Publié dans la Piedra No5,
La Vicepresidencia y el ministerio del Interior anuncian "exhaustiva" investigación por la pérdida de los discos duros de los jefes paramilitares, hipócritamente se sorprenden de lo que ya todos sabíamos: que los paracos hacen y deshacen en las cárceles colombianas.
Por: Gustavo Mendoza López Las últimas declaraciones del ex general Morales Beltrán1, actual Director del Inpec, el organismo estatal encargado del manejo de las prisiones que fue militarizado desde la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, refleja el grado de complicidad institucional del Estado colombiano con la negación de la verdad histórica acerca de los vínculos carnales entre el paramilitarismo como táctica de guerra contrainsurgente ilegal y el resto de aparatos de seguridad legales encargados de la guerra contrainsurgente legal. Ante el escándalo producido por la perdida de los discos duros y memorias de los teléfonos de los capos narcoparamilitares y la muy probable salida del funcionario como chivo expiatorio de esta situación, ha pasado desapercibido lo verdaderamente escandaloso que representa que sea el alto gobierno quien se ha esmerado por darles todas las condiciones a los jefes del narcoparamilitarismo a fin de que puedan burlar a las victimas y al conjunto de la sociedad colombiana en su lucha tenaz por el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar. Ahora el General Morales viene a denunciar el laxo régimen penitenciario que se impuso en los ahora llamados Pabellones de Justicia y Paz, el cual fue implementado desde la famosa zona de Santafé de Ralito donde el gobierno de Uribe Vélez pretendía hacer valer hasta 18 meses de privación de libertad por estar negociando2, amen de todo lo que sirvió para justificar su extradición –ahora si- reconocido por el Gobierno. Y es que como lo ha denunciado el propio director General del Inpec –a parte de su propia incompetencia y alta corrupción del organismo bajo su mando-, el problema esta en los reglamentos de los Pabellones de Justica y Paz que se hizo para facilitar la tarea de encubrimiento y justificación de los crímenes de Lesa humanidad y Crímenes de Guerra cometidos por estos personajes, aun saltándose sus mismas leyes como las prohibiciones de la Ley 65 (Código Penitenciario y Carcelario) que prohíbe la posesión de elementos de comunicación privados a los internos ( art. 111) los cuales no pueden ser desconocidos por un reglamento interno expedido por el mismo Inpec o decretos del Ministerio del Interior. Lo que no dice el Director General es que el cáncer de los Pabellones de Justica y Paz ya esta regado por todo el país, enquistados en las cárceles de mediana seguridad –como la de Valledupar de donde se fugó el paramilitar de las Águilas Negras y desmovilizado anteriormente, alias Chely y que esta semana fue detenido el Director de esta cárcel para la época por facilitar dicha fuga3- en detrimento de la verdad histórica y como mecanismo de intimidación física y jurídica a organizaciones de victimas, derechos humanos y organizaciones políticas de oposición; tenemos información de tiempo atrás que estos pabellones se han convertido en fabrica de versiones –antes del hallazgo de los supuestos indestructibles computadores de Raúl Reyes- para involucrar a organizaciones y líderes sindicales, populares, del movimiento de víctimas y de la oposición política con organizaciones insurgentes, ya que como se viene adoctrinando por parte de algunos de sus abogados, todas las victimas del paramilitarismo y sus "objetivos militares" lo fueron por guerrilleros, lo cual justificaría el genocidio perpetrado contra el pueblo y sus organizaciones. Ahora se rasgan las vestiduras por la aparente falta de control del Inpec a los jefes paramilitares extraditados, pero, ¿que actitud tenía el alto gobierno en cabeza del ministro de Interior, el viceministro de justica, el Alto Comisionado de Paz cuando la directora de Itagüí pretendió meter en cintura a los paramilitares hace mas de un año, actitud que la llevó a renunciar?4 Señores, el problema en este caso no esta en el Inpec, así sea esta una institución corrupta e incapaz de resocializar y respetar los derechos humanos de la población reclusa, sino en la actitud cómplice y permisiva del alto gobierno para con sus consocios políticos, facilidades dadas para encubrir la verdad a cambio de la impunidad5 y el régimen especial y los privilegios de Justicia y Paz siguen presentes en las cárceles colombianas.
