Los prisioneros en Colombia recientemente han ganado nueva visibilidad. Las acciones de protestas son un factor. El otro es la discusión en las conversaciones de Paz de la Habana de los prisioneros como víctimas del conflicto armado.

Lo que sucede en las conversaciones prontamente llega a ser del conocimiento público en Colombia y en cualquier lugar. Eso se debe a que los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alientan discusiones de sus puntos de negociación en Colombia y los publican en el Internet. Noviembre de 2014 marcó el segundo aniversario de las conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano.

Comenzando el 20 de octubre, huelgas de hambre y el rechazo de las reglas de la prisión se extendieron a través de 14 prisiones colombianas. Portavoces del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), organizador de las protestas, denunciaron hacinamiento, cuidados de la salud miserables, impedimentos para la visita familiar, pobre alimentación, condiciones sanitarias inmundas, y agua escaza y contaminada. Ellos acusaron a las autoridades de la prisión de tortura, represalias y corrupción.

Prontamente ellos llamaron a una declaración de emergencia humanitaria, la aprobación de la Ley 82 la cual reduce las sentencias en un 20%, 8 horas de visitas familiares, soluciones “reales, definitivas e inmediatas” a la crisis de salud de la prisión; y no más extradiciones . Un acuerdo entre Colombia-Estados Unidos proporciona la extradición de 15 a 20 colombianos mensualmente a cambio de un subsidio de Estados Unidos. La mayoría enfrentan cargos por narcotráfico .

Los guardias en la Prisión de Cómbita empeñados en la intimidación, pusieron a los prisioneros políticos en aislamiento. La Prisión de la Tramacúa en Valledupar fue citada como “el centro número uno de tortura y violación a los derechos humanos ”. La Tramacúa, algunos dicen, es el “Guantánamo de Colombia”.

El Movimiento Nacional Carcelario organizó huelgas de hambre en múltiples prisiones en abril de 2013. El Movimiento Nacional Carcelario entonces hizo un llamado a la prevención y la educación a cambio del encarcelamiento, sentencias reducidas o alternativas y un reconocimiento de estatuto especial para los/as prisioneros políticos.
 

Crisis Humanitaria

Recientemente el periódico El Tiempo de Bogotá, publicó un informe, con fotos, documentando el escándalo de la prisión en Colombia. Uno se entera que, a partir de Junio, 2014, las 138 prisiones de Colombia, originalmente construidas para acomodar a 76.553 prisioneros, estuvieron albergando a 117.018 prisioneros – o 40.465 sobre el límite. La prisión de mediana seguridad en Riohacha, en el nordeste de Colombia, tiene 538 prisioneros ocupando el espacio para 100 prisioneros .

De acuerdo al informe, 34.5 por ciento de los prisioneros, algunos encarcelados por seis años, aún no han sido condenados o sentenciados. Los prisioneros con enfermedades mentales son parte de la población general de la prisión, 108 niños viven con sus madres en prisión, y el empleo está disponible para únicamente 1.441 prisioneros. Las actividades de resocialización y educativas son imposibles ya que 117.018 prisioneros deben compartir las 544 áreas comunes de la prisión.

Las expresiones de solidaridad de las FARC con las protestas se sumaron a la preocupación pública. En una declaración del 28 de octubre, la delegación de paz de las FARC, “levanta [ron] su voz en solidaridad con los presos y los prisioneros políticos que han participado en una huelga de hambre y desobediencia pacífica”. Las FARC dieron un respaldo a las demandas del Movimiento Nacional Carcelario y mencionaron a cinco prisioneros quienes murieron sin una adecuada atención médica.

La declaración condenó la “muerte y destrucción” siguiendo a un reciente incendio en la prisión de Barranquilla y denunció la violenta represión a los manifestantes en la prisión de Cómbita. Las FARC instaron “ solución[es para] los problemas estructurales y la profunda crisis del sistema nacional carcelario decadente y descompuesto convertido [ahora] en un escenario de tortura, crímenes y flagrantes violaciones de los Derechos Humanos .”

El equipo de negociadores de las FARC proporciona informes en sus “propuestas mínimas” sobre varios puntos de la agenda, más recientemente aquel de las víctimas. Ese informe, enfocándose más en los prisioneros políticos que en la población general de la prisión, identificó víctimas y asignó responsabilidades. Las FARC consideran como prisioneros políticos tanto a los insurgentes capturados, como a los disidentes no combatientes encarcelados.

Los derechos humanos de los prisioneros políticos están siendo violados, reclamaron las FARC, y ellos son “víctimas del conflicto”. Los negociadores de las FARC buscan el establecimiento de una “comisión especial de estudio con respecto a la situación de los prisioneros políticos”. La comisión “ deberá identificar las víctimas del sistema estatal de administración de justicia que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales.”

