El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca se permite informar a la opinión pública la grave situación de derechos humanos en la que se encuentra los detenidos y detenidas políticas y sociales del COMPLEJO DE JAMUNDÍ (COJAN),
HECHOS
1. El 30 de enero de 2013 un grupo de detenidas del pabellón 1-A del complejo carcelario de Jamundí – Valle (COJAN) iniciaron una jornada de protesta consistente en una HUELGA DE HAMBRE ante la grave situación de derechos humanos que se vive al interior de ese complejo carcelario. Las detenidas que se encuentran en huelga de hambre son: YESENIA VEGA, CARMEN CECILIA JIMENEZ, DIGNA LUZ PINTO, CLAUDIA ANAYA, SUGEIDY AVILA y JOHANNA ORTEGA VARGAS (estas dos últimas han cosido su boca). Hoy 31 de enero la detenida YOSIRA ROSALES del patio 1B se sumó a la huelga de hambre cosiendo su boca.
2. El motivo de la huelga de hambre tiene como principal reivindicación exigir al INPEC el traslado a otros centros carcelarios del país para estar cerca de familiares que tienen que privarse en muchas ocasiones de visitar a sus parientes y/o sufrir todos los embates y dificultades económicas para trasladarse largas distancias para abrazar a sus seres queridos privados de la libertad. Los castigos y las penas no las pueden seguir cargando los familiares de los detenidos y detenidas en sus hombros.
3. Todas las detenidas que iniciaron la huelga de hambre son originarias de la Costa Atlántica, estas llevan 3 años recluidas en el complejo carcelario de Jamundí, lo que las ha privado de la visita de sus familiares, pues estos no se pueden desplazar cerca de 30 horas de viaje y tampoco cuentan con los recursos económicos para hacerlo. Debido a este distanciamiento las detenidas se encuentran en una situación precaria, pues no tienen como comprar ni quien les suministre los útiles de aseo, ya que el INPEC no cumple con la obligación de entregar el mínimo vital al que lo obliga la ley y el Complejo Carcelario de Jamundí no cuenta con la infraestructura ni los cupos para que las detenidas puedan trabajar, y así descontar pena y costearse sus útiles de aseo. Las detenidas en huelga también se encuentran incomunicadas con sus familias pues no tienen los recursos para comprar las tarjetas telefónicas para llamar a sus parientes.
4. Es importante resaltar que alejar a los y las detenidas de sus núcleos familiares constituye un doble castigo, pues el ordenamiento jurídico colombiano establece un conjunto de criterios y medidas para logar la “resocialización” de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, esta política de segregación del INPEC es totalmente contraria a esos postulados, pues no se puede esperar la “resocialización” de una persona detenida cuando esta permanece privada de los círculos de apoyo, cariño y amor que le brinda su núcleo familiar, además de lidiar con la violencia de un sistema penitenciario autoritario.
5. Al momento de iniciar la huelga de hambre se encontraba en el Complejo Carcelario de Jamundí una Comisión de la Procuraduría Regional del Valle en la cual se encontraba el funcionario Miguel Rodríguez quien al hablar con las detenidas intento persuadirlas para que declinaran en hacer la huelga haciendo comentarios desobligantes y diciendo que “no hicieran la huelga, porque esa acción podría generar problemas de desorden, disturbios y caos en la cárcel, ya que se podían sumar otras detenidas”, demostrando así, que la Procuraduría como institución encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de la sociedad no estaba respaldando las exigencias y reivindicaciones justas de las detenidas, abogando por el cumplimiento de sus derechos, sino que estaba defendiendo los intereses y la injusticia del INPEC.
6. El 2013 trajo consigo una restructuración administrativa al antes llamado Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional - ERON Jamundí y la Reclusión de Mujeres que hoy tiene por nombre COMPLEJO DE JAMUNDÍ – COJAN. Según lo informado por las detenidas políticas, la reestructuración ha resultado en un caos total al interior del complejo. La reforma UNIFICO a la cárcel de hombres y la reclusión de mujeres, elimino la figura de la directora en la reclusión de mujeres, pues su anterior directora CLAUDIA PATRICIA GIRALDO OSSA es hoy la encargada del COMPLEJO DE JAMUNDÍ – COJAN.
