El municipio petrolero de Puerto Gaitán (Meta) fue el lugar escogido para realizar, entre el 13 y el 14 de julio, la tercera audiencia del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, en la que se recogieron testimonios y pruebas que comprometen a la trasnacional de origen canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) y a otras trasnacionales que operan en Colombia con violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales, sociales y económicos.

En horas de la tarde del 12 de julio, comenzaron a llegar las delegaciones de organizaciones sociales y comunidades desde Arauca, Casanare, Meta, Bogotá, Guaviare, Vichada y Santander a Puerto Gaitán, municipio que ha sido afectado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la alianza entre paramilitares, alcaldes del municipio y las trasnacionales que operan allí. Francisco Castillo, integrante de la Corporación Aury Sará, manifestó lo significativo de haber realizado la audiencia petrolera en Puerto Gaitán: “para nosotros es un avance importante […] prácticamente teníamos vetado discutir este tema en esta región y, particularmente, en Puerto Gaitán. Sinceramente, había un miedo de la gente de venir aquí, porque hace seis meses tuvieron que salir corriendo algunos sindicalistas (sic.) ante el inminente asesinato de uno de ellos”.

El 13 de julio, en el salón de eventos de la Alcaldía de Puerto Gaitán, se instaló la audiencia petrolera. Asistieron aproximadamente 500 personas, entre gobernadores indígenas de los pueblos Achagua, Uwa y Sikuani que hacen presencia en la región, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO), ambientalistas y una delegación de organizaciones sociales de Canadá, que estuvo conformada por algunos sindicatos y activistas de derechos humanos, entre ellos Amir Khadir, diputado en la provincia de Quebec del Partido Quebec Solidario; Terrylynn Brant, miembro de la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC); Constance Vaudrim, del Comité para los Derechos Humanos en América Latina (DHAL); Giuliana Fumagali, representante del Sindicato de los Trabajadores Postales (STTP) y Guy Martin, abogado de la Confederación de los Sindicatos Nacionales de Quebec (CSN).

En el juicio, cumplió la función de fiscal Francisco Ramírez, abogado y presidente de Funtraenergética, y el cuerpo colegiado del jurado estuvo integrado por Manuel Vega, investigador e historiador; Leila Celis, profesora de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal; y Dave Coles, presidente del Sindicato de Energía, Comunicación y Papel de Canadá. Ante ellos y la comunidad se presentaron pruebas contra las trasnacionales Pacific Rubiales y la Occidental Petroleum Corporation (OXY), empresas que han ocasionado desplazamiento forzado, violación a los derechos humanos y laborales, la explotación excesiva de los recursos naturales y minerales, la destrucción del medio ambiente, evasión de impuestos y ruptura de los tejidos sociales y culturales de las comunidades afectadas por la explotación petrolera.

Daños ambientales por la explotación petrolera

En el marco de la audiencia se denunció el caso de la Laguna de Lipa, ubicada en el departamento de Arauca, cuerpo de agua considerado por los pueblos Sikuani y Uwa como santuario natural: allí pescaban, cazaban y realizaban sus ritos ancestrales. Sin embaro, con la llegada de la OXY en los años 80, estas prácticas fueron cambiando, debido a la exploración y explotación petrolera. Además, la multinacional ha instalado campamentos y maquinaria en los territorios que habitaban las comunidades indígenas.

Luis Alfredo Cedeño, representante de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca (Ascatidar), reveló que “el 13 febrero de 2003, Ecopetrol, en representación del Estado, y la OXY celebran la firma de Contrato de Asociación de Chipirón [...] ubicado dentro de la jurisdicción municipal de Arauca y Arauquita […] Se están construyendo las localizaciones o plataformas en una isla artificial, conectada (sic.) a través de una construcción de vía férrea entre la isla y la orilla del espejo de agua para instalar los equipos de perforación […] Ésta es la parte más grave de lo que hemos venido denunciando. Esa empresa petrolera quiere acabar con ese santuario, quiere hacer una isla artificial en el centro de la laguna”.

