Las industrias extractivas, los pueblos étnicos y los derechos en Colombia Colombia cuenta posiblemente con uno de los marcos constitucionales y legislativos más progresistas del mundo con relación al reconocimiento de los derechos de los indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales fue ratificado y junto con todos los principales tratados relativos a los derechos humanos ha sido consagrado en la Constitución colombiana. Además, en abril de 2009, el gobierno anunció su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
No obstante, debido a la falta de voluntad política y al conflicto armado interno, estos derechos no son respetados en la práctica. Los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia siguen enfrentándose a un legado de exclusión, discriminación, desplazamiento y violencia. De hecho, algunas de las más atroces violaciones de derechos humanos
se están produciendo en el contexto de las actividades de empresas multinacionales del sector extractivo en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
A pesar de esta realidad, existe un interés cada vez mayor por parte de gobiernos y empresas extranjeras en los recursos naturales de Colombia que está en distintas etapas de negociación e implementación asociado a tratados de libre comercio con Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Como resultado de ello, las comunidades indígenas y afrodescendientes, en cuyos territorios se encuentra gran parte de los codiciados recursos, se ven sometidas a una Inversiones en exploración en 2008, por país presión creciente.