La minería y el extractivismo son dos de los principales elementos de discusión frente al modelo de gobierno, ya que se plantean como pilares del desarrollo para el presidente Santos. Para hacerle frente y detener la llamada locomotora minero-energética, se fundó en diciembre la Coordinadora Nacional Minero Energética. Colombia Informa dialogó sobre este tema con Danilo Urrea de la organización ambientalista Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia.

Colombia Informa: ¿Cuál es el momento real de la minería en Colombia?

Danilo Urrea: Colombia está exportando al año 75 millones de toneladas de carbón, de las cuales más o menos 33 millones de toneladas provienen del Cerrejón, y ahora se dice que para el 2015-2016, el Cerrejón va a exportar 40 millones de toneladas. Quiero con eso mostrar que la explotación del carbón no depende de Colombia, sino depende del mercado internacional, más allá del alza o la baja en los precios del carbón.

Y esto me lleva entonces al caso que nosotros hemos venido trabajando y es el de La Guajira. Ese es un excelente escenario para demostrar que el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar de la población, y para mostrar todas las consecuencias nefastas que trae un modelo minero y un modelo extractivo como hemos denunciado en muchos lugares, un modelo que es devastador y privatizador del agua, ha desplazado poblaciones, genera perdida de la cultura, genera toda una serie de conflictos relativos a la manera como se ha venido explotando el carbón en el departamento.

Nos dicen que el Cerrejón es mostrado siempre como la minería responsable, no solamente para Colombia sino para América Latina, ¿responsable de qué? Yo creo que es la minería responsable de la privatización y desaparición de las fuentes de agua, es la minería responsable de que comunidades hayan tenido que salir y que hoy no encuentren los lugares donde poder seguir soñando y manteniendo la relación con sus creencias y sus sabidurías, que no tienen plantas tradicionales para tratar sus enfermedades. Es responsable del intento de desaparición de una cultura como la Wayu.

Pero no es minería responsable en términos de que es sostenible, en términos de que genere empleo, eso son cosas que podemos demostrar y ser prueba de que en La Guajira no suceden. Pero sobretodo el Cerrejón es el mejor ejemplo de lo que sería Colombia con una locomotora minero-energética como la que se pretende, es decir, si nosotros tuviéramos una explotación de acuerdo a lo que proyecta la locomotora del gobierno Santos, tendríamos muchas explotaciones como el Cerrejón en el departamento de La Guajira. Entonces significaría una Colombia con mayores problemas de acceso al agua, una Colombia con mayor brecha entre riqueza y pobreza, y sobre todo un país que no tendría la capacidad de garantizar el futuro de las generaciones posteriores porque ese futuro depende del agua, depende de la garantía de territorios que estén saludables y eso precisamente es lo que ha acabado el modelo en donde ya se ha realizado y lo que pasaría sin lugar a duda en muchas partes de Colombia.


C.I: ¿Cuál sería la forma o la posibilidad de una lucha contra la minería a gran escala, después de varios años de movilizaciones y juicios éticos y demás acciones que aún no frenan esa locomotora?

D.U: Un primer elemento, creo que es la construcción de la política desde lo comunitario y la construcción de la política de abajo hacia arriba. Eso puede sonar discursivo y se puede decir que ya todo el mundo habla de cómo construimos una nueva política, pero yo creo que se están dando escenarios de participación en el país que implica que le pongamos atención a cómo también hay mecanismos constitucionales y legales que permiten decisión soberana sobre el territorio.

Me refiero a esa construcción de la política basada en la decisión popular y para eso tenemos consultas populares, tenemos escenarios de referendo, mecanismos de participación popular en última instancia, que permiten que sean las comunidades y los pueblos quienes decidan qué hacer con sus territorios y esa decisión tiene que llevarse a otro escenario de discusión.

Creo que lo que hacen el Congreso de los Pueblos y las organizaciones que se juntan alrededor de la construcción de una coordinadora minero energética es precisamente dar un paso hacia ese camino. El camino de juntar a los pueblos no se trata de unos dirigentes que hoy quieran construir desde lo discursivo, sino se trata de una relación de los procesos históricos que están territorializados en la defensa y en la lucha por el territorio y que van encontrando escenarios de discusión para construir entre todos esa política.