Martha Chivatá, líder comunal de la vereda la Esmeralda, entregó al fiscal y al cuerpo colegiado dos botellas que contenían agua del río Acacías, en las que se podía evidenciar la contaminación por la explotación de petróleo. En este municipio opera Ecopetrol con el proyecto Bloque Cubarral, el cual, según denuncias, está afectando 25 veredas de la región. Al respecto, la líder comunal manifestó que  “ya no se consume el agua de los aljibes […] de la estación Chichimene también botan el agua de las piscinas [de petróleo] sin tratar ni nada la botan al río Acacías. Llega negra, con harta calor, humo, espuma”. Agregó que “ese olor no se aguanta. Nosotros nos enfermamos de los pulmones, dolor de cabeza, vómito […] Cuando los bomberos no nos llevan el agua, a nosotros nos toca tomar del agua contaminada. La vereda La Esmeralda se está muriendo lentamente sin agua y uno sin agua no vive”.

Otra caso expuesto fue el de la vereda los Kioscos, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Después de la incursión paramilitar de hace unos años, la vereda quedó desolada y recientemente la gente ha decidido retornar, pero están siendo nuevamente desplazados por la trasnacional Pacific Rubiales. Sandra Enciso, del Proyecto Gramalote y habitante de la vereda, explicó que “el proyecto bandera de Pacific Rubiales es el proyecto CPE-6 (Crudos Pesados del Este), donde nosotros vendríamos a ser el segundo Campo Rubiales; donde en nuestra vereda vendrían a instalar las mismas instalaciones que tienen en Campo Rubiales y ésa es nuestra mayor preocupación. Este bloque petrolero es 50% de Meta Petroleum, que es Pacific Rubiales, y 50% de Talismán Colombia, que es otra operadora también canadiense, ellos son socios, […] pero la operadora es Pacific Rubiales”.

Pacific Rubiales: conflicto laboral

Pacific Rubiales Energy estableció en sus campos de explotación petrolera de Puerto Gaitán una política antisindical, de mano de obra barata, de tercerización, de bajos salarios, de jornadas de trabajo de más de 12 horas y de acoso laboral. Por estas razones, los trabajadores se han lanzado a la huelga en varias ocasiones y la Unión Sindical Obrera (USO) ha tratado de negociar un pliego de peticiones con la trasnacional, pero ésta se ha opuesto repetidamente a dar soluciones concretas a las problemáticas de los obreros de Campo Rubiales. Entre los meses de julio y octubre de 2011, los trabajadores se declararon en asamblea permanente en los campos de Rubiales y Quifa. Las protestas fueron reprimidas con brutalidad por parte de la Policía y del Ejército.

Camilo Acero, asesor jurídico de la USO, señaló que en la huelga de 2011 “había movilizaciones de 7.000 trabajadores, algunos dicen que alcanzaron a haber hasta 11.000 trabajadores movilizados”. Adicionalmente, denunció que la trasnacional petrolera tomó represalias contra los obreros sindicalizados a través de una serie de despidos masivos, calificándolos como una “masacre laboral”, y explicó que “entre octubre y diciembre de 2011, Pacific Rubiales Energy y sus [empresas] contratistas terminan los contratos civiles y comerciales [de los trabajadores], para depurar los campos petroleros […] empiezan a generar las salidas masivas, era un éxodo total de trabajadores […] exclusivamente sacar a todos los trabajadores afiliados de la USO que participaron de las protestas y luego implementar los famosos vetos y restricciones a campo [Rubiales], que también se conocen como listas negras”.

