El tratamiento represivo dado a los justos reclamos de distintos sectores de la población y la imposición a rajatabla de políticas contrarias al interés nacional, por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y de los mandatarios locales que siguen sus lineamientos, comportan características autoritarias similares a las utilizadas por sus antecesores.

El énfasis de las declaraciones y actuaciones del gobierno de la “manguala nacional” en materia de seguridad y orden público, está puesto en continuar brindando mayores garantías al capital financiero internacional y a sus empresas multinacionales, para complementar así las dadivosas condiciones otorgadas en los contratos de inversión, amén de machacar en la reiterada seguridad jurídica para los mismos. Mano dura contra las protestas sociales y laxitud e impunidad para los delitos que a diario se cometen contra la soberanía de la nación, el erario, los derechos laborales, las libertades sindicales y los derechos de los ciudadanos en general. Permisibilidad con el ventajismo que las multinacionales gringas y europeas, principalmente, imponen contra la producción y los empresarios nacionales en los TLC y en las recomendaciones de los distintos foros y organismos internacionales creados para imponer la globalización imperialista.

Señalar y recurrir a medidas represivas contra la población y sus organizaciones legítimamente constituidas, y contra los voceros de la oposición, es una negación evidente de las garantías democráticas de organización y protesta. Se sataniza y persigue a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos mineros nacionales; a los empresarios y campesinos que se oponen al aumento de las cuotas de retención cafetera; a los congresistas que exigen cambiar el extorsivo sistema de fijación del precio de los combustibles; a los manifestantes que se oponen a los megaproyectos que destruyen ecosistemas y amenazan territorios de reserva tales como la Colosa, el Quimbo, el Rio Ranchería, el páramo Santurbán, entre otros; a los empresarios y trabajadores que resisten la implementación o aprobación o negociación de los dañinos TLC; a las frecuentes protestas de sindicatos y trabajadores contra las formas ignominiosas de explotación laboral que implementan las multinacionales. Y, además, orquestan una campaña de desprestigio contra los miembros de las altas Cortes por su decidida oposición a la reforma a la Justicia.

Las medidas no consisten precisamente en llamados de atención o reconvenciones: son la destrucción e inutilización de maquinaria de los mineros; el decomiso y sellamiento de sus empresas a los fabricantes de derivados lácteos que usan leche cruda; el cierre de mataderos y trapiches paneleros que no cumplen con las extravagantes exigencias sanitarias de los organismos oficiales. La fijación de afiches con fotografías y el anuncio de millonarias recompensas por los jóvenes que participaron de las protestas contra Transmilenio, a la usanza de las tropas gringas contra los rebeldes villistas en México o de los alguaciles contra los vaqueros del oeste norteamericano.

Es evidente la instigación a macartizar y reprimir las resistencias así como el reclamo de los afectados por las políticas y medidas de gobierno. Veamos algunos casos: “Este tipo de minería que utiliza grandes sumas de dinero, que destruye indiscriminadamente el medio ambiente para obtener recursos que van a financiar el terrorismo de grupos al margen de la ley, es nuestro verdadero dolor de cabeza y por ello debemos atacarlo de la misma forma que al narcotráfico”, declaró el ministro Mauricio Cárdenas en la IV Convención Nacional Minera en Bogotá.

“Lo vio toda Colombia por la televisión. Eso es vandalismo, el Alcalde, creo que con toda razón, dice que son protestas vandálicas organizadas con fines diferentes a los que están diciendo que quieren perseguir. Y eso estamos viendo con mucha frecuencia, no solamente en el Transmilenio; en otros sitios” se expresó el presidente Santos, en Leticia, el 10 de marzo de 2012.

Dar a conocer o masificar las definiciones políticas y económicas de gobierno en un medio de comunicación de una de las organizaciones de represión que tiene el Estado, es una evidente acción intimidatoria contra las organizaciones sociales que las rechazan y que van a resultar afectadas por tales medidas. Es el caso del periódico PNC de la Policía Nacional, edición 9 de febrero de 2012, dedicado a favorecer las decisiones del gobierno sobre reparación a las victimas, restitución de tierras, extranjerización de la tierra, la locomotora de la gran minería y la política petrolera, entre otros. Uno de los cuerpos que conforman la Fuerza Pública asumiendo una actitud deliberante sobre el modelo económico y social.

En el mismo sentido, el alcalde de Bogotá la emprendió de manera temeraria y calumniosa contra el MOIR, el Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo, la Organización Colombiana de estudiantes, OCE, la exalcaldesa y presidenta del PDA, doctora Clara López, el senador Jorge Enrique Robledo y contra las personas que formaron parte de la anterior administración distrital, pretendiendo inculparlos por los desmanes ocurridos el nueve de marzo pasado, en las estaciones del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, Transmilenio. Entre tanto, se puso contra las crecientes manifestaciones de inconformidad ciudadana e hizo política contra los que considera sus opositores políticos, valiéndose de su calidad de jefe del gobierno del Distrito Capital.

Queremos expresar enfáticamente que ni el MOIR ni ninguna organización bajo su influencia hicieron parte de los desmanes presentados con motivo de la justa protesta en la que se expresó la inconformidad de los usuarios por el mal funcionamiento del sistema Transmilenio y contra los leoninos contratos, que le facilitan a un privilegiado grupo de empresarios obtener multimillonarias ganancias con la explotación de los articulados y alimentadores de ese servicio, situación que ninguno de los gobiernos ha remediado en beneficio de los bogotanos. La anterior aclaración la hacemos ante los falaces señalamientos que el alcalde Petro y varios de sus funcionarios han hecho contra el MOIR, acusándonos en sus “trinos”, desde cometer vandalismo hasta de ser contratistas de la administración de Samuel Moreno.

Cuando el MOIR o las organizaciones sociales bajo su influencia organizan y convocan acciones de masas o se suman a las convocadas por otros, lo hacen de manera abierta y dentro de las pautas de la lucha democrática de masas. De esta conducta nuestra pueden dar fe miles de dirigentes sociales y políticos, gobernantes y autoridades en todo el país. Si algún respeto y ascendiente hemos ganado, es en mucho por nuestro irrefutable, permanente y prolongado apego a esta consecuente línea de acción, en la cual hemos tenido siempre un franco deslinde con las posiciones anárquicas y terroristas.

Las fuerzas democráticas del país, incluidos importantes sectores de la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la academia, la intelectualidad y los empresarios nacionales, no se dejarán intimidar por los procederes autoritarios del gobierno de Santos y, por el contrario, multiplicarán sus esfuerzos para que con la movilización civilista y democrática, podamos dar al traste con la recolonización del país por parte de Estados Unidos e impulsar una propuesta que le devuelva la soberanía y la democracia a la nación colombiana.

Nota complementaria. La declaración de Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo y principal vocero de nuestra tendencia, sobre el anuncio por parte de las Farc de liberar a los secuestrados, es la síntesis de nuestra histórica posición sobre esa deplorable práctica y está en todo de acuerdo con el Ideario de Unidad del Polo, que contiene las definiciones programáticas que son guía de nuestras luchas políticas y sociales. Por tanto rechazamos por insultante e intimidatoria contra nuestro compañero y nuestra tendencia, la columna “las lagunas ideológicas de Jorge Enrique Robledo”, publicada en el medio virtual ANNCOL, el 28 de febrero de 2012.

Fuente : Observatorio de conflictos mineros en America Latina