Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el apoyo financiero estadounidense a Colombia que hasta ese momento se destinaba a la lucha contra el narcotráfico a través del Plan Colombia pasó a financiar la lucha contra el terrorismo.
A partir del mes de octubre de 2001, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares fueron incluidos en la lista de los grupos terroristas. El ex-presidente Álvaro Uribe puso en práctica la llamada política de «seguridad democrática» cuyo objetivo consistía en asegurar nuevamente el control territorial y el fortalecimiento del Estado por medio, principalmente, de un aumento considerable del presupuesto dedicado a la defensa, que pasó del 5,2% del PIB en 2004 al 14,2% en 2010 (11.057 millones de Dólares), superando por primera vez el presupuesto destinado a la educación (13,9% del PIB).
Dicha política de «seguridad democrática» estuvo caracterizada entre otras cosas por la adopción de la ley de «Justicia y Paz» en el 2005, que preveía la desmovilización paramilitar, favoreciendo la impunidad. Únicamente el 2% de los paramilitares desmovilizados fueron juzgados por los crímenes cometidos. Esta desmovilización no sirvió por lo tanto para neutralizar a los grupos paramilitares, por lo contrario, éstos se volvieron más influyentes en las esferas del gobierno resultando en el escándalo de la «parapolítica».
Con la creación de « redes de informadores », el gobierno involucró a la población civil en el conflicto armado, lo cual constituye una violación grave del derecho internacional humanitario.
Por otra parte, 23 dirigentes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos donde se les persigue por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, impidiendo así que se les condene por los crímenes que perpetraron en Colombia (masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, desplazamientos forzados, etc), y violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, los dos mandatos del ex-presidente Uribe (de 2002 a 2010) estuvieron marcados por más de 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas bajo el nombre de «falsos-positivos». Dichas ejecuciones son el resultado de las políticas instauradas por el gobierno con miras a animar a los miembros del ejército colombiano a neutralizar los grupos armados irregulares, a cambio de compensaciones financieras. De este modo, un elevado número de civiles fueron asesinados por las fuerzas armadas y a continuación presentados como «guerrilleros caídos en combate» con el fin de percibir las recompensas prometidas por el gobierno.
En nombre de la lucha contra el terrorismo, la tesis que habilitaba al Estado a infringir la ley para combatirlo fue ganando terreno. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia directamente vinculado al poder Ejecutivo dio rienda suelta, a través del Grupo de inteligencia estratégica «G3», a toda una serie de actividades ilegales que iban desde las interceptaciones telefónicas hasta las amenazas y atentados contra unas 600 personas, la mayor parte de ellas defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos y sindicales, miembros de la oposición o incluso magistrados.
El ex-presidente Álvaro Uribe Vélez así como determinados responsables de las altas esferas del DAS son actualmente objeto de acciones judiciales. Álvaro Uribe se encuentra bajo investigación preliminar ante la Comisión de Investigación de la Cámara para determinar su responsabilidad en las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el DAS durante sus dos gobiernos. Bernardo Moreno Villegas, Secretario General de la Presidencia de Uribe durante seis años, está acusado de concierto para delinquir agravado, entre otros delitos. Asimismo, el ex-Director del DAS Jorge Noguera Cotes está siendo juzgado por sus relaciones con los paramilitares y el asesinato de tres personas. Adicionalmente, el gobierno colombiano anunció la solicitud de extradición de María del Pilar Hurtado, también ex-directora del DAS, acusada de concierto para delinquir agravado y refugiada en Panamá desde noviembre de 2010.
Para más información :
En español : Colombia - Las actividades de inteligencia del Estado –DAS- al servicio de intereses criminales y de persecución política (2010)
En inglés : Colombia : The intelligence activities of the State -DAS- serving criminal interests and political persecution (2010)
Informe especial 11 de septiembre
El 11 de Septiembre constituyó un traumatismo mayor, una ruptura profunda en el orden geopolítico mundial y significó asimismo el comienzo de una verdadera regresión en la esfera de derechos y libertades.
