El tema de tierra es una prioridad para la gente de Nariño, y por eso fue masiva su participación en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, del 30 de septiembre al 4 de octubre, donde se decidió que la madre tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos y la soberanía es popular. Más de seiscientas personas de organizaciones sociales campesinas, estudiantiles, afro-descendientes, de mujeres e indígenas del departamento de Nariño, situado en el suroccidente de Colombia, participaron en el Congreso.
En Nariño el 57% de la población vive en la pobreza (comparada con el nivel nacional de 46%), porque sólo el 20% de los propietarios tienen el 67.6% de la tierra. Nariño se caracteriza por su ruralidad – 54% de los habitantes viven en zonas rurales (comparado con 24% a nivel nacional) – y de actividad agropecuaria, la cual compone el 39.5% de PIB departamental. La agricultura es de subsistencia, pues más del 80% de los predios son menores de 5 hectáreas, y de ellos 48.04% son menores de una hectárea. Varios sectores agropecuarios, en especial los pequeños y medianos productores, han sido golpeados duramente por las políticas estatales como la apertura económica y la privatización o supresión de instituciones de apoyo. Por eso, sin mencionar el conflicto armado y el desplazamiento forzado, muchos minifundistas han perdido su forma de subsistencia y han tenido que migrar a las ciudades o a otros departamentos, algunos cambiando su actividad económica a la siembra de cultivos ilícitos.
La tenencia de la tierra es una gran preocupación de los nariñenses. Y es que esta tenencia hasta hoy ha sido dañinamente impactada por los actores armados, las políticas económicas y la entrada de multinacionales y proyectos de monocultivos y minería; también por el cambio de la vocación agroalimentaria del país por parte de los gobiernos neoliberales hacia la generación de energía para aliviar las necesidades de combustible que el capital requiere. Según Sidley Ruano, del CIMA-CNA, “quieren un campo sin campesinos, pero somos una oposición rotunda y eso nos motiva a llegar al Congreso de Tierras en defensa de nuestro territorio, nuestra identidad y el futuro de nuestros hijos”.
A pesar de ser un departamento de vocación agropecuaria, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Hacia una sola Colombia: camino a la prosperidad democrática,” plantea en la planificación estratégica regional de áreas homogéneas que la nueva vocación sea la minería para alcanzar el crecimiento económico, la generación de empleo y reducción de la pobreza, entre otros. Según información de Ingeominas, actualmente hay 992 solicitudes de títulos o concesiones o procesos de legalización de minería en 52 de los 64 municipios del departamento de Nariño. Una tercera parte de superficie del departamento, unas 333.000 hectáreas, está en peligro de ser sometida a la degradación ambiental que trae la gran minería. Nariño es el cuarto departamento en la nación en prioridad minera, después de Antioquia, el Chocó y Cauca. Las empresas más grandes que están presentes allí son la AngoGold Ashanti, Anglo American Colombia Exploration, y las mineras canadienses Gran Colombia Gold y Eco Oro Minerals, antes llamada Greystar.
La locomotora más importante del gobierno Santos es la preocupación más grande del pueblo de Nariño. “Según este modelo - dice Luzmila Ruano, del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA) - pasaremos a ser jornaleros de la minería en vez de propietarios y productores. Esto traerá problemas sociales, económicos y ambientales. La presencia de la gran minería se da conjuntamente con la presencia de actores armados, que traen atropellos, violación de los derechos humanos, amenazas a líderes y lideresas, despojo de tierras, muerte y desplazamiento. Antes de la entrada de las transnacionales, no se veía tanto la presencia de los paramilitares”.
“A principios de este año, empezamos a ver la presencia física de las empresas, realizando las actividades de exploración”, dice Robert Daza, también del CIMA y el CNA. “Ya las empresas llegaron al norte de Nariño, una región agrícola que está desarrollando un proyecto para mejorar la calidad del café, que es el sustento de la economía. Uno de los insumos principales para producir un buen café es el agua, pero con la actividad minera grandes cantidades de agua serán afectadas y contaminadas, en una zona donde sólo hay el agua necesaria para realizar actividades cotidianas”.
