28 dic. CI. – Antes de terminar el convulso año 2016 debemos resaltar el protagonismo que han tenido los grupos paramilitares en la continuidad de la guerra en Colombia, el avance del narcotráfico y la persecución, asesinato y desplazamiento del movimiento social; así como su interés en ser reconocidos por el Gobierno y la sociedad como grupos armados beligerantes, con carácter político y fundamento ideológico rebelde. Una contradicción evidente en un conflicto histórico de élites contra pueblos.

Negociación con los paramilitares

En el 2016 los grupos paramilitares manifestaron su intención de iniciar una negociación política con el Gobierno nacional, exigieron ser tratados como fuerzas insurgentes y buscaron el abandono del uso de las armas. Todo esto a partir del diálogo que se dio entre  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el gobierno de Juan Manuel Santos. No obstante, el conjunto de diferencias que existe entre la insurgencia y el paramilitarismo desde lo ideológico, territorial y accionar militar, hace que una posible negociación con el Gobierno sea un ex abrupto.

Ahora bien, los atentados y asesinatos a líderes sociales y a la comunidad en general, así como el Paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- en el mes de marzo, evidencian la naturaleza política de los paramilitares: atacar a las comunidades, las organizaciones sociales, los procesos de restitución de tierras, hostigar a los defensores de derechos humanos, a los estudiantes; violentar las protestas y manifestaciones populares y asediar los territorios, mientras el Estado demuestra ser insuficiente para garantizar la paz.

Aqui Mapa Asesinatos Paramilitares 2016

¿Actor beligerante?

Para consolidar el carácter de beligerante de un grupo armado, según el Derecho Internacional, éste  debe contar con tres elementos mínimos: Dominio territorial; Unidad de mando; Operaciones militares sostenidas y concertadas. Así pues, los paramilitares de las AGC, que en su página oficial declaran que: “Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son el principio del resultado de un proceso de paz fallido con lo que fueran las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-”, reclaman la posibilidad de negociar con el Gobierno; tal y como lo hicieron las insurgencias cincuentenarias de las FARC y el ELN.

Además de esto, hay evidencias que demuestran que un posible reconocimiento de beligerancia a los paramilitares es un desatino en términos de legalidad y legítimidad. En primer lugar, es cierto que la unidad de mando de las AGC está bajo la comandancia de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, pero también es una realidad la relación histórica entre paramilitares y las Fuerzas Armadas y militares del Estado, bajo la comandancia del Presidente de la República, hoy Juan Manuel Santos. De allí que las operaciones militares sostenidas y concertadas por las AGC no estén en contra del Estado sino en contra de la población civil.

Mapa Paramilitares Colombia 2016

En segundo lugar el paramilitarismo es un fenómeno histórico y estructural en el país, que no es reciente ni nació con las AUC o se limita a su aparato armado, pues este “forma parte de una vieja tradición de las élites nacionales de acallar a sus opositores mediante el uso de la fuerza, como ocurrió con los Pájaros de los años de la Violencia, para no ir más atrás. Tiene sostenes doctrinarios con raíces en la Guerra Fría. Su historia más reciente está intrínsicamente ligada a la del narcotráfico, y cuenta también con importantes apoyos sociales, económicos y políticos”, escribió el ex Alto Comisionado de Paz, Daniel García, en la investigación “La Relación del Estado Colombiano con el Fenómeno Paramilitar: por el Esclarecimiento Histórico”.

Acuerdos con las FARC y negociaciones con el ELN

En el tercer punto de los acuerdos logrados en las negociaciones para la construcción de la paz entre el Gobierno y las FARC, se expresa la necesidad del desmonte de las estructuras paramilitares, como las AGC, para lograr la construcción eficaz de la paz. El Acuerdo resalta el compromiso para lograr “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos de la paz”.

Si bien las negociaciones en La Habana terminaron, y todavía no empiezan las negociaciones en Quito con el ELN, es urgente la respuesta desde el Estado ya que ha sido cómplice de la creación, fortalecimiento y continuidad de los grupos paramilitares en Colombia. La construcción de la paz, en condiciones para el goce efectivo de la libertad de la nación colombiana, es una obligación del Estado, y el paramilitarismo es uno de sus mayores obstáculos y limitaciones.