23 jun CI.- López es una lideresa social que trabaja desde hace cinco años con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- de Antioquia. Actualmente es acogida por el Programa Vasco de Protección para Defensores, desarrollado en Euskadi desde el año 2011. Verónica esta cumpliendo una gira por Europa para llamar la atención sobre la grave situación en tema de derechos humanos en la cual se encuentra Colombia.

“Son 705 los líderes sociales asesinados en Colombia desde 2016. Esta cifra sigue aumentando cada día, igual a la referida a los excombatientes de las FARC asesinados y sus familiares, en donde ya contamos 139 excombatientes y más de 70 familiares asesinados”, nos contó Verónica López.

Colombia Informa: ¿Cuál es el contexto de los asesinados a líderes y lideresas sociales?

Verónica López: Los asesinados se cumplen sobre todo en contextos rurales, en contra de defensores comunales, comunitarios, líderes del proceso de restitución de tierras, y líderes de la sustitución de los cultivos ilícitos. Los que cometen esos asesinados son paramilitares o sucesores del paramilitarismo, como prefiere llamarlos el gobierno colombiano.

Esos paramilitares no son los mismos de los años 80-90, donde era más clara su estrategia contrainsurgente, sino que son mercenarios al servicio del narcotráfico y empresarios nacionales y extranjeros. El motivo es claramente económico. Después de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, los territorios no ocupados por el Estado son ocupados por paramilitares. Así, las transnacionales y megaproyectos tienen más facilidades para apoderarse de las zonas. Los únicos que siguen resistiendo son los líderes sociales y entonces es contra ellos que se ejerce la violencia en este momento.

C.I.: ¿Cómo se define el término “líder social” en Colombia?

V.L.: La definición de líder social que utilizamos es la misma que se utiliza en la ONU: Quien ejerce una actividad en defensa de los derechos humanos o algún tipo de liderazgo comunitario. Es claramente una definición muy amplia porque comprende tanto al estudiante del movimiento estudiantil o a los maestros rurales. Esa definición no es la misma que utiliza el Estado colombiano, que quiso restringir esta categoría solamente a los que hacen parte de organizaciones que se llamen defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, muchos líderes sociales no pertenecen a esos tipos de organizaciones. Ese problema lo hemos tenido con el asesinado de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, no reconocido por el Estado como líder social porque no tenia un carné que lo reconocía como tal.

C.I.: ¿Cuáles son las consecuencias de una definición como la que Colombia utiliza para los líderes sociales?

V.L.: Consecuencia directa es que las cifras de los asesinados cambian según las instituciones que las rigen. Hay muchas personas que no hacen parte de una organización legalmente constituida sino que hacen parte de comité cívico o juntas de acción comunal.

El segundo problema es el no reconocimiento de los motivos político-económicos detrás de los asesinados, que son encubiertos como “situaciones de inseguridad”. Eso se hace para desconocer la sistematicidad de esos asesinados y para negar las nuevas dinámicas del paramilitarismo.

C.I.: ¿Y cuáles medidas toma el Gobierno colombiano para enfrentar esta situación?

V.L.: La situación es muy compleja. Primero, porque para el Estado colombiano no hay paramilitarismo en Colombia. Eso habría terminado en 2005 con la Ley de Justicia y Paz y el Plan de Desarme del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Si desconocen la existencia del actor poco pueden hacer para contrarrestarlo.

En ese sentido, habría que reconocer que estos paramilitares que se desarmaron solo mutaron. Los mismos se rearmaron bajo otros nombres. También, habría que reconocer la connivencia con el Estado colombiano y los paramilitares: hay generales de la República que han trabajado y siguen trabajando con ellos.

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C.I.: ¿Cómo se define entonces el paramilitarismo en Colombia?

Los paramilitares son llamados Grupos Armados Organizados -GAO-. El Estado reconoce que tienen cierta línea jerárquica y control territorial, pero niega que son herederos de posiciones políticas de ultraderecha de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y niega que siguen operando junto al Estado colombiano.

C.I.: ¿Y, en respecto a las medidas del Gobierno, que es el Plan de Acción Oportuna -PAO-?

V.L.: Duque convocó un Plan de Acción Oportuna -PAO- con el fin de parar el número de líderes sociales asesinados, pero este plan no va a resolver los problemas estructurales, como ocupar el espacio vaciado por las FARC o desarrollar planes de protección colectivas de comunidades. Este plan gubernamental se concentra en soluciones particulares como las de los chalecos antibalas distribuidos a la población; chalecos que, además, no pasan las pruebas. Se quieren dar soluciones particulares a un problema que es estructural.

Desde Europa Verónica reclama solidaridad con líderes y lideresas sociales

C.I.: ¿Y hay otras propuestas, más concretas, desde los territorios?

V.L.: Desde los territorios hay propuestas de protección colectiva, como por ejemplo, la guardia de protección indígena para el control territorial. Lo que queremos es que se reconozca jurídicamente también a las guardias campesinas, cimarronas y agromineras como instituciones habilitadas para ejercer un control territorial, así como los indígenas. También pedimos que se reinstalen Mesas Territoriales de Garantías a la orden de defensores de derechos humanos para que se reconozca la importancia de los líderes sociales por el Estado y que haya un canal de comunicación efectivo, lo cual permita no solamente generar normativas regionales y locales que busquen proteger a los líderes, sino también la realización de planes de acciones oportunas cuando hay alguien con riesgo de muerte o desplazamiento, para actuar rápidamente.

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C.I.: ¿Y respecto al tema de las transnacionales, qué se sabe en Europa de Colombia?

V.L.: Así como en otros países, se debería crear un observatorio de derechos humanos de empresas. Muchas transnacionales instaladas en Colombia crean filiales o empresas fachadas para desaparecer su registro y no decir lo que hacen con el dinero extranjero en Colombia. Parte de mi gira aquí en Europa es de exigir a cada Estado que haga verificación de lo que está ocurriendo con el dinero de las empresas de cada país en Colombia.

Hay mucha desinformación: La gente en Europa cree que en Colombia hubo una transformación muy grande después de los Acuerdos de Paz, cree que Colombia ahora está pacificada desde la firma de los Acuerdos con las FARC. Cuando uno dice que no se están implementando los Acuerdos en ninguno de sus puntos, la gente se queda sorprendida, y es importante que la comunidad internacional sepa lo que esta pasando.

Los Estados europeos que estuvieron muy pendientes durante la firma de los acuerdos en La Habana, deben presionar al Gobierno colombiano a cumplirlos. Como dijo Fernando Londoño, están haciendo trisa de los acuerdos y a nadie le importa.