Nosotras y nosotros integrantes de la Comisión Ética de la Verdad, que acompaña al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, cuestionamos y objetamos la decisión tomada por el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez frente a la senadora Piedad Córdoba y expresamos nuestra solidaridad con ella y con quienes trabajan por la paz a través del diálogo en Colombia.

En marzo 2010 en una carta abierta y que fue sellada en su despacho, al Procurador Alejandro Ordoñez ante las imputaciones de la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, solicitamos ser escuchadas y llamados. Esta solicitud nunca fue respondida.

Luego de leer la decisión del Procurador, consideramos es evidente la ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la sustentación de la decisión para destituir e inhabilitar a la Senadora Córdoba por 18 años por sus supuestas faltas gravísimas que constituyen en el delito de “fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos al margen de la Ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos… o colaborar con ellos”.

Existen graves vicios en las pruebas como la cadena de custodia, la alteración e introducción de documentos de Word en los computadores de Raúl Reyes, mando de las FARC EP, muerto en una operación militar con graves desconocimientos a los derechos humanos y el derecho humanitario. Las alusiones a conversaciones telefónicas entre dos supuestos guerrilleros del 30 frente de las FARC EP en las que se refieren, nuevamente, supuestamente a Piedad Córdoba, no implican la responsabilidad de ella en la concertación o en el patrocinio de algún delito, son terceros los que al parecer a ella se refieren. En relación con el supuesto uso de un apodo de “Teodora Bolívar” y de conversaciones a través de correo electrónico queda en evidencia que las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar y de fondo no concluyen que se trate de Piedad Córdoba, muchas de las supuestas pruebas, interpretaciones subjetivas, y los hechos mencionados en el fallo no constituyen una extralimitación de sus funciones.

El debido proceso de fondo no fue respetado. Las pruebas solicitas por el abogado de su defensa no fueron recaudadas en su totalidad. No hubo un cotejo razonable de todas las contraargumentaciones muchas de las cuales no fueron respondidas en el fallo del Procurador.

La decisión de Ordoñez expresa esa mentalidad de cruzada contra el terrorismo desde el 2001 que desdibuja los límites en el uso de la fuerza y de la ley por los Estados con la vulneración de los derechos humanos y una mentalidad del Medioevo que demoniza las expresiones que no corresponden a su mentalidad. Esta decisión expresa la posición de sectores dominantes, que se niegan a abrir la posibilidad de una apertura democrática y de una salida distinta a la militar, para discutir de fondo los problemas de exclusión política, económica, social, mediática y ambiental que vive Colombia. Estamos así ante la criminalización del trabajo humanitario por la humanización de la guerra y al mismo tiempo constatamos cómo se convierten en delito las opiniones que disienten de proyectos políticos oficiales. La decisión de la Procuraduría y este hecho parecen marcar el comienzo de una estrategia para declarar la muerte política a la oposición con menores costos en materia del derecho a la vida, y que se ampliara a otras y otros, políticos, defensores y trabajadores por la paz.

La decisión del Procurador Ordoñez envía un mensaje equívoco a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional cuando se pretende una mejora en materia de derechos humanos, al tiempo que se convierte en un obstáculo para la búsqueda de la paz con justicia social.

Muchos de nosotros hemos encontrado a la Senadora Córdoba en junio pasado durante la 8° visita de la Comisión Ética para discutir con ella y representantes de otros congresistas así como agencias internacionales de cooperación sobre la posibilidad de una futura Comisión de la Verdad para Colombia. Escuchamos sus argumentos contundentes acerca de la estructura de criminalidad que controla amplias franjas de la sociedad colombiana y sus instituciones, como se revela en diversas sentencias nacionales e internacionales. Igualmente la pudimos observar en su contacto directo, sensible y respetuoso con comunidades y sus representantes en el encuentro internacional Triatlón por la Vida del Darién en Cacarica y la hemos conocido personalmente en su labor humanitaria, hemos estado a su lado, en conversaciones institucionales, durante sus viajes por Latinoamérica, Europa y EEUU buscando la humanización del conflicto colombiano.

Durante todas esas gestiones fue clara su posición ética en pro de la paz, en pro de soluciones negociadas, en pro de los derechos de las víctimas de la violencia y de que lo que se requiere en Colombia es un proceso de esclarecimiento de las verdades sobre las razones, actores y beneficiarios de este conflicto.

Nuestra solidaridad con la Senadora Córdoba, nuestro respeto por su valentía de querer seguir adelante con sus actuaciones en pro de la vida y la paz integral de donde esté, e independiente en que espacios o función esté. Hacemos por segunda vez, un llamado a la conciencia del Procurador, a que se aparte, de proferir decisiones a todas luces infundadas, sin sano juicio. Llamamos al Estado Colombiano a brindar garantías ciertas para la defensa de los derechos humanos, las víctimas y las y los trabajadores de la Paz, pues la serie de amenazas de muerte y de crímenes cometidos contra luchadores por la tierra, desde el 7 de agosto, no refleja una mejora en la situación como la ilustra el gobierno de Santos.

Firman:

Asociación France Amerique Latine, Francia

Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico

Comisión Ética contra la Tortura de Chile; Hervi Lara Bravo, Juana Aguilera Jaramillo Secretariado Ejecutivo, - Chile

Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile, Enrique Nuñez, Consejero nacional del instituto nacional de derechos humanos, Chile

Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Andrés Redondo, Pilar Sánchez, España Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; Carlos Alberto Rice, integrantes de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina Enrique Santiago, abogado, Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España

Francois Houtart, teólogo, sociólogo, profesor émerito de la Uiversidad de Lovaina, director del Centro Tricontinental (CETRI), y miembro fundador del Foro Social Mundial, Bélgica

Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e Historia, Méjico

Libertad Sánchez, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España

Lorenzo Loncon; werken comunidad mapuche newen mapa, pueblo Mapuche Mary Bricker-Jenkins, PhD, Poor People’s Economic Human Rights Campaign, Asamblea de EEUU para el cese de los pobreza; EEUU Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Argentina

Movimiento Sin Tierras, Brasil

Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), EEUU

Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania -

Rick Ufford Chase; Director Ejecutivo de la Sociedad Presbiteriana de Paz de la Iglesia Menonita, EEUU

Sean Hawkey, Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, Suiza

Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU

Vicente Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Antonio Pigrau Solé; abogado y catedrático de Derecho Internacional; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España