RESUMEN

A pesar de los obstáculos empresariales para impedir el regreso de familias desplazadas del Curvaradó a una Zona Humanitaria, de las provocaciones de agentes estatales y de las actuaciones temerarias que vienen desarrollando los palmicultores en coincidencia discursiva con los planteamientos de policías y militares, desde el pasado 9 de abril 22 personas han afirmado su derecho a la Vida y al Territorio, como un primer paso en Derecho para lograr la restitución de lo que les ha sido hurtado con violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, amenazas y siembra ilegal de palma en sus propiedades por presión, por desalojo violento o por fraude y falsificación de documentos.

El pasado sábado 8 de abril 280 personas, de 40 familias de los Consejos Comunitarios del Curvaradó y habitantes del Curvaradó que fueron desplazados desde 1.996 por acciones de la estrategia paramilitar que se desarrollaron con la aquiescencia de la Brigada 17, vieron frustrado su deseo de regresar al Territorio en el que han habitado en algunos casos por mas de 120 años, en otros mas de 40 años, ante la decisión empresarial de los palmeros de impedir el uso del planchón que cruza el río Curvaradó en el punto conocido como Brisas.

A pesar de esta situación 22 familias regresaron por vía terrestre el 9 de abril luego de 4 horas de camino entre Belén de Bajirá y Caño Claro ( Curvaradó). En este caserío los campesinos que regresaron empezaron a consolidar una Zona Humanitaria y la propuesta de 5 Zonas de Protección de la Biodiversidad y de Pan Coger, en mejoras del Territorio Colectivo o propiedades individuales en el Curvaradó, que se encuentran legalmente definidas.

Durante los primeros 8 días desde el regreso de las familias, estas se han visto sometidas a actuaciones provocadoras de miembros de las empresas palmicultoras, coincidentes en algunas ocasiones con la presencia de agentes estatales en el entorno de la Zona Humanitaria, coincidencia que ha significado que el pensamiento empresarial, sustentado en ilegalidad e impunidad, sea argumentado por los agentes estatales que posan de ser "neutrales" en relación con la siembra ilegal de palma. Todo resulta siendo paradójico, pues no solamente las estructuras militares han hecho caso omiso a la Directiva 08 del Procurador General de la Nación. Sino de la Resolución 039 de la Defensoría del Pueblo sobre las garantías debidas a los desplazados en relación con el Territorio y la siembra de Palma en el Territorio del Curvaradó, sino que ahora que ellos regresan plantean la negociación y la concertación mientras durante 5 años efectivos militares y "civiles" armados de la estrategia paramilitar han coincidido en su presencia en los lugares de cultivo, siembra y cosecha de la palma.

SOLICITUDES

Escribir o llamar exigiendo:

- Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS

Calle 7 No 6-54 Piso 3
Santa Fe de Bogotá, D. C. Telefax: +57.1.337.1351 Mailto:fsantos@presidencia.gov.co

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Mailto:rdh@presidencia.gov.co

- A la Brigada 17

+ 57.8.23.38.39

y a la Policía de Urabá

+57. 8. 29.66.04,

acatar la Directiva 08 de la Procuraduría General de la Nación, y la Resolución 039 de la Defensoría del Pueblo. El respeto a las Zonas Humanitarias y Zonas de Protección de la Biodiversidad de las familias del Curvaradó, adoptar los mecanismos y medios fluviales necesarios para asegurar que las primeras 40 familias que han decidido regresar voluntariamente a la Zona Humanitaria ubicada en el predio de ENRIQUE PETRO puedan hacerlo atravesando el río Curvaradó sin las restricciones a la movilización ni provocaciones por parte por los empresarios de la palma, se garantice el derecho a habitar sus tierras, las garantías a la movilización de ENRIQUE PETRO dentro del Curvaradó, y Belén de Bajirá, Carmen del Darién y la región del Bajo Atrato, se garantice el regreso de las 40 familias a la Zona Humanitaria al Curvaradó y el derecho a la libre movilización de las familias en el Territorio, se eviten daños irreparables a la vida e integridad personal de estas familias de los Consejos Comunitarios .

- Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN,

Diagonal 22 B n. 52-01 Santa Fe de Bogotá. Tel fax: +57.1.570.2022 contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

solicitar con carácter urgente conformar un grupo especial de fiscales para investigar los mecanismos usados por los empresarios para la adquisición y o compra de predios, los empréstitos recibidos, el uso de los mismos y la interacción o no con operaciones de tipo paramilitar y la responsabilidad estatal en la legalización de la ilegalidad.

- Al Procurador General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON,

Carrera 5 n. 15-80 Santa Fe de Bogotá Tel-fax: +57.1.342.9723, +57.1.281.7531

disponga con carácter urgente la presencia de un grupo especial de Procuradores Agrarios que conozcan de modo directo la legitimidad y legalidad de la propiedad de ENRIQUE PETRO, donde se ubica la Zona Humanitaria y los 5 lugares de siembra de pan coger y Zonas de Protección de la Biodiversidad, evalúe las omisiones y las actuaciones de funcionarios del Ministerio de Agricultura, del INCODER, del Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Ambientales que han posibilitado las actuaciones de hecho del sector empresarial, investigar las actuaciones policiales y militares respecto al problema de la siembra de palma en el Curvaradó y Jiguamiandó

- Al Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ,

Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá Fax: +57.1.346.1225

Solicitar el nombramiento inmediato de un Defensor Comunitario en la Zona Humanitaria del Curvaradó e Informar de la respuesta Institucional a la Resolución Defensorial 039.

HECHOS EN DETALLE

* Sábado 8 de abril a las 14:30 horas aproximadamente un administrador del empresario JAIME SIERRA, fue observado junto paramilitares, cargar armas largas en su camioneta y dirigirse hacia Brisas. Los presuntos paramilitares son conocidos como Melvis Hernández, alias el Mocho; alguien de apellido Tordecillas con el alias El Moña, alias El Chamo y alias El Negrito. Los pobladores expresaron su temor de un posible ataque contra las familias que regresan.

El hecho ocurrió cuando unas 200 personas desplazadas del Curvaradó se reunieron en Belén de Bajirá para realizar una marcha silenciosa en las calles del pueblo en memoria de las víctimas de las masacres, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzados.

Hacia las 15:.00 horas, las familias desplazadas y los acompañantes se dirigieron hacia el sitio conocido como Brisas donde se cruza el río Curvaradó. En este punto, el paso les fue impedido porque el medio de transporte, un “planchón”, instalado entre las dos orillas del río, se encontraba supuestamente dañado. Una hora antes, el planchón estuvo en funcionamiento.

Horas más tarde, el Gobierno nacional y las autoridades informaron que el planchón era propiedad privada de las empresas palmicultoras quienes no facilitarían el mismo para el uso de las familias y los acompañantes que regresaban al Curvaradó.

Hasta las 18: 15 p.m. las personas desplazadas del Curvaradó, en su mayoría niñas y niños, permanecieron en ese lugar sin que el Gobierno lograra el paso con el uso del planchón.

El planchón es ordinariamente utilizado por transeúntes, automotores de todo tipo para cruzar el rió Curvaradó. Durante la espera de mas de tres horas para tratar de cruzar, se conocieron relatos de personas de la región que indican que durante las últimas semanas los empresarios, acompañados por hombres que portan armas cortas y radios de comunicación, vienen restringiendo y controlando el uso de este medio por parte de campesinos. Durante todo este tiempo, efectivos militares y policía permanecieron impasibles en el lugar frente al bloqueo impuesto por las empresas palmicultoras.

Domingo 9 de abril, pasadas las 10: 00 a.m. aproximadamente, en el corregimiento de Pavarandó, la caravana de tres vehículos en el que se transportaban 22 personas que regresaban al Curvaradó, con acompañantes internacionales y nacionales, constataron la presencia de un grupo de unos 14 "civiles" armados de la estrategia paramilitar con armas largas y vestidos de camuflados, en algunas de las pañoletas que llevaban los armados, se leía la palabra “contraguerrilla”, a pesar del esfuerzo de sus portadores de ocultarlas. Uno de los vehículos fue obligado a detenerse por un presunto paramilitar, vestido de civil, quien formuló preguntas sobre quiénes viajaban y a qué lugar se dirigían. Un acompañante le indicó que hablara con el Defensor del Pueblo. Pocos minutos después la comitiva continúo su recorrido hacia Caño Claro en el Curvaradó.

