En un nuevo intento de desalojo que pretende realizar la multinacional petrolera contra campesinos y desplazados en Arauca, las comunidades mantienen  una férrea resistencia que ya completa 16 meses. El nuevo intento de desalojo fue postergado hasta definir la ubicación geográfica de los predios entre el Municipio de Arauca y Arauquita.

La empresa Norteamérica Occidental de Colombia presentó una querella ante la Alcaldía de Arauca  en el nororiente de Colombia, para que sea realizado el desalojo de un grupo de familias campesinas las cuales completan 16 meses ocupando estas tierras, que según la OXY, se encuentran en predios de Arauca.

Un grupo de periodistas, incluido corresponsal de Colombia Informa, acompañaron  al secretario de Planeación de Arauquita, la topógrafa y al abogado representante de dicho municipio el 26 de febrero hasta el lugar de los hechos en el complejo petrolero de Caño Limón. A la entrada del Complejo el Ejército Nacional obstaculizó el paso a los servidores públicos y a la prensa argumentando razones de seguridad. Sin embargo, el secretario de Planeación logró mediar para que los militares facilitaran el paso de los abogados defensores de la comunidad y de los medios que realizaba el cubrimiento.

La inspectora de policía de Arauca inicialmente no quiso aceptar la intervención del secretario de Planeación de Arauquita ni de la topógrafa. La inspectora llevó un topógrafo contratado el día 25 de febrero; según varios de los presentes, dicho topógrafo tenía un GPS perteneciente a la fundación El Alcaraván que a su vez es una fundación de la OXY. La inspectora insistió en que solo tendría en cuenta el concepto técnico del topógrafo que la acompañaba. La importancia del concepto topográfico definiría si los campesinos se encontraban en jurisdicción del municipio de Arauca o de Arauquita. De encontrarse en el primer municipio, la inspectora procedería a ordenar el desalojo a la fuerza por medio de la fuerza pública.

Por su parte el grupo de campesinos consideraron que no existen garantías para realizar el proceso de verificación de forma transparente, por lo cual procedieron a impedir el paso del topógrafo contratado por la inspectora. La policía reaccionó enviando al Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-. El resultado fue un enfrentamiento en el cual el Esmad atacó a los campesinos que optaron por defenderse.

Dicha situación logró resolverse al acordar que la revisión topográfica fuera realizada de forma conjunta. Según denuncias de varios  de los asistentes, miembros de la OXY influenciaban las labores de la inspectora de policía. En estas diligencias, hubo presencia de los miembros de la corporación Corporinoquia y representantes del Bienestar Familiar.

A pesar de las revisiones no se pudo determinar si las comunidades están en territorio de Arauca o Arauquita, la abogada representante de la Defensoría del Pueblo solicitó la suspensión de la diligencia y que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi certifique las coordenadas. Igualmente solicitó que las Alcaldías de Arauca y Arauquita sean quienes determinen la delimitación del territorio. De la misma forma, la Defensoría solicitó que en el análisis técnico que arroje las coordenadas precisas que deberá certificar el Agustín Codazzi, sea utilizado un GPS de precisión, pues es más acertado en la determinación de los puntos, mientras que el GPS de navegación presenta mayores imprecisiones.

Ante la imposibilidad de determinar técnicamente los puntos exactos de la delimitación entre Arauca y Arauquita, y, por ende, la ubicación de los campesinos, la audiencia fue suspendida hasta esperar que los requerimientos de la Defensoría del Pueblo sean diligenciados. Para el grupo de campesinos esta postergación les permite ganar tiempo y preparar su defensa jurídica para enfrentar a la OXY y sus propósitos de desalojo.

Este grupo de campesinos fueron desplazados a la fuerza de estos territorios hace veinte años y nunca fueron resarcidos. El Tribunal Superior de Cundinamarca, en el año 2011, falló una tutela a favor de los campesinos despojados y desplazados ordenando al  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- restablecer sus derechos y cumplir con la reubicación de las familias.