y que sumado a esto no hay personal especializado. Debido a esto, no hay salud preventiva, solo atención de urgencia. Un preso contaba que en ocasiones no pasan médicos durante dos meses por algunos patios aun cuando el traslado de presos enfermos al área sanitaria es realmente difícil. Todos estos problemas, decía, son consecuencia de la privatización y tercerización de la salud, que ralentiza la atención sanitaria y la convierte en un negocio.

El padre Bruno Duffé tenía mucho interés en conocer en persona al preso político Julián Gil, secretario técnico de Congreso de los Pueblos, que está retenido desde junio del 2018 en un claro “falso positivo judicial” y pudo conversar brevemente con el, pero Julián junto con otros presos, habian preparado una reunion con unos 50 reclusos, y no intervino para dar espacio a que otros compañeros pudieran contar al padre Bruno y los que acompañábamos lo que estaban viviendo en esa carcel.

Durante el encuentro con hombres y mujeres (trans) el padre Bruno Duffé hizo una lectura de la biblia enfocada en la esperanza y en continuar la lucha por la justicia social, después de la cual abrió la posibilidad a las personas ahí reunidas de dar a conocer su realidad. Entre las quejas formalizadas, la alimentación fue uno de los elementos sobre los que se hizo énfasis, ya que hay, según ellos/as, una clara discrepancia entre las estadísticas que ofrece el Estado en gasto en alimentación y lo que les llega realmente, hecho que pone en evidencia la corrupción en todos los niveles de la jerarquía penitenciaria y estatal. Esto, en combinación a la falta de acceso a luz natural tiene, según las personas ahí reunidas, un efecto directo en la salud de las personas reclusas, causando incluso mas estrés a un sistema de salud ya mermado.

Otras problemáticas resaltadas por los presos y presas eran, primero, las violaciones a los derechos humanos que viven de forma recurrente, señalando que los registros y requisas por parte del INPEC acarrean unos niveles de violencia innecesarios, con muertes debidas a esta violencia gratuita. En segundo lugar, comentaron sobre la poca inversión en sistemas educativos carcelarios y la falta de acompañamiento psicológico necesario para que los programas educativos sean funcionales, lo cual significa que la reinserción a la sociedad es prácticamente imposible tanto por la estigmatización que sufren como por la falta de preparación para la integración al mundo laboral. Finalmente, la ruptura del arraigo es otro problema para las personas encarceladas, ya que los desplazamientos y los precios desorbitados de las llamadas limitan severamente la posibilidad de mantener contacto con sus familias, amigos y organizaciones sociales.

Por otro lado, y en relación a la situación de los compañeros y compañeras del colectivo LGTBI, Laura enfocaba su intervención en el castigo que sufren las personas cuya identidad no es heteronormativa: tienen condenas mas largas, y se suma a ello la problemática de falta de representantes propios en materia de derechos humanos. Además, argumentaba que las personas de este colectivo tienen mayores dificultades para acceder a la salud (por ejemplo la falta de acceso a tratamiento hormonal) y a la educación. Igualmente señalaba que son víctimas de violencia tanto verbal como psicológica, y que no cuentan con espacios propios ya que la cárcel esta construida desde y para la masculinidad.

Por su parte, los presos políticos indicaron que las directrices del nuevo gobierno relacionan los movimientos sociales con el terrorismo, debido al deterioro del proceso de paz con las FARC por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos y la ruptura del diálogo con el ELN resultante de la política guerrerista del gobierno. Otra consecuencia de esta actitud, según ellos, son los oídos sordos que hace el gobierno hacia la represión y violencia que sufren. El Estado, además, no reconoce a los presos políticos y por tanto los acusan de delitos sociales para negar el delito político. Además, los integrantes de este colectivo comentaron sobre las agresiones que sufren los representantes de derechos humanos en la Picota, diciendo que si se ponen beligerantes sobre un tema, les agreden o los trasladan a otro patio para diluir el trabajo que están haciendo.

