El MOVICE apoya

Solidaridad con el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su apoyo a la acción de retorno a las tierras de la comunidad de la vereda Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chimichagua y Curumaní del departamento del Cesar, el cual se realiza el día de hoy, 21 de mayo. Asimismo, expresamos nuestro respaldo a los abogados que acompañan a la comunidad, al Equipo Jurídico Pueblos y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los cuales hacen parte del Comité de Impulso del MOVICE.

La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado a partir del 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en su contra, protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente y empresario palmero, dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

Antecedentes:

Desde la época del desplazamiento, la comunidad y aquellos que la acompañan han sido víctimas de a una serie amenazas, atentados, señalamientos y hostigamientos, entre ellos:

-El 7 de septiembre 2012, el Sr. Jhonel Cárdenas Castrillo, líder comunitario y de restitución de tierras que acompaña a la comunidad desplazada de Pitalito, sufrió un atentado contra su vida en el municipio de Curumaní (Cesar), cuando se encontraba cenando en la puerta de su casa junto a sus hijos menores. Hasta el momento, las investigaciones no han presentado ningún resultado concreto y los responsables siguen libres, a pesar de haber sido identificados.

-El 19 de enero 2013, en una reunión con la Policía Municipal y miembros del Ejército, el alcalde actual de Curumaní, Henry Alfonso Chacón Amaya, advirtió que habían "personas extrañas" visitando el pueblo de Santa Isabel, ubicado a 15 minutos de Curumaní, para conocer a los habitantes y que la comunidad debía tener cuidado porque estas personas tenían "vínculos con la guerrilla". Al parecer se refería a los abogados que venían a acompañar la comunidad, miembros del Equipo Jurídico Pueblos y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

-En vista de estos hechos, desde el MOVICE expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de la comunidad, sus líderes y los defensores de derechos humanos que la acompañan.

Exigimos:

1. Que las autoridades locales, departamentales y nacionales provean garantías para proteger la vida de la comunidad de Pitalito y se aseguren de que haya garantías para un retorno pacífico.

2. Que la comunidad nacional e internacional se comunique con las autoridades competentes, apoyando esta exigencia de garantías para la seguridad de los desplazados que retornan a sus tierras.