Así se desprende del estudio realizado por Uniciencia Bucaramanga, “Política Minero-Energética: Análisis del caso Pacific Rubiales”. El autor de la investigación, el analista económico Mario Alejandro Valencia, afirma que “en  el caso de Pacific Rubiales, a pesar de que la base de su riqueza proviene de la extracción del petróleo y gas de los colombianos, una porción importante de la misma procede de la especulación financiera, sobre la cual Colombia no recibe un solo dólar de ingresos”.   Se muestra que el “aumento orgánico en el número de acciones en circulación emitidas por Pacific Rubiales es un derecho exclusivo a producir riqueza que no puede controlar el Estado y –peor aún- percibir algún tipo de beneficio económico”. Por esta vía, la empresa habría producido entre 2009 y 2012 un aumento en la riqueza por 2.455 millones de dólares, unos 4.5 billones de pesos, mientras las utilidades netas en este mismo periodo solamente habrían sumado 1.214 millones, unos 2.2 billones, afirma el estudio.   Agrega el autor que “como Pacific Rubiales está inscrita en la Bolsa de Valores de Toronto y ese país es su domicilio principal, según la Superfinanciera de Colombia el Estado está impedido legalmente para vigilar y controlar hechos que tengan que ver con la emisión de acciones de la compañía”.   Además, la investigación de Uniciencia muestra como Pacific Rubiales podría estar realizando actividades económicas con empresas vinculadas, por fuera del control del Estado colombiano y en detrimento de los impuestos que debe pagar la compañía. Algunas de estas empresas son propiedad de los mismos ejecutivos como Ronald Pantin, Serafino Iacono, José Francisco Arata y Miguel Angel de la Campa. Según el autor, “empresas como Taribo Holdings,  Rose Holdings, Golden Loricera Holdings y Cua Cua Investment, son presuntamente empresas buzón, es decir, empresas de papel que no cumplen ninguna función en realidad, más que servir de fachada a transacciones entre vinculados económicos, práctica que a nivel del sector ya ha denunciado la DIAN”. Por cuenta de estas operaciones, entre el 10 de enero y el 4 de febrero de 2013, algunos directivos y administradores obtuvieron ingresos por 53 millones de dólares, en la emisión y venta de acciones entre Pacific Rubiales y estas empresas.   Pensiones de los colombianos en manos de Pacific Rubiales   La investigación de Uniciencia también muestra la importante participación que tienen los fondos de pensiones colombianos en la composición accionaria de la compañía petrolera. Según Valencia, los fondos de pensiones tienen más de 45 millones de acciones de Pacific Rubiales, así: Grupo Aval (Horizonte y Porvenir) = 18.917.301 acciones, Grupo Empresarial Antioqueño (Protección) = 18.663.518, Colpatria (Colfondos) = 4.939.051 y Skandia = 3.264.921, por un valor total cercano a los 1.000 millones de dólares. El autor indica que “para los trabajadores colombianos es un situación riesgosa, pues una parte de sus futuras pensiones está colocada en papeles bursátiles de una empresa cuya principal fuente real de riqueza es el campo Rubiales, el cual revierte a la nación en el año 2016”; y se pregunta: “¿si el contrato no se renueva, qué pasará con el valor de la acción de Pacific Rubiales? ¿Es otra forma de presionar al Estado, con los ahorros de los colombianos, para que renueven el contrato?”, concluye.   Finalmente, el documento muestra que “el extraordinario crecimiento de Pacific Rubiales no está soportado exclusivamente en su conocimiento técnico, sino también en sus movimientos financieros, sus habilidades políticas y en un Estado obediente con el capital extranjero”. El caso de Pacific Rubiales es un ejemplo de “cómo en medio de un escenario de Confianza Inversionista, grandes compañías del sector minero-energético han encontrado en Colombia una especie de paraíso para desarrollar sus actividades, bajo condiciones que no encontrarían en ningún otro lugar del planeta”.   Mario Alejandro Valencia es Economista con estudios de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Es asesor de Uniciencia, analista económico de Cedetrabajo y junto con académicos como Diego Otero, Amylkar Acosta, Álvaro Pardo, Guillermo Rudas y José Roberto Acosta, entre otros, crearon la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, encargada de hacer seguimiento al aporte que grandes empresas nacionales y extranjeras realizan en materia tributaria al país.

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