Por: Gustavo Mendoza López Las últimas declaraciones del ex general Morales Beltrán1, actual Director del Inpec, el organismo estatal encargado del manejo de las prisiones que fue militarizado desde la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, refleja el grado de complicidad institucional del Estado colombiano con la negación de la verdad histórica acerca de los vínculos carnales entre el paramilitarismo como táctica de guerra contrainsurgente ilegal y el resto de aparatos de seguridad legales encargados de la guerra contrainsurgente legal. Ante el escándalo producido por la perdida de los discos duros y memorias de los teléfonos de los capos narcoparamilitares y la muy probable salida del funcionario como chivo expiatorio de esta situación, ha pasado desapercibido lo verdaderamente escandaloso que representa que sea el alto gobierno quien se ha esmerado por darles todas las condiciones a los jefes del narcoparamilitarismo a fin de que puedan burlar a las victimas y al conjunto de la sociedad colombiana en su lucha tenaz por el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar. Ahora el General Morales viene a denunciar el laxo régimen penitenciario que se impuso en los ahora llamados Pabellones de Justicia y Paz, el cual fue implementado desde la famosa zona de Santafé de Ralito donde el gobierno de Uribe Vélez pretendía hacer valer hasta 18 meses de privación de libertad por estar negociando2, amen de todo lo que sirvió para justificar su extradición –ahora si- reconocido por el Gobierno. Y es que como lo ha denunciado el propio director General del Inpec –a parte de su propia incompetencia y alta corrupción del organismo bajo su mando-, el problema esta en los reglamentos de los Pabellones de Justica y Paz que se hizo para facilitar la tarea de encubrimiento y justificación de los crímenes de Lesa humanidad y Crímenes de Guerra cometidos por estos personajes, aun saltándose sus mismas leyes como las prohibiciones de la Ley 65 (Código Penitenciario y Carcelario) que prohíbe la posesión de elementos de comunicación privados a los internos ( art. 111) los cuales no pueden ser desconocidos por un reglamento interno expedido por el mismo Inpec o decretos del Ministerio del Interior. Lo que no dice el Director General es que el cáncer de los Pabellones de Justica y Paz ya esta regado por todo el país, enquistados en las cárceles de mediana seguridad –como la de Valledupar de donde se fugó el paramilitar de las Águilas Negras y desmovilizado anteriormente, alias Chely y que esta semana fue detenido el Director de esta cárcel para la época por facilitar dicha fuga3- en detrimento de la verdad histórica y como mecanismo de intimidación física y jurídica a organizaciones de victimas, derechos humanos y organizaciones políticas de oposición; tenemos información de tiempo atrás que estos pabellones se han convertido en fabrica de versiones –antes del hallazgo de los supuestos indestructibles computadores de Raúl Reyes- para involucrar a organizaciones y líderes sindicales, populares, del movimiento de víctimas y de la oposición política con organizaciones insurgentes, ya que como se viene adoctrinando por parte de algunos de sus abogados, todas las victimas del paramilitarismo y sus "objetivos militares" lo fueron por guerrilleros, lo cual justificaría el genocidio perpetrado contra el pueblo y sus organizaciones. Ahora se rasgan las vestiduras por la aparente falta de control del Inpec a los jefes paramilitares extraditados, pero, ¿que actitud tenía el alto gobierno en cabeza del ministro de Interior, el viceministro de justica, el Alto Comisionado de Paz cuando la directora de Itagüí pretendió meter en cintura a los paramilitares hace mas de un año, actitud que la llevó a renunciar?4 Señores, el problema en este caso no esta en el Inpec, así sea esta una institución corrupta e incapaz de resocializar y respetar los derechos humanos de la población reclusa, sino en la actitud cómplice y permisiva del alto gobierno para con sus consocios políticos, facilidades dadas para encubrir la verdad a cambio de la impunidad5 y el régimen especial y los privilegios de Justicia y Paz siguen presentes en las cárceles colombianas.