Hacia las 15:45 horas en la mejora de ENRIQUE PETRO se iniciaron las obras de adecuación de la Zona Humanitaria del Curvaradó, que comprende una extensión de 5 hectáreas, se colocaron las primeras vallas de identificación y se arrancaron de raíz varias palmas sembradas ilegalmente por la empresa Urapalma.

Aproximadamente a las 17:00 horas a menos de cuatro minutos de la mejora de ENRIQUE PETRO se observó la presencia permanente de unidades militares de la Brigada 17, en el mismo lugar, en que se encuentran bodegas de la empresa Urapalma. La comitiva continúo su camino al corregimiento de Andalucía, distante a 20 minutos a pie de la Zona Humanitaria del Curvaradó con la intención de iniciar la recuperación del cementerio donde reposan los restos de varios mestizos y afrocolombianos.

Solamente se accedió al casco central del poblado y se constató la siembra de palma aceitera en medio del caserío abandonado y la reciente destrucción de un templo cristiano de acuerdo con los relatos por parte de las empresas palmicultoras. Antiguos habitantes indicaron que el pueblo fue habitado por unas 70 familias y que el caserío había sido construido sobre un predio de propiedad del campesino ANTONIO CORREA que lo donó con este propósito. Algunos pobladores desplazados expresaron que fueron sacados por la violencia y que los paramilitares les dijeron que si no vendían “con la viuda se compra mas barato”.

Luego de regreso a la Zona Humanitaria se recibieron nuevos testimonios de pobladores de la región.

Un campesino informó que hace aproximadamente tres años y medio, representantes de Urapalma lo invitaron a conformar la “Asociación de pequeños agricultores" Bajo el nombre de dicha asociación, Urapalma solicitó dos créditos de FINAGRO gestionados por el Banco Agrario de Colombia en Apartadó. A pesar de ser supuestamente socio y titular del crédito ante la entidad oficial por 250 millones de pesos, Urapalma nunca le entregó ninguna ganancia como trabajador de la misma. Cuando el campesino reclamó a la empresa por el dinero que se le debía, JOHANA QUINAYA, obrando como supuesta gerente de Urapalma, lo “mandó amenazar”, tiempo después fue despedido de la empresa. Otro poblador testimonio que “ante el Estado la palma de aceite es un proyecto agroindustrial de pequeños campesinos y como tal fue legalizado. (…) Sin embargo, hoy no hay ningún pequeño campesino que se esté beneficiando como productor”.

Algunas de las personas desplazadas que regresaron contaron la forma como fueron obligadas a vender sus tierras bajo amenazas. Una persona amenazada fue obligada a vender su tierra a un precio irrisorio en 2001, luego de ser amenazado, de haber sido previamente desplazado forzadamente a raíz de la masacre de ocho personas y asesinatos selectivos en Llano Rico entre 1997 y 1998. Otra persona informó que su predio había sido transferido a través de métodos fraudulentos y que a pesar de no haber firmado ningún documento para transferir el título de propiedad, ésta ahora aparecía a nombre de otro titular.

Familias de la comunidad de El Guamo, cuenca del Curvaradó, informó que las 40 familias que permanecieron en la vereda de estas familias, solamente unas 10 mantienen un proyecto comunitario y se han resistido a vender sus tierras. Muchas familias cedieron a la presión de los empresarios y paramilitares para participar en el proyecto PASO de los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, igualmente las familias reciben dinero a cambio de ser informantes. Igualmente denunciaron que un empresario de nombre JHONY ha prohibido a los campesinos sembrar en sus propiedades tituladas colectivamente, mientras este se apodera las mismas.

En este caserío, el 25 de marzo de 2006, "civiles" armados de la estrategia paramilitar y miembros de la Brigada 17 llegaron al lugar. Los militares detuvieron arbitrariamente un joven de la comunidad de La Despensa, durante dos horas lo insultaron, le preguntaron por el paradero de la guerrilla a lo que el joven les respondió que no sabía porque él era campesino. Ante las gestiones con el Capitán al mando, los militares lo liberaron. Según el poblador, las autoridades piensan que todos los campesinos son guerrilleros.

Miembros de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en el Jiguamiandó informaron que a la margen izquierda aguas arriba del río Jiguamiando “se oye el uso de motosierras extrayendo madera de la comunidad sin consulta ni permiso de los afrocolombianos y "al cortar los árboles, ya se sabe que viene la palma”.

