Desde el 2002 más de 50 líderes1 de comunidades desplazadas así como líderes de comunidades Afro-Colombianas e Indígenas que luchan por la restitución de sus tierras  o por la defensa de sus territorios colectivos han sido asesinados. Tan solo en el primer año de la administración de Juan Manuel Santos han sido asesinados 20 líderes. La lucha por el control y el uso de la tierra en Colombia ha producido violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos de comunidades campesinas,  afro-colombianas e indígenas. Más de 5 millones de personas -que representan más del 10% de la población Colombiana- han sido desplazadas en las últimas tres décadas.

Durante el mismo periodo, la población desplazada se ha visto obligada a abandonar o ha sufrido procesos violentos de usurpación de más de 8 millones de hectáreas tierra,  3 alrededor del 12% de la superficie agropecuaria del país. La gran mayoría de las tierras abandonadas o usurpadas han caído en las manos de terceros o testaferros de los  grupos armados o del narcotráfico que han legalizado el proceso de usurpación a través de procedimientos ilegales.4 Este proceso de usurpación también ha beneficiado a violadores de derechos humanos, empresarios, funcionarios públicos y políticos del nivel local, regional y nacional. (...)
 

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