Notas
- http://www.canalcaracol.com/noticia_interna.asp?hid_id_menu=240&hid_id=… La declaración y confesión de parte fue: "Hubo un reglamento muy permisivo para ellos que era precisamente poder tener un computador, un teléfono" entre otros.
- Ley 975 de 2.005 Art. 31, para analizar lo que se "endureció" la ley por cuenta de la presión nacional e internacional ver el primer proyecto de alternatividad penal Proyecto de Ley estatutaria 85 de 2.003 Senado suscrito por el Ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, sobre condiciones de reclusión propuestos inicialmente ver http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/ortega/nov_30b_03.htm ]], además de traficar y ordenar asesinatos tal y como lo denunció en su momento la Revista Semana, y tumbó la Corte Constitucional en el histórico fallo sobre la Ley de Justicia y Paz[[Fallo de la H Corte Constitucional C-370 de 2.006]], luego se pasó a la sede recreacional de Prosocial sitio que albergó algunos de los desmovilizados del Cacique Nutibara por algunas semanas[[http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2003/noviembre/nov_… ]], de ahí se pasó a la "concentración" de La Ceja en otro sitio recreacional donde los jefes narcoparamilitares siguieron moviendo sus negocios y fichas en la creación de las Águilas Negras a quienes les habían dejado el mejor armamento y los mejores hombres sin desmovilizar y asentados en los territorios de manera ininterrumpida, de allí fueron movidos nuevamente por informes de inteligencia que daban cuenta de planes de fuga[[http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto192006/la_ceja.html ]] por parte de algunos de estos, situación que nunca se aclaró suficientemente y fueron trasladados a la "cárcel de máxima seguridad de Itagüí" en donde nuevamente estos individuos gozaron de un régimen penitenciario altamente permisivo y especial de manera abiertamente ilegal, ante solicitud de información, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, sobre las modificaciones al régimen del establecimiento de Itagüí este fue rápidamente legalizado con la creación de los Pabellones de Justicia y Paz, ahora esparcidos por todas las cárceles de mediana seguridad del país[[http://www.caracol.com.co/noticias/421715.asp , Denuncia Seccional Santander sobre la presencia de Rodrigo Pérez Alzate a. Julián Bolívar en la cárcel modelo de Bucaramanga de Septiembre de 2.007 ]], nuevamente a partir de la denuncias de la Revista Semana el año pasado sobre lo que venia ocurriendo en la cárcel de Itagüí como asesinatos de visitantes de los jefes paramilitares a la salida en los días de visita, asesinatos de guardianes denunciados por uno de los sindicatos del Inpec, decomiso de dinero y armas al interior del pabellón de los jefes narcoparamilitares[[http://www.eltiempo.com/justicia/2008-02-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-…
- http://www.elpilon.com.co/noticias/not00012820.htm ]]- con reglamentos de ínfima seguridad. El agrupamiento de los jefes paramilitares con su tropa en sus zonas de influencia, para lo único que sirve es para reforzar el poder regional de estos[[http://www.eltiempo.com/nacion/medellin/2008-05-17/ARTICULO-WEB-NOTA_IN… http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=108229 ]], el manejo discreto de sus negocios y testaferros y sobre todo para cuadrar sus versiones –como cínicamente estos mismos lo han reconocido ante la prensa[[http://www.colombialibre.org/detalle_col.php?banner=1&id=18266
- http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=101751
- Revista Semana Entrevista con el Ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt 20 de Febrero de 2.005 ]], proceso trastocado por la Corte Constitucional y la presión de la Opinión Pública Nacional e Internacional que llevó en ese proceso de extorsiones mutuas de viejos socios a que los jefes paramilitares contaran algo de sus sociedades políticas, económicas y militares, siendo estos extraditados fulminantemente y perdidas sus memorias y discos duros. Sin embargo lo que nadie dice es que el cáncer sigue estando[[http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/fiscalia1.html