Lunes 10 de abril, unidades militares de la Brigada 17, junto con dos integrantes de las empresas palmicultoras ingresaron sin autorización al predio de propiedad del señor PETRO, en el caserío de Caño Claro, Territorio Colectivo del Curvaradó, y se ubicaron frente al sitio donde se está adecuando el terreno para la Zona Humanitaria.

El teniente SANCHEZ, miembro del Batallón Voltígeros frente a las preguntas hechas por los acompañantes expresó que quería conversar con el Defensor del Pueblo, para ver en "qué se les puede ayudar, y qué se les ofrece”. Manifestó igualmente que los hombres de civil no venían con el ejército, que estos hombres estaban vinculados con la empresa “de la palma” y agrego que el ejército es “neutro” frente al problema de la palma.

El Defensor del Pueblo reiteró que las autoridades nacionales estaban informadas del regreso de estas familias, que la obligación del Ejército era hacer vigilancia perimetral, que no había razón alguna para que la tropa entrara al territorio de propiedad de la comunidad, que si se requería algún tipo de intervención de la fuerza pública se les requeriría. El militar preguntó por los linderos de la propiedad del Señor PETRO. Después de 20 minutos aproximadamente, la Fuerza Pública se retiró del predio al mismo tiempo que los dos hombres de la empresa palmicultora tomaron fotografías del lugar humanitario.

A las 11:30 un poblador de la región que se dirigía a la Zona Humanitaria del Curvaradó fue abordado por una mujer de nombre ANGELA, quien es administradora de una de las empresas de palma indagando por la erradicación de palma que se realiza en la propiedad de ENRIQUE PETRO.

A las 12:00 p.m. esta misma administradora al parecer de la empresa Urapalma, en compañía de dos hombres, ingreso a la Zona Humanitaria del Curvaradó sin ningún consentimiento ni autorización de sus habitantes. La mujer luego de preguntar por ENRIQUE PETRO ordenó a sus acompañantes tomar registros fotográficos del lugar humanitario y de la palma que fue tumbada. Luego de los registros se marcho del lugar.

• Martes 11 Abril, a las 8:10 a.m. aproximadamente tres trabajadores de la empresa Urapalma, ingresaron sin permiso ni consentimiento del legitimo poseedor, propietario de la parcela de ENRIQUE PETRO, en la que se levanta Zona Humanitaria de Curvaradó, uno de ellos se ocultó detrás de un árbol, y los otros dos se acercaron a uno de los integrantes del Consejo Comunitario del Curvaradó preguntándoles por las razones de su habitación en ese lugar, de los trabajos desarrollados y por la cantidad de palma que cortaron desde el domingo 9 de abril.

Miércoles 12 abril a las 8:00 a.m aproximadamente, dos hombres vinculados a las empresas palmicultoras, uno de ellos administrador de nombre MARIO, ingresaron sin consentimiento y sin autorización a la Zona Humanitaria del Curvaradó, los palmicultores preguntaron por Don ENRIQUE PETRO y manifestaron: “Don Petro debería negociar, da lastima cortar toda esa palma, eso es plata perdida. Se podría llegar a un acuerdo. Don Petro se podría llenar de plata.”, luego tomaron registros fotográficos en el interior de la Zona Humanitaria, los pobladores solicitaron respeto al lugar y expresaron a los palmeros “ustedes antes no vinieron ni a concertar ni a pedir permiso para sembrar, se apoderaron de las tierras, no nos pidieron permiso, y ahora después de todo el mal que nos han hecho, ahora si quieren conversar, primero la justicia y la verdad”.

A las 11:30 a.m. unidades de la Policía de Belén de Bajirá, adscrita a la Policía de Urabá, al mando de Mayor de apellido SANCHEZ en compañía de un hombre vestido de civil, que se presentó como Mayor LEAL CHAPARRO, comandante de la policía de Mutatá, adscrita a la Policía de Urabá y un Teniente de la Brigada 17 de apellido SANCHEZ llegaron hasta la Zona Humanitaria, manifestando a los integrantes de la comunidad, acompañantes internacional del PASC de Canadá e integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz: “que se pararan los trabajos y la tumba de palma ya que esa era una cuestión que estaba en “status quo” (sic). una cuestión por definirse en los estrados judiciales. Esto se debe parar, si se pierde el pleito la comunidad tiene que pagar.”