Organización y Movilización de la comunidad nariñense
Con respecto a las problemáticas gemelas de la minería y el agua, los movimientos sociales de Nariño declararon en el primer Foro Departamental de Aguas y Minería, evento que se realizó en la ciudad de Pasto en julio de este año, “no a la gran minería en nuestros territorios, pues atenta contra la vida de las comunidades, los ecosistemas y nuestro ser espiritual y ancestral”. El Foro de Aguas y Minería fue uno de los eventos preparatorios de la región para el CNTTS, con la participación de más de 500 delegados y delegadas de las comunidades campesinas, negras, indígenas y urbanas. Los y las asistentes conformaron una mesa para la interlocución con entidades gubernamentales y voceros comunitarios donde expusieron las iniciativas acordadas frente al tema de agua y minería en el departamento de Nariño.
Llegaron a la decisión de que las comunidades tienen derecho a definir sus planes de vida en el territorio, por lo cual promueven la autodeterminación de los pueblos para hacer de sus actividades económicas una posibilidad para el buen vivir; no se les puede imponer políticas económicas y de ordenamiento desde intereses extranjeros. El resultado fue un compromiso de los asistentes para rechazar de manera categórica y enfática la entrada de las multinacionales, a través de acciones de movilización y de carácter participativo, una propuesta que la gente de Nariño llevaría al CNTTS para ser declarado mandato allí.
En preparación para el Congreso Nacional de Tierras, los pueblos de Nariño organizaron giras promociónales, asambleas preparatorias, foros con el acompañamiento de Fedeagromisbol y un campamento de jóvenes en el municipio de Samaniego, en el cual 90 jóvenes participaron, destacando los problemas que les impactan, y resolviendo declararse objetores por conciencia, defensores de la tierra, vinculados a través de su identidad al territorio, y comprometidos a salvaguardarla. Se realizaron reuniones en muchos resguardos indígenas, donde mucha gente desconocía el Congreso y no tenía mucha oportunidad de salir.
La preparación no fue limitada a la sensibilización y formación, también se manifestó en la acción. El 20 de agosto doscientas personas se movilizaron en contra de la gran minería en Arboleda y San Lorenzo, municipios en el norte de Nariño, donde Gran Colombia Gold ha estado en fase de exploración desde principios de año.
Seiscientos Nariñenses viajaron a Cali para el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías en Calí. La gente provenía de varias organizaciones de Nariño – quinientos eran del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), el Comité de Integración de Galeras (CIGA), el Coordinador Agrario Nariñense del suroccidente del departamento y la Red de Agro-Sembradores y Chagreros de la Cordillera Nariñense – las organizaciones nariñenses que hacen parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA). También desde Nariño participaron unos cien miembros de otras organizaciones, como la Confluencia de Mujeres, Identidad Estudiantil, la Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, el Coordinador Nacional Campesino, Fuerza Común, un Movimiento Juvenil en Nariño, maestros que hacen parte del sindicato del magisterio, el cabildo de los Pastos de Santa Cruz Guachaves, MAIZE – una organización de campesinos de Samaniego, escuelas agroalimentarias de Túquerres, y del piedemonte costero participaron campesinos, afro-descendientes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), e indígenas del cabildo indígena Awa de Tumaco.
Los movimientos sociales de Nariño han buscado exitosamente la integración de los varios sectores sociales – los indígenas, afro-descendientes, campesinos y estudiantes. “Son las mismas luchas de todos, entonces buscamos la unidad para que seamos más contundentes, para ser más fuertes”, contó Mario Anama, gobernador suplente del Cabildo de Guachaves.
Los participantes de Nariño en el Congreso priorizaron cuatro ejes temáticos que les impactan y que coinciden con su plataforma política: minero-energético; aguas; economía campesina; identidad y saberes; tierras y territorios.
Propusieron en la mesa de minero-energético del CNTTS un paro cívico nacional como estrategia unificadora de las comunidades – 65% del territorio en zona Andina será afectada por la locomotora minera, según Robert Daza –conducente a garantizar el freno de los proyectos de las multinacionales. También destacaron la necesidad de fortalecer la minería artesanal y pequeña, aunque idealmente algún día la producción alimentaría remplazará la minería, porque el oro es para la vanidad y no para comer, dice Luzmila Ruano del CIMA. “Se está criminalizando la pequeña minería como hicieron con la leche, los huevos y las semillas. La posibilidad de extracción y producción minera está controlada por las multinacionales a través de las leyes vigentes y previene la producción pequeña”, explicó Daza.
En concordancia con las comunidades nariñenses, el Congreso de Tierras mandató prohibir la gran minería y realizar las acciones que correspondan para impedir su presencia. Piensan realizar el paro el otro año; así no salga como paro nacional la gente de Nariño tiene la fuerza para hacer un paro departamental, y si lograron involucrar una gran cantidad de los Pastos tendrían la capacidad de bloquear la mayoría del transporte entre Colombia y Ecuador, dice Mario Anama. “Seguramente el paro lo declaran ilegal, pero es legítimo porque este territorio es nuestro”, dijo Robert Daza.
Contra la privatización del agua y por la soberanía alimentaria
Tema vinculado es la privatización del agua, lo cual los nariñenses rechazan totalmente. A través de los planes departamentales de agua, que intentan privatizar fuentes de agua que han sido conseguidas por los propios esfuerzos y gestiones de las comunidades, el bien público se convierte en privado, lo cual permite el uso indiscriminado del agua para la gran minería y la expansión de la agroindustria y megaproyectos, mientras el agua potable no llega a muchas familias. Las delegaciones de Nariño propusieron en el Congreso la estrategia de fortalecer las redes de acueductos comunitarios, además la propiedad comunitaria de micro-cuencas y de páramos. “El gobierno se ha apropiado el suelo, el subsuelo y el aire, hasta el espectro electromagnético, y ahora puede negociar estos bienes de la comunidad, pero son propiedad de la nación, no del Estado”, dijo Daza. El Congreso mandató la constitución de las organizaciones sociales y comunidades como protectores del agua, quienes abordarán el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación.
Otro eje bien importante para las delegaciones de Nariño, que cabe dentro de la plataforma política del CNA y las otras organizaciones participantes, es lo de soberanía alimentaría, economías campesinas y propias. Como declaró la comisión política del Congreso, el capitalismo es una economía que existe más en el mundo de la especulación financiera que en el mundo de producción real, y para combatir eso los nariñenses proponen una economía basada en la agricultura campesina, no en la extracción de materias primarias y la agroindustria, sino en la producción de alimentos sanos, sin agrotóxicos y transgénicos, para alimentar a la población.
La globalización y tratados de libre comercio han impedido el avance de esta meta, pero sigue siendo un principio de las delegaciones de Nariño, quienes llevaron las experiencias del CNA en el rescate de semillas y rescate de economía campesina ancestral. Con otras organizaciones del país, en el Congreso mandataron la construcción de una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarías y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos; también impedir la presencia de los agrocombustibles y monocultivos que amenazan la soberanía territorial y alimentaría, a la vez que se promueve el fortalecimiento de las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida.
La mesa de identidad y saberes también fue un punto de enfoque de Nariño, en la búsqueda de rescatar y revindicar su identidad rural y productiva. Según explicó Maria Duby Ordoñez del CIMA y el CNA, “como campesinos, nos queremos reconocer como sujetos de derechos, aunque no estamos identificados en la constitución como los afro-descendientes y los indígenas, aportamos a la economía y la construcción de la sociedad y queremos pelear para que el campesino sea reconocido.”
Y, finalmente, tierras y territorios fue una mesa fundamental para las delegaciones de Nariño, donde la mayoría de la población es minifundista, y saben que aunque el gobierno quiere traer minería no habrá economía ni alimentación con este modelo. Discutieron una reforma agraria participativa, y el Congreso declaró que no permitirá que en lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, deben restituir esas tierras—robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afro-descendientes – a las comunidades. “Si no hay territorio, no hay nada. Hay que recuperar la tierra para recuperar todo”, manifestó Mario Anima de Guachaves. María Duby Ordoñez agregó: “Como campesinos compartimos mucho del concepto del territorio con los indígenas; es tierra sagrada para nosotros también – es donde producimos, donde comemos, donde vivimos, donde soñamos y donde construimos nuestro proyecto de vida”.