El pasado martes 23 de junio, la comunidad del corregimiento El Mango tomó la iniciativa de desalojar pacíficamente el puesto de policía, ubicado en pleno casco urbano. Esta acción fue realizada luego de no encontrar solución a las constantes peticiones y exigencias de la comunidad al argumentar que la presencia de la fuerza pública en medio de las viviendas ha sido la causa de innumerables pérdidas materiales y humanas.
Según los pobladores la presencia de los policías en el corregimiento, mas allá de generar un ambiente de seguridad, representa un constante peligro para quienes viven cerca de las improvisadas garitas. Esto se debe a la alta probabilidad de confrontaciones armadas entre la fuerza pública y la insurgencia, que ha dejado hasta el momento un número considerable de víctimas de la comunidad desde el 2008, año en el que se instaló la estación de policía en el corregimiento.
Después de la desesperada acción de la población por evitar más pérdidas humanas, una delegación de la comunidad se reunió con representantes de la Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, Organización de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y mandos de la fuerza pública con el objetivo de llegar a un acuerdo que concrete la reubicación definitiva de la estación de policía.
Pese a todas las acciones de protesta y encuentros de dialogo con la comunidad, el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el general Rodolfo Palomino director de la policía argumentando que “no hay ni habrá ningún centímetro cuadrado vedado para la fuerza pública”, orientaron ingresar al corregimiento y retomar las posiciones de donde días atrás los uniformados habían sido expulsados.
Los efectivos policiales reingresaron al casco urbano escoltados por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-. Ante estos hechos, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, denunció que “militares y policías apuntaron sus armas de dotación y cámaras de video en contra de la concentración campesina (…) Los agentes de la fuerza pública se distribuyeron por el centro poblado y posteriormente se ubicaron en el lugar en donde habían estado ubicados anteriormente en pleno centro del caserío”.
En medio de los convulsionados operativos de la fuerza pública, el coronel de la policía Iván Ramiro Pérez Manzano, mediante un acta y con la intervención de las instituciones facilitadoras se comprometió con la comunidad a ocupar por quince días un predio destinado a la reubicación del colegio Marco Fidel Narvaez. “De manera inmediata la institución policial iniciará la identificación de terrenos posibles para la reubicación de la estación de policía del corregimiento El Mango, en un lugar en donde no se exponga a la población civil, en todo caso no será un lugar donde las viviendas de los pobladores, ni los pobladores, se vean utilizadas como escudos de la fuerza pública en un escenario de conflicto armado”, estipula el acta.
Sin embargo líderes de la comunidad no están de acuerdo con la decisión. Advierten que la disposición temporal se puede convertir en algo permanente y que durante los quince días del plazo pactado, la comunidad continuará en riesgo. Colombia Informa conoció que para encontrar una solución efectiva, el próximo miércoles primero de febrero, se llevará a cabo una reunión en la que se espera la participación de representantes del gobierno nacional, delegados de policía nacional y voceros de la comunidad, con el acompañamiento del gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y delegados de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Mientras tanto los argelianos continúan a la expectativa de una solución favorable. Corregimientos y veredas han manifestado su apoyo con El Mango y se han puesto a disposición de acciones de solidaridad que aseguren el mandato de la comunidad de no continuar siendo “escudos humanos” para la fuerza pública.