Uno de los integrantes de Justicia y Paz precisó que los trabajos se están realizando en una mejora, reconocida por el Consejo Comunitario del Curvaradó, los vecinos, el INCORA y reposa un acta donde los empresarios de Urapalma lo reconocen, tanto como el General PAUSELINO LA TORRE, igualmente, los predios están excluidos de la nueva resolución del INCODER. Se agregó que desde el 30 de marzo en reunión de seguimiento a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Vicepresidencia de la Republica se dio a conocer las pruebas y las 5 hectáreas que se habilitarían para la Zona Humanitaria, de una propiedad de 150 hectáreas que le son reconocidas a Don ENRIQUE PETRO.

A pesar de las razones expuestas el oficial vestido de civil expresó que las viviendas deberían construirse al lado de la casa de Don Enrique, que así lo habían informado. Nuevamente un integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz ante el temor de los habitantes del Consejo Comunitario del Curvaradó expresó que todos los planteamientos y exigencias hechas a la comunidad deben estar por escrito, si se trata de un actuación institucional. El oficial vestido de civil expresó: “es una orden del Coronel, es de los de arriba, hablen en Bogotá, que ellos saben". Y agregó que iban a elaborar un acta en la que consta que la policía vino a informar que se detuviera la tumba de palma y la construcción de la Zona Humanitaria.

La policía decidió, entonces, levantar un acta en la que anotaron la cantidad de palmas tumbadas, 130 hasta ese día y hora, la construcciones de tres cambuches, el numero, las 12 personas que en ese momento estaban y que regresaron al Curvaradó de un grupo inicial previstas de 280 personas, además, anotaron los nombres y apellidos de dos integrantes del PASC y de un sacerdote y una religiosa de la iglesia católica de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Al acta redactada por las unidades policiales, los integrantes de las comunidades, los acompañantes internacionales y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz se negaron a firmarla, reiterando que no existe ningún documento escrito que justifique la actuación policial e indicando que las comunidades estaban actuando en derecho y que bajo el marco de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Principios Rectores sobre Desplazamientos y los Principios de protección de bienes se esta planteando el que se brinden garantías a la vida, a la protección integral a los que han regresado.

Hacia las 12 00 del medio día, las unidades policiales y los efectivos militares abandonaron la Zona Humanitaria. El grupo de Policías se transportaba en una camioneta azul de placas MNZ 912 en la que normalmente se transporta funcionarios del las empresas de Palma y en concreto el señor JAVIER MESA

Veinte minutos después, aproximadamente a las 12: 20 llegó al entorno de la Zona Humanitaria el Coronel PADILLA, del Batallón Voltigeros de la Brigada 17 manifestando que venia a saludar, a saber como está la comunidad y los acompañantes. En su intervención expresó que no se deberían seguir "realizando actuaciones de hecho, "eso incrementa el conflicto" (...) la comunidad debería esperar las decisiones de los estrados judiciales, debemos esperar a que el INCODER expida la nueva resolución que va modificar linderos (...) las comunidades deberían concertar con los empresarios como lo estaban haciendo las comunidades de Cacarica en La Balsa, allá esta llegando el progreso". El Coronel PADILLA estaba acompañado de 8 efectivos militares. 10 minutos después abandonaron la Zona Humanitaria.

. Sábado 15 Abril, a las 11:30, un trabajador de la empresa Urapalma ingresó sin autorización a la Zona Humanitaria por lo que sus habitantes le exigieron salir del lugar, luego de unos minutos se retiró sin decir nada.

Pobladores de Brisas de Curvaradó, Bracito, El Guamo, Llano Rico manifestaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz que los empresarios han ampliado la orden de negar el uso del planchón - medio fluvial para el cruce de personas y de vehículos- sobre el rió Curvaradó para todos los campesinos de la Región pues es de uso exclusivo de los palmicultores y “así todos van comprendiendo como son las cosas”.

Durante la tarde en el casco urbano de Belén de Bajirá empezaron a circular versiones según las cuales el problema que se estaba generando con el regreso de los desplazados a esa Zona Humanitaria y a la propiedad de ENRIQUE PETRO se iba a cobrar con sangre y que se iba atentar “contra los que están ahí metidos”.

