Nuevas amenazas a reclamantes de tierras en Pedeguita y Mansilla, plan de atentado contra la vida e integridad de JAMES RUÍZ, líder de Curvaradó, continúan operaciones ilegales empresariales de coca, de palma, de ganadería extensiva, ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarismo.
FIRMAR ABAJO PARA ENVIAR CARTA A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:
Bogotá, D.C. 16 de Septiembre de 2013
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Ministro de Justicia
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la Nación
Ref:
¡Escúchame y obra, los despojadores son más fuertes que yo!”. Salmo 142,7
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de presiones y operaciones de tipo paramilitar por ocupantes de mala fe y empresarios vinculados con agronegocios en predios colectivos de Curvaradó y Pedeguita y Mansilla; ante las omisiones y tolerancia de la fuerza pública ante la continúa circulación de integrantes de estructuras paramilitares en los territorios colectivos, ante el plan de atentado contra la vida e integridad del líder de Curvaradó, JAMES RUIZ.
Nuestra Constancia Histórica y ante las nuevas amenazas de que es objeto el líder MARIO CASTAÑO, MARLENY BENÍTEZ, FELIPE TRIANA, ARGEMIRO HERNÁNDEZ al exigir en derecho la restitución de sus predios colectivos despojados por paramilitares y que hoy se usan en negocios de ganadería por parte de Asociaciones Campesinas creadas por los paramilitares, como ASOPROBEBA, Asociación de Productores de Belén de Bajirá o por el alto oficial de las fuerzas militares, integrante de ACORE, LUIS MOLANO.
Nuestra Constancia Histórica ante los cuestionamientos por un alto efectivo militar de la brigada 17 a los líderes y lideresas GUILLERMO DÍAZ, ENRIQUE CABEZAS, LIRIA ROSA GARCÍA Y RAÚL PALACIOS, que han exigido respeto a sus derechos territoriales ante la instalación de una base militar sin ser consultados y en predios que han sido despojados a las comunidades.
Ante ustedes la fundamentación fáctica ante la implementación de estrategias que imposibilitan un proceso de restitución de tierras a los legítimos y legales propietarios de los territorios colectivos.
* Viernes 30 de agosto en horas de la mañana en la comunidad de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, cinco hombres que no pertenecen al consejo comunitario ocuparon predios de la familia HERNÁNDEZ y de otras familias, abriendo trochas y delimitando la parcelación de la propiedad.
ARGEMIRO HERNÁNDEZ, integrante del consejo comunitario, expresó su rechazo a esta ocupación ilegal que desconoce la ley 70 de comunidades negras y que fue amparada por un vocal de la Junta del Consejo Comunitario.
Durante el día los ocupantes de mala fe establecieron linderos para la entrega de parcelas a cinco familias quienes que no son habitantes tradicionales del territorio.
*Domingo 1 se septiembre en horas de la tarde en el puerto de Brisas de Curvaradó fueron observados dos camiones en que militares transportaban escritorios, estufas, colchoneta, camarotes.
Dentro del personal militar se encontraban 13 hombres, entre ellos, un integrante de la policía que se identificó como capitán ante integrantes del consejo comunitario de Caracolí.
De acuerdo con los testigos, los 13 hombres portaban vestimenta y armas distintas a la del grupo de militares.
* Martes 3 de septiembre en horas de la tarde en la comunidad de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita Mansilla, CARLOS YARLEY PALACIOS, representante legal del Consejo Comunitario, fue abordado por un hombre conocido como alias “El Calvo”, quien suele portar armas de fuego y ocupantes de mala fe,
Estos solicitaron a PALACIOS ordenar el desalojo de las familias que hace un mes regresaron a la comunidad de Bijao Onofre, luego de 16 años de desplazamiento forzoso.
* Miércoles 4 de septiembre desde las 6:00 a.m., los miembros del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mansilla, MARLENY BENÍTEZ y FELIPE TRIANA, junto a cinco personas más, regresaron a sus tierras en Santa María, comunidad ubicada en la vía que conduce al municipio de Río Sucio, luego de 16 años de desplazamiento.
Los ocupantes de mala fe y beneficiarios del despojo paramilitares les exigieron no levantar ningún tipo de alojamiento. Los invasores argumentaron que las tierras habían sido adjudicadas por SOR TERESA GÓMEZ y el sacerdote LEONIDAS GALLEGO y ellos no las iban a devolver.
SOR TERESA es hermana de crianza de los paramilitares CASTAÑO GIL.
Las tierras que están recuperando las familias BENÍTEZ y TRIANA hacen parte de las vendidas irregularmente por el comisionista de tierras RENÉ PALACIOS al narcotraficante y paramilitar HUGO FENEL BERNAL MOLANO, sobrino del ex coronel LUIS FELIPE MOLANO. MOLANO a su vez las vendió a SOR TERESA GOMEZ, siendo representante legal de una Asociación creada por los paramilitares para legalizar el despojo. El nombre de dicha asociación es ASOPROBEBA.
ASOPROBEBA además fue una de las iniciativas de control social y territorial de los Castaño Gil, junto con el proyecto Colombia Sin Hambre para encubrir su rostro criminal, el lavado del tráfico de drogas, mostrar su rostro “altruista”, y legalizar el despojo con nuevos pobladores en los territorios de los desplazados.
Según las víctimas, el presbítero GALLEGO se encuentra vinculado a la Diócesis de Apartadó.
Ese mismo día, hacia las 10.00 a.m. un hombre conocido como alias “Chucho”, dirigió a cerca de 100 personas quiénes con palos y machetes, amenazaron e intimidaron a los recién retornados, advirtiéndoles que si instalaban la habitación provisional “no respondían por nadie”. Luego de la amenaza procedieron a cortar y quemar los palos con los que construían sus viviendas provisionales.
Hacia las 5:00 p.m. el representante legal de Pedeguita Masilla, CARLOS YARLEY PALACIOS, y un delegado de la alcaldía del municipio de Río Sucio, le informaron, a las víctimas del despojo que al día siguiente haría presencia el Inspector de policía de Río Sucio.
A pesar del no reconocimiento de su derecho, la familia permaneció en el lugar en la noche.
MARLENY BENÍTEZ y FELIPE TRIANA son los primeros poseedores legítimos que regresaron a sus tierras del título colectivo, después de 16 años de desplazamiento.
La propiedad de los despojados es de 80 hectáreas de tierra, predio que ha sido usado, luego del desplazamiento paramilitar para la extensión ganadera.
En la actualidad la tierra es administrada por un hombre de apellido CONTRERAS.
* Martes a la 3 de septiembre hacia las 6:00 p.m. cinco ocupantes de mala fe iniciaron trabajos de tumba de montaña y rastrojo en los predios del ARGEMIRO HERNÁNDEZ en la comunidad de Bijao Onofre, Pedeguita y Mancilla.
* Jueves 5 de septiembre hacia las 8:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada de un frustrado atentado del que iba a ser víctima el integrante de la comunidad de Florida, territorio de Pedeguita y Mansilla, MARIO CASTAÑO.
De acuerdo con la información recibida en nuestra Comisión de Justicia y Paz, MERIDO MARTÍNEZ y DARÍO CORREA conocido como “El monje” o “El Cura” preguntando MARIO CASTAÑO.
A las 5:00 p.m., MARIO fue abordado por MARTÍNEZ y CORREA quienes les manifestaron que debían hablar de su propiedad en una reunión que se realizaría en la comunidad de Aguas Vivas.
Ese mismo día, HÉCTOR PALACIOS, alias “Coyote” manifestó que debía asesinar a