Los atentados de Nueva York dieron inmediatamente lugar a la adopción de leyes excepcionales por parte de numerosos países – inclusive democráticos, tales como EEUU y el Reino Unido – leyes que resultaron ser particularmente liberticidas.En aras de la lucha contra el terrorismo, esos textos legalizaron la posibilidad de detener por tiempo indeterminado a extranjeros, sin acusaciones precisas, basándose en la mera sospecha de su participación en actividades terroristas o supuestos vínculos con organizaciones terroristas. Muchos estados autoritarios aprobaron leyes de esta índole que fueron también utilizadas para legitimar la represión en contra de sus opositores, defensores de Derechos Humanos y para denunciar como criminal toda forma de protesta social.
La lucha contra el terrorismo sirvió asimismo de pretexto para justificar prácticas absolutamente prohibidas y condenadas, entre las cuales la tortura « legal » en centros de detención tales como Guantánamo o Abou Ghraib bajo control americano y en otros numerosos centros de detención nacionales secretos para evitar así todo marco legal. Hay casos en los que los gobiernos recurrieron a asesinatos premeditados y extrajudiciales. Según Patrick Baudouin, Presidente honorario de la FIDH “la propaganda para legitimar los atentados contra las libertades cometidos en nombre de la lucha antiterrorista potenciada por el reflejo del temor que engendró e instrumentalizó condujo al progresivo abandono de los valores esenciales de la humanidad ”.
Diez años más tarde se comprueba que la política liberticida, lejos de haber dado resultados, ha tenido efectos devastadores. Sin duda la elección de Barak Obama produjo un cambio saludable del discurso político. Pero también hay que admitir que el compromiso de cerrar la cárcel de Guantánamo no se ha concretado. Prosigue la guerra en Afganistán y la alianza entre el movimiento Taliban y otras tendencias terroristas parece ganar terreno. Más allá del combate que libran los Estados Unidos y sus aliados en contra de Al Qaeda, otros estados invocan la lucha contra el terrorismo para continuar impunemente sus acciones tales como lo hacen las autoridades rusas en el Norte del Cáucaso. También en otras partes de Asia se observan, por ejemplo, la política de represión que practica China en contra de sus minorías, sea en el Tibet, en Xinjian o contra el pueblo Ouighour.
Invocando la lucha contra el terrorismo, muchas dictaduras recibieron apoyo, con frecuencia incondicional, de países occidentales, lo que les permitió mantenerse en el poder. Con el advenimiento de las revoluciones que sacuden el mundo árabe desde el comienzo del año 2011, muchos dirigentes de países occidentales parecieran por fin comprender que apoyar a los pueblos en su aspiración a conquistar los derechos y las libertades contribuye a fomentar más eficazmente la estabilidad y el orden internacionales que mantener a los regímenes autoritarios en el poder. Estos cambios de actitud son todavía de limitado alcance, frenados tanto por intereses de orden económico y geoestratégico, como por el escepticismo y el temor que provocan los cambios rápidos.
En este contexto, la FIDH pide la abrogación de las legislaciones liberticidas adoptadas o reforzadas después del 11 de septiembre en nombre de la lucha anti-terrorista. La FIDH pide igualmente a los Estados actuar a favor de una mayor consideración de los derechos humanos en el marco de su lucha contra el terrorismo.
Nuestros especialistas hablan del 11 de septiembre y de sus consecuencias sobre los derechos humanos (video en inglés y francés): hacer clic aquí
Para más información :
Informe Africa - Antiterrorismo y derechos humanos
Informe Magreb y Medio Oriente - Antiterrorismo y derechos humanos
Informe Europa del Este y Asia Central - Antiterrorismo y derechos humanos
Informe Américas - Antiterrorismo y derechos humanos
Informe Asia - Antiterrorismo y derechos humanos (en inglés)
Contact presse:
Arthur Manet : +33 6 72 28 42 94
Twitter : @fidh_ngo
Fuente: Federación internacional de derechos humanos (FIDH), 1 de septiembre de 2011
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