Lunes 17 de abril A las 8:40 a.m dos hombres de civil ingresaron sin autorización a la Zona Humanitaria del Curvaradó, anotaron en un cuaderno el texto de la pancarta que identifica el lugar como Zona Humanitaria y preguntaron si los acompañantes dormían en carpas. Al ser abordados por los acompañantes nacionales e internacionales afirmaron llamarse FRANCISCO Y CARLOS y se fueron después a los cinco minutos. Los habitantes de la zona humanitaria reconocieron a uno de ellos como trabajador de las empresas palmicultoras y su nombre verdadero es LEONARDO.

Una hora después se acercó a la zona humanitaria un grupo de 4 policías comandados por el Mayor SANCHEZ, de Belén de Bajirá. El uniformado abordó a los acompañantes y a los miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar y les preguntó si había algo nuevo, si se seguía cortando palma. Cuando los campesinos y acompañantes insistieron en que se trataba de trabajos dentro de la propiedad de don Enrique Petro, el mayor les solicitó que pararan los trabajos que su presencia era para prevenirlos “para que no tengan problemas”. Inmediatamente se retiró del lugar.

Jueves 20 de abril a las 6 a.m, un grupo de 12 militares uniformados y armados, adscritos al batallón Voltigeros llegaron hasta la valla de la zona humanitaria y se dirigieron enseguida a la casa de don Enrique Petro. Al ser abordados por una acompañante de Justicia y Paz, que les preguntó el nombre de quien comandaba, manifestaron que no lo daban y que volverían mas tarde.

Hacia las 9:30 llegó de nuevo el grupo de armados y al preguntárseles por el nombres de quien comandaba, uno de ellos se presentó como el Sargento TESCA quien preguntó, por que no podían entrar. Los acompañantes explicaron que se trataba de una zona humanitaria, de una propiedad privada, que ellos podrían hacer controles perimetrales sin tener que ingresar a la propiedad de don ENRIQUE PETRO en la que se está construyendo la zona humanitaria. Los militares afirmaron que lo entendían y manifestaron que si la comunidad así lo quería, podían dar comida y medicamentos, a lo que la comunidad respondió que ellos si habían solicitado ayuda humanitaria, pero al gobierno nacional que no había respondido a la solicitud y que aún seguían esperando la respuesta, pues el papel de las fuerzas militares no es dar alimentación. A los 15 minutos, los militares se retiraron del lugar.

LINEAS DE INTERPRETACION

El sentido real de los principios que formal y realmente constituyen el Estado de Derecho están a la vista y son evidentes en el Territorio del Curvaradó. El Estado contra Derecho, el Estado de hecho es el fundamento real del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una formalidad que solo es argumentable y concreto cuando se trata de la protección, de la salvaguarda y la garantía de los intereses empresariales, lo que supone estar asegurados en la impunidad, en la legitimación de mecanismos perversos de la violencia, el uso de las instituciones estatales de la fuerza, de los organismos financieros FINAGRO, del Instituto para tierras, INCODER para que cumplan un papel funcional a favor de sus intereses.

Desde el 2001, luego de la ultima oleada de desplazamiento forzado en el Curvaradó iniciado con la masacre de octubre de 1.996 en Brisas del Curvaradó por acciones militares de tipo regular de la Brigada 17 combinada con estrategias paramilitares, las pretensiones sobre la posesión de la tierra y su uso en la inversión de la agroindustria de la palma han sido las razones de fondo de la violencia. La presencia de la guerrilla en particular de las FARC EP en esta región del Bajo Atrato que limita con el medio fue el pretexto ideal para "legitimar" el uso de la fuerza ocultando intereses mezquinos asociados con la reproducción de la riqueza destruyendo vidas humanas, aniquilando comunidades, apropiándose a sangre y fuego de los que por años humildes campesinos mestizos y afrocolombianos construyeron para sobrevivir y proteger el medio ambiente.

Hoy casi 10 anos después del desarrollo de la violencia estatal, decenas de testimonios y pruebas dan cuenta que pocos combates se realizaron, que las victimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad en el Jiguamiandó y Curvaradó son hasta ahora registrados 113, 15 desplazamientos, solamente uno cometido por confrontación armada, uno por acción de la guerrilla, los demás cometidos por operaciones militares y paramilitares. Los desplazamientos estuvieron antecedidos de amenazas de muerte, de asesinatos, de desapariciones y del bloqueo económico y en medio de estas acciones, las comunidades eran convocadas por empresarios que con guardias vestidos de civil o vestidos de camuflado con armas largas, que se identificaban como paramilitares, los "invitaban" a vender sus parcelas a 100 mil o 200 mil pesos (U.S 30 o U. S 50) por hectárea pues su "jefe", su "patrón" necesitaba la tierra.