Debido a estas problemáticas resaltadas por los reclusos, de la reunión salieron una serie de peticiones para que el Padre Bruno Duffé llevara a manos del Papa Francisco:

• La consideración de una ley de jubileo que implique una rebaja de condena para los presos y presas detenidos en las diferentes instituciones penitenciarias en Colombia.
• El establecimiento de canales de comunicación con organizaciones sociales y los familiares de los detenidos.
• Veeduría de la persecución del movimiento social.
• La implementación de un enfoque de genero que garantice los derechos de las personas LGTBI en las cárceles.
• El retorno por parte del gobierno a la mesa de negociación con el ELN y cumplimiento de los acuerdos hechos con las FARC.
• Veeduría internacional a las violaciones de derechos humanos que sufren las personas encarceladas en Colombia.
• Que se haga seguimiento de estos acuerdos.

Visita a centro penitenciario para mujeres Buen Pastor

Durante la visita a la cárcel Buen Pastor, en la que se encuentran recluidas alrededor de 2000 mujeres,quedo establecido que existe un grave conflicto entre los y las guardias y las presas. La mayoría de los delitos de las mujeres detenidas están relacionados con el narcotráfico y delitos de vinculación familiar, pero el enfoque de la visita fue para dar a conocer la situación que viven las presas políticas en esta institución.

En la reunión con las presas políticas ahí presentes, se resaltó la necesidad de mantener el espacio del patio donde en la actualidad se encuentran, ya que se ven amenazadas con el traslado a otros patios de la cárcel debido a la intención de la institución de usar su lugar actual como pabellón para madres y sus hijos. Esto supondría tanto una rotura de su capacidad organizativa como un posible crecimiento de violencia hacia ellas, ya que sufren una estigmatización que las pone en peligro. Además, el traslado supondría menor acceso a la enseñanza y algunas facilidades que ofrece el espacio que ocupan en la cárcel. Debido a esto, Lina, una de ellas, contó que se planea una huelga de hambre para dar visibilidad a este problema que las acecha.

El tema de la educación, al igual que en la Picota, fue objeto de queja, ya que argumentaban que la reinserción a la sociedad es imposible debido a la falta de acceso tanto a programas formales de educación como a la información. Al ser consideradas presas de máxima seguridad, no tienen acceso ni a la biblioteca, ni a internet, ni a cursos ofrecidos en la institución penitenciaria, viendo su capacidad de formación reducida a manualidades y otros trabajos que limitan a la mujer a roles tradicionales como el trabajo doméstico y el cuidado. Además hay una falta de profesores para estos cursos así que las clases son impartidas por otras presas dispuestas a compartir sus conocimientos.

Las detenidas políticas señalaron que el sistema de salud en la cárcel Buen Pastor representa un problema, ya que, de manera similar a lo denunciado por los presos de la Picota, la falta de personal especializado para atender las necesidades de las internas es patente. No hay ginecólogos, y Eva contaba que en sus 8 meses de embarazo le habían hecho una sola ecografía. Otros de los casos que fueron expuestos son el de Adela Rodríguez, una mujer a la que le habían tenido que amputar la pierna por no recibir tratamiento preventivo necesario para su cáncer de piel, y el de una señora con cáncer de cuarto grado que no conseguía la domiciliaria para poder ser atendida adecuadamente por un médico especialista.

A manera de conclusión

De las visitas a La Picota y el Buen Pastor y las reuniones con los presos y presas ahí detenidos, se evidencia que las problemáticas resaltadas arriba no son solo resultado de la corrupción o de una falta de cuidado por parte de las instituciones penitenciarias, sino que es consecuencia directa de la política guerrerista del Estado que se viene dando en Colombia históricamente y que ha cobrado fuerza desde la toma de poder de Iván Duque. La política de castigo hacia la oposición y la pobreza tiene consecuencias no solo dentro de las cárceles sino también fuera de ellas. Las problemáticas que denuncian los presos, de hecho no son ajenas a las problemáticas que viven las personas que no se encuentran detenidas (en términos de acceso a la salud o educación, por ejemplo) pero si se ven agudizadas por las condiciones deplorables de los centros penitenciarios.