7. Esta figura ha creado una serie de subdirectores que tienen poderes de mando y decisión, lo cual ha traído una serie de medidas y castigos autoritarios. Para el caso de las mujeres detenidas se ha dado la implementación de castigos colectivos por riñas personales entre algunas detenidas. El INPEC impuso de manera ilegal y autoritaria un castigo consistente en prohibir a todas las detenidas arreglarse y vestirse en sus celdas y obligarlas a hacerlo en el patio. Se debe señalar que la responsabilidad disciplinaria en la cárcel es de carácter individual, por lo tanto el castigo debe corresponder a la persona que transgredió el reglamento interno y no a todas las detenidas que no han cometido ninguna falta. La imposición de penas y castigos sin existir faltas y transgresiones al reglamento interno y mucho menos un debido proceso en el que se les determine los grados de responsabilidad en una falta determinada podrían estar configurando prácticas de tortura a las detenidas por parte del INPEC, ya que estos castigos colectivos ilegales e injustificados lo que pretenden demostrar “la mano dura” e infundir su autoridad a través del miedo/ sufrimiento para persuadir y doblegar la voluntad de las detenidas ante faltas y transgresiones al reglamento que todavía no han cometido.
8. Ante la ilegalidad de los castigos colectivos, 18 detenidas del patio condenadas 1 A iniciaron entre el 14 y 15 de enero una jornada de protesta consistente en no salir de la celda, en el patio de condenadas 1B 79 detenidas se sumaron a las jornadas de protesta para desobedecer la imposición de los castigos colectivos ilegales. Ante estas manifestaciones de inconformidad, el INPEC ha dicho a las detenidas con pasarles un informe disciplinario por falta grave por desobedecer un castigo y las ha amenazado con imponerles un castigo consistente en dejarlas encerradas en sus celdas por tres días en una acción irresponsable, ilegal e injusta de manipulación del órgano disciplinario al interior de la cárcel.
9. Por último, queremos denunciar las irregularidades que se presentaron en la elección de la representante de derechos humanos del patio 1-A de mujeres a finales del año 2012, puesto que pasando por alto las lógicas democráticas y constitucionales se eligió a una detenida como representante de patio que no contó con el respaldo de las mayorías. Anteriormente, la detenida que venía de representante de derechos humanos del patio contaba con el respaldo, la aceptación y la legitimidad de las demás detenidas. No obstante, el INPEC le impidió presentarse de nuevo e inscribirse en la lista de candidatas. Ante esto, la mayoría de las detenidas en gesto de protesta eligieron el voto en blanco, en segundo lugar gano otra detenida y con tercer mejor votación quedo la detenida que era representante en el periodo anterior y fue votada por las detenidas que escribieron su nombre en los tarjetones donde aparecían las candidatas inscritas.
10. Ante la situación anterior, el INPEC nombro como representante de derechos humanos a la detenida con mayor votación después del voto en blanco, no escuchó las solicitudes de las detenidas sobre repetir las elecciones y dejar inscribir a la representante del periodo anterior. Estas imposiciones del INPEC a las detenidas tienen la finalidad de menguar la capacidad de las detenidas para denunciar, exigir sus derechos e interlocutar con la dirección del centro penitenciario. Al día de hoy, el 90% de las detenidas están reclamando al que la representante de derechos humanos del patio sea la del periodo anterior.
SOLICITUDES
Solicitamos al Estado colombiano y a la dirección general del INPEC que escuche, atienda y resuelva las exigencias y denuncias que vienen realizando las detenidas del Complejo Carcelario de Jamundí COJAN, demandas que se circunscriben a derechos reconocidos constitucionalmente, reivindicaciones que son obligaciones legales que el INPEC y el Estado colombiano vienen incumpliendo.
Igualmente, solicitamos a la dirección del Complejo Carcelario de Jamundí, al INPEC y al cuerpo de guardia y custodia que garantice condiciones para que las detenidas ejerzan derecho a la protesta y que se abstengan de torpedear e impedir y tomar represalias en contra de los manifestantes.
Finalmente instamos a la Dirección Nacional del INPEC, Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo para que investiguen y hagan seguimiento a dicha problemática.
“SI EL ESTADO NO PUEDE GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA EN PRISION, QUE ORDENE LIBERTAD A NUESTROS FAMILIARES.”
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – SECCIONAL VALLE DEL CAUCA. FCSPP