Terminada la reunión, los pobladores eran sometidos al acoso armado paramilitar selectivo, si eran desplazados se les buscaba con las técnicas precisas del seguimiento en Medellín o en Cali, donde los armados, no descansaban hasta obtener una firma bajo presión de la venta de la propiedad. Si no era posible, los paramilitares que operaban en medio de la presencia policial y militar desde ese ano 1.996 bajo el nombre inicial de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y con el paso del tiempo con diversas denominaciones como mecanismo del engaño como Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia, o Autodefensas del Bloque Bananero o del Bloque Elmer Cárdenas o de las Convivir tomaban los listados de dichas reuniones con nombres, con firmas y documentos de identidad para luego legalizar" la propiedad abandonada, para lo cual se han servido de notarios, y de los mecanismos de la corrupción y del fraude inimaginados. Parte de la estrategia paramilitar fue repoblar o transplantar población- de otras regiones a quienes se le convoco para conformar asociaciones campesinas bajo los cuales los empresarios tramitaron los empréstitos oficiales del fomento agrario, dejando endeudaos a campesinos que asaltados en su buena fe, creyeron que la tierras eran bien habidas y que iban a participar de las utilidades, bajo estas asociaciones se captaron recursos que los campesinos nunca tuvieron en sus manos pero bajo los cuales hoy son responsables de deudas millonarias ante el Banco Agrario.

En el caso del Curvaradó y Jiguamiandó, los mecanismos de legalización de lo mal habido salpican, a las cuestionadas por otros casos, instituciones como el INCODER y FINAGRO, mas allá de la Brigada 17 y de la Policía de Urabá. El INCODER se ha denegado a aplicar las conclusiones del informe de Marzo de 2005, y por el contrario actuando de manera poco imparcial expidió dos nuevas Resoluciones bajo las cuales favorece de manera abierta a los empresarios. Negando la historia de habitación territorial se patentiza la capacidad de borrar de un tajo la memoria ancestral de los afrocolombianos, oculta el uso de la violencia en lo que hoy es una evidente contrareforma agraria de tipo neofeudal, niega los derechos individuales, como el de la propiedad privada, y la propiedad colectiva, argumentando problema de linderos pretendiendo sustraer 15 mil hectáreas del titulo colectivo y otras propiedades de títulos individuales asignando la legalidad de las mismas a los empresarios.

Las Resoluciones se convierten en el mecanismo expedito bajo el cual las comunidades ven limitados sus derechos al Territorio, a la posible restitución de sus propiedades, y se convierten en la validación de lo fraudulento y el robo de propiedades.

A los ojos de cualquier lector desprevenido es claro que las actuaciones institucionales son Contra Derecho, que el Derecho es usado como argumento de autoridad para salvaguardar los intereses empresariales, el Derecho solo existe bajo la palabra "neutralidad" para encubrir la responsabilidad estatal en la violencia y en la constitución de un Estado de Hecho en el que los campesinos mestizos y o afrocolombianos deben someterse a la exclusión, a las nuevas formas de esclavitud y asumir la situación de hecho. Ese Estado de Hecho desconoce la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral, la Restitución de sus bienes como contempla el derecho Internacional. Ellos, las victimas, deben someterse a ser incriminados por el ente investigados que los hace responsables de la impunidad argumento bajo el cual algunos fiscales o protegen su vida, aseguran un cargo o también protegen la "imparcialidad institucional" de sangre y de corrupción. Ellas, las victimas, deben negarse en su derecho a regresar a su Territorio, pues ejercer y actuar conforme al Derecho es actuar de Hecho como lo expresan las Fuerzas Militares. Es evidente la inversión del sentido de los Derechos, las victimas que afirman su dignidad son los que actúan CONTRA DERECHO. Por eso es que están vinculados sin sana critica a un absurdo proceso judicial varios de los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó a montajes judiciales bajo los cuales se ocultan las estructuras militares y los intereses empresariales. Es ironía, es cinismo o simplemente la ausencia de vergüenza institucional para acatar las normas bajos las cuales se debe regir su actuar.