En el marco de la negociación, Pacific Rubiales creó un sindicato afín a sus intereses llamado UTEN, afiliado a la Central General de Trabajadores (CGT), y paralelamente hace un supuesto acuerdo con esa organización para levantar el paro,. Actualmente Pacific exige a sus trabajadores su afiliación a UTEN como requisito para laborar en Campo Rubiales. Camilo Acero aseguró que con esto la trasnacional busca que los obreros se desafilien de la USO para pasarse a UTEN y así evitar que se movilicen por sus derechos. También dijo que “tenemos certificaciones de los trabajadores, donde manifiestan que se le exige bajo presión que si no se desafilian de la USO no pueden ingresar a laborar a los campos petroleros”.

Criminalización de la protesta

Lilia Márquez, integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) denunció que “el municipio de Puerto Gaitán, desde mediados de 2011, resuelve todos sus problemas sociales con ataques militares, lo que hizo que la sociedad de Puerto Gaitán en general mantenga con una sensación de terror permanente […] se maltrata a mujeres, niños y hombres, que han sido sometidos a tortura por parte del Esmad, que han sido sometidos a detenciones arbitrarias que se prolongan hasta por días, que han sido sometidos incluso, como sucedió en el caso del señor Milton Rivas, a homicidios con sevicia, que hoy siguen en la impunidad, porque el actuar de las autoridades judiciales es lento y casi que nulo”.

Después de la Audiencia Petrolera, la Fcspp denunció que, el 16 de julio, fue amenazado de muerte Héctor Sánchez y su familia. En las amenazas reza: “sabemos cada paso que das con su familia. Es bueno que busques ayuda, pero no te servirá de nada. También sabemos que te vas a trabajar. No busque una muerte pendeja, lo mismo para tu mujer y tu hijo”. Héctor es líder comunitario de la vereda el Porvenir, municipio de Puerto Gaitán,  forma parte de la USO y estuvo participando de la audiencia petrolera.

Las propuestas

La audiencia petrolera finalizó con las propuestas de acción y movilización que vienen desarrollando organizaciones sociales y populares para defender los recursos naturales y la soberanía del país. Entre las iniciativas, se presentó la campaña “Alianza por el 50%”, que sostiene que en Colombia se pagan los combustibles más caros del mundo, siendo un paíse exportador de crudo, y que se deben rebajar sus costos para los colombianos a la mitad. Adicionalmente, la USO presentó su propuesta de “Reversión Campo Rubiales 2016″, con la que se pretende que se echen atrás los contratos firmados por el Estado colombiano con Pacific Rubiales Energy sobre esta zona de explotación petrolera y que ésta pase a ser manejada por Ecopetrol.

Se espera que el entre los días 16 y 18 de agosto, durante la audiencia final del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, se emita un veredicto frente a la responsabilidad de las multinacionales que operan en varias regiones del país. En las tres audiencias preparatorias se han podido recolectar pruebas como videos, audios, testimonios y documentos, donde se evidencia la responsabilidad de las empresas Pacific Rubiales Energy, Occidental Petroleum Corporation (OXY), Ecopetrol y AngloGold Ashanti en la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en Colombia.

La iniciativa del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia nace de la necesidad de visibilizar a nivel nacional e internacional las consecuencias que ha traído la explotación minero energética para el país. A este proceso se unió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) por su conocimiento en juicios de lesa humanidad en otros países de América Latina. La primera audiencia se realizó el 22 de junio en Garzón (Huila) sobre las hidroeléctricas, donde se denunció a Emgesa por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo; y el 28 y 29 de junio se presentaron evidencias contra la AngloGold Ashanti, en la audiencia sobre minería en San Pedro (Sur de Bolívar).

Las organizaciones sociales y la comunidad que participó de las audiencias hacen un llamado al resto del país para que en el mes de agosto apoyen y estén atentos al Juicio Ético y Político Contra el Despojo en Colombia. Respecto a ello Víctor Chivaraquia manifestó que “el deber de nosotros es dejar construido para las nuevas generaciones venideras, ese camino de libertad, unidad y de alianzas y continuidad en la lucha”.

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