Entonces creo, también, lo que está pasando con la cumbre nacional y la discusión con el gobierno colombiano donde lo minero energético es el principal punto de negociación o por lo menos el primero que se está trabajando en la discusión con el gobierno, muestra que hay claridad en que, primero se deben revisar toda la actualidad de licenciamiento, de la entrega de títulos; de todo lo que tiene que ver con lo minero energético. Tiene que estar enmarcado esto en la legalidad, la explotación de los bienes naturales debe tenerse en cuenta dentro de la legalidad, lo que no, pues no se puede hacer porque está en paramos, en parques naturales, etcétera.

Luego de eso, hay que pasar a la propuesta con la decisión popular de qué se quiere hacer con los territorios y yo creo que nada de eso funciona si no hay al tiempo un escenario de movilización. Sin la movilización popular correlativa a la negociación con el gobierno, a la construcción de propuestas locales que se articulen en una gran propuesta de diálogos nacional minero energético, creo que no tendríamos mucho. Pero combinando esas formas de organización es probable que tengamos la posibilidad de presentarle, a un gobierno que no tiene la más mínima intención de negociar el modelo minero energético, la voluntad de los pueblos y por lo menos plasmar que hay una propuesta de cómo se debe administrar el territorio nacional y que la soberanía de sus territorios está por encima de la entrega de esos bienes comunes al modelo corporativo trasnacional.


C.I: ¿El gobierno no está dispuesto a esa negociación minero energética, cómo se analiza eso en el marco de la construcción de paz en Colombia?

D.U: Si el gobierno no está dispuesto a la negociación de la política minero energética, el gobierno tiene serias contradicciones en la posibilidad de construir paz en el país porque es justamente la política minero energética, entre otras razones históricas en Colombia, la que ha llevado a que haya enfrentamiento entre diferentes sectores de la población y que haya enfrentamiento con los gobiernos históricos en Colombia. Porque el despojo de tierras ha sido una de las condiciones necesarias para poder instalar el modelo, quiero decir, sí damos datos bien sabidos por la población colombiana, entre el año 2002 y el año 2010 se desplazaron 4 millones de personas en Colombia y se despojaron a sangre y fuego 8 millones de hectáreas.

¿Qué hay dentro de esos 8 millones de hectáreas y donde salieron 4 millones de personas de sus tierras? Ahí están los principales proyectos minero-energéticos. Entonces hay una relación directa entre la violencia estructural, paramilitar y estatal con el despojo de tierras para la instalación de mega proyectos. Entonces si el modelo no se negocia, no se está negociando la reparación a quienes fueron víctimas de esos despojos de tierra y quienes tuvieron que salir para garantizar el modelo, supuestamente de beneficio económico para el país; ese es un primer elemento.

Y yo creo que, y para no hablar en el aire, solamente como proyección teórica, miremos lo que pasó en Salvador y en Guatemala luego de las firmas de los Tratados de Paz de la década de los 90. Se firma la paz, hay un fin del conflicto en Guatemala y Salvador y posteriormente llegan todas las empresas y obtienen todos los marcos regulatorios, obtienen todas las facilidades para la explotación.

No queremos que eso pase en Colombia, por eso si el gobierno quiere tener una posibilidad de construcción de paz, lo primero es la posibilidad de escucha para los pueblos, respecto a qué quieren en sus territorios y qué tipo de alternativas tienen frente a la producción de energía, al manejo del agua, a la alimentación, a la producción de alimentos, etcétera; sin esa condición no hay posibilidad de paz en Colombia, es la condición necesaria.

La paz no significa la firma de un acuerdo con un agente armado o entre dos agentes armados. La paz significa la construcción de posibilidades de construir una vida digna con todos los sectores de la población.

Y si se quiere paz hay que escuchar a todos los sectores y hay que poner en discusión si se quiere o no la minería en determinados territorios, si se quiere o no la distribución de las rentas de determinadas formas, pero no es una paz condicionada a la contradicción que, a mi juicio, es falaz que nos está llevando el gobierno y es desarrollo o guerra, esa no es la contradicción, es construcción de vida digna para construir paz en Colombia.