Las victimas del despojo son ahora ellas las responsables de actuaciones ilegales, según, lo dejan entrever militares y policías. coincidente en sus planteamientos con los de los empresarios que han actuado amparados en lo armado encubierto. Continúan desconociendo que la parcela en la que se construye la Zona Humanitaria en 5 hectáreas es reconocida por el Consejo Comunitario del Curvaradó, que desde hace 40 anos don ENRIQUE PETRO ha habitado, ha trabajado en siembras de pan coger, ha protegido la biodiversidad en 150 hectáreas que son su parcela, que el mismo INCORA, hoy INCODER, levanto los planos que reconocen la pertenencia a don ENRIQUE PETRO, que la propiedad y la afección a la propiedad de este campesino fue reconocida por los empresarios de URAPALMA en un Acta en la que, el mismo General PAUSELINO LA TORRE, Comandante de la Brigada 17, suscribe refrendando el hecho.

Ni siquiera en la reciente Resolución del INCODER, la propiedad de don ENRIQUE PETRO está en cuestión. Bajo el pretexto de un litigio, que en este caso es inexistente, se quiere negar el Derecho de los pobladores a habitar lo que le pertenece, a recuperar lo que con la violencia y la ilegalidad el abuso de poder les ha arrebatado. Se pretende negar el Derecho de regresar al Territorio no es el retorno ni la reubicación es el primer momento del deseo de volver a la región de la que fueron desplazados desde 1.996. La decisión empresarial de negar el uso del planchón para el regreso de 280 personas, 40 familias, evidencia la torpeza, la soberbia ante las victimas, y la solidaridad internacional de los Estados Unidos, de Europa, de Latino América y de comunidades de la región que les acompañan desde el 8 de abril cuando intentaron cruzar el río Curvaradó. Las actuaciones en la Zona Humanitaria del Curvaradó de empresarios, militares, policía y la movilidad dentro de la estrategia paramilitar constatan la pretensión de la negación del Derecho al regreso, la provocación y la justificación de la arbitrariedad invirtiendo la realidad. Las comunidades actúan DE HECHO mientras los victimarios, los usurpadores de la violencia han actuado y actúan EN DERECHO.

Las victimas de operaciones encubiertas de tipo paramilitar son las responsables de afectar la propiedad privada y la inversión agroindustrial cuando han sido estas el blanco de técnicas de represión desde la presión, la amenaza, la tortura, el asesinato selectivo, la masacre, el desplazamiento bajo las cuales se ha realizado la apropiación de la propiedad privada y colectiva. Las victimas que afirman su derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia son las responsables de la impunidad pues para el ente investigador el no avance en las investigaciones obedece a que estas no facilitan con su testimonio el esclarecimiento de los crímenes y de la usurpación de la propiedad, Afirmaciones carentes de veracidad con la cual pretenden ocultar su responsabilidad en la impunidad. Decenas de testimonios constatan la actuación entre la violencia institucional, parainstitucional y la apropiación pero las mismas no han sido asumidas con la celeridad que la situación exige. La detención de dos responsables en el crimen del afrocolombiano ORLANDO VALENCIA, ocurridas durante este año, se sustentan entre otras pruebas, en varias declaraciones de los testigos, pero hasta el momento el ente investigador se abstenido de enfocar la investigación sobre la Policía y el sector empresarial responsable de este crimen. No es nada cierto lo que afirma la Fiscalia para afrontar la presión nacional e internacional. Nada dice la Fiscalia de la impunidad en que se encuentran 114 crímenes, muchos de ellos de Lesa Humanidad, 15 desplazamientos forzados y la usurpación ilegal de tierras, en hechos que vienen sucediendo desde 1.996.

Es evidente, si se trata de derechos colectivos, de los derechos de pequeños parceleros el Derecho es CONTRA DERECHO, el DERECHO solo es posible si se trata de intereses particulares de sectores empresariales, el DERECHO solo es posible si es parte de la estructuras criminales de tipo paramilitar, que gozan ya, antes de la aplicación de la ley 975, de la libertad y el goce de lo mal habido a través del testaferrato y de la impunidad.

Comisión Intereclesial de Justicia y paz

Bogotá, abril 21 de 2006