Víctimas del conflicto de clase

Al nombrar a los prisioneros como víctimas del conflicto armado, junto con las otras, los negociadores hicieron resaltar la tendencia de sucesivos gobiernos colombianos para englobar a los grupos de resistencia armada, disidentes pacíficos, insurgentes armados y prisioneros de conciencia no violentos juntos como enemigos del Estado. El cisma dentro de la sociedad colombiana es evidente.

Los gobiernos colombianos durante mucho tiempo le han servido ante todo a los grandes terratenientes, pero también a las élites empresariales y financieras. Los gobernantes han procurado proteger su uso y control de la tierra. Aquellos que reclaman hablar y actuar en nombre de la mayoría de la población colombiana están en el otro lado. Así, el contexto dentro del cual el destino de los prisioneros está conformado es uno del conflicto entre clases sociales.

Hay esas otras víctimas: cientos de trabajadores del banano en huelga asesinados en Ciénaga en 1928, miles de pequeños campesinos hambrientos asesinados antes del crimen de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, 200.000 campesinos rebeldes asesinados durante los siguientes 10 años, y decenas de miles de disidentes políticos, reales e imaginados, asesinados después de 1964 cuando las FARC entraron en existencia. Los insurgentes de las FARC originalmente fueron pequeños agricultores defendiendo su derecho a la tierra. Millones de colombianos desplazados de la tierra son víctimas también.

En un conjunto de sus “Propuestas Mínimas”, los negociadores de paz de las FARC identificaron a las partes responsables por la producción de víctimas. Que el gobierno de los Estados Unidos sea una de ellas además confirma la naturaleza clasista de la victimización de los prisioneros. La hostilidad de ese gobierno a las movilizaciones de la gente pobre o trabajadora es bien conocida.

El equipo negociador de las FARC reconoce “la responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, persistencia, y dinámica de expansión, escalamiento, e intensificación del conflicto en diferentes fases y facetas. El resultado ha sido generar procesos de sistemática victimización”.
 

El testimonio en video de un prisionero

En semanas recientes, delegaciones de víctimas colombianas viajaron a la Habana para testimoniar ante los negociadores de paz. La cuarta de tales delegaciones consistente de 11 ex prisioneros se hizo del 3 al 5 de noviembre. Ninguno era prisionero político, aunque una silla vacía en su audiencia habría sido ocupada por el prisionero guerrillero de las FARC Tulio Murillo. Las autoridades colombianas le negaron el permiso para viajar y testimoniar.

La reproducción de un video del testimonio de Murillo llegó a ser un dramático punto culminante. Como lo reportaron en pacocol.org, Murillo dio voz a los prisioneros demandando que la crisis humanitaria en las prisiones colombianas sea superada. Ellos están en prisión, él culpó, por las vagas acusaciones de “rebelión” o “terrorismo” y porque los procesos penales producen “falsos positivos judiciales”. Según Murillo, “ Que el presidente Juan Manuel Santos haya accedido a un diálogo sin cese de hostilidades bilateral no quiere decir que en las cárceles continúe la violación de los derechos humanos. Es inconcebible”,

El ejército colombiano capturó a Tulio Murillo durante operaciones de combate. La tortura en prisión le produjo heridas que llevaron a que su pierna fuera amputada . El vídeo de rendición de su testimonio, grabado en la prisión de Cúcuta en medio de una multitud de prisioneros, muestra imágenes de la vida en prisión.

El académico Francisco Javier Tolosa , él mismo un ex prisionero, señala que : “En medio de la aguda crisis carcelaria y judicial que vive el país, “[nosotros] existimos en Colombia cerca de 11 mil procesados políticos que requerimos nuestro reconocimiento como tal, y como víctimas de este conflicto social armado, que debemos tener viva voz en la construcción de una paz estable, duradera y democrática.”¹

Los prisioneros víctimas de la lucha de clases recientemente consiguieron un estímulo internacionalista de una carta enviada por el poeta Marcos Ana de España. Un firme antifascista, Ana pasó 23 años en las prisiones de la dictadura de Franco y fue dos veces condenado a muerte.

Ana escribió: “La solidaridad no tiene fronteras ni distancias y todos conocemos vuestra existencia y estamos orgullosos de vuestra lucha y vuestros sacrificios. (…) Os arrancaremos de las sombras, os devolveremos la luz del día y la libertad que os arrebataron. Que hay cien pueblos os llaman y os buscan con sus lámparas rojas avanzando desde las cinco partes de la tierra!”.

David Rabelo, un líder del Partido Comunista Colombiano, está cumpliendo una condena de 18 años de cárcel. Ana le envió un libro de sus poemas. En su interior Rabelo encontró un mensaje inscrito: “Nos hirieron, nos golpearon y hasta nos dieron muerte, pero jamás nos doblaron.”²

Notas:
¹ La cita es del libro de Tolosa titulado “Colombia en el Camino de la Libertad y la Paz”, Capítulo dos.
² De la “autobiográfica” en el folleto “Poemas desde la Cárcel” por David Ravelo.
 

(*) Traducido al español por Liliany Obando, prisionera política colombiana.