El gobierno colombiano en su política antidrogas implementa en las zonas rurales la erradicación forzada y militarizada de los cultivos de uso ilícito, política que ha contribuido a la violación de los derechos humanos de las comunidades campesinas que exigen una política de sustitución de cultivos, concertada y progresiva. Esta demanda no ha sido atendida, lo que ha representado para el campesinado mayores niveles de desigualdad y ante las manifestaciones y acciones de protesta, crecientes niveles de represión y violencia ejercidas por el Estado colombiano, la fuerza pública, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y las fuerzas militares.
En este contexto, las comunidades campesinas de Alto Mira y Frontera del corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco en Nariño, movilizadas en defensa la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos, han sido víctimas de la violencia de Estado con la masacre cometida por las fuerzas militares y la policía nacional que ha cobrado la vida de 8 campesinos y 54 heridos de gravedad.
Es por lo anterior que desde el Congreso de los Pueblos:
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Exigimos al gobierno colombiano garantías para la lucha social y política y el libre ejercicio del derecho a la protesta, así como la revisión integral y el cambio sustancial de las políticas de seguridad y la doctrina militar que impulsan y justifican el actuar violento, desproporcionado y represivo de la fuerza pública ante la movilización social.
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Exigimos al gobierno colombiano y al presidente Juan Manuel Santos el inmediato cumplimiento a lo pactado en el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional ELN en relación al carácter y las medidas humanitarias de este acuerdo.
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Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición y llamamos a la comunidad internacional a acompañar y verificar el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional, ya que la masacre ocurrida en Tumaco evidencia el incumplimiento del punto 4 de los acuerdos de la Habana, reafirma el terrorismo de Estado y su falta de voluntad y coherencia política para avanzar en la búsqueda de la paz.
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Demandamos al gobierno nacional la realización de una misión de verificación con seguimiento y participación de organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de esclarecer total e inmediatamente los hechos, así como investigación y sanción penal y disciplinaria a los autores.
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Expresamos toda nuestra solidaridad con las familias y las comunidades que han sido víctimas del terrorismo del Estado colombiano y resaltamos que la construcción de la paz en Colombia exige la superación de todos los sucesos ocurridos en Tumaco.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado al país, a las organizaciones y sectores sociales y políticos a rechazar contundentemente estos hechos de violencia, les exhortamos a denunciar y actuar ante toda injusticia que se cometa por un actor estatal o paraestatal en contra el pueblo colombiano y les convocamos a la unidad, a la lucha y a sumarse a la movilización nacional del 12 de octubre y la jornada de indignación.
Congreso de los Pueblos Octubre 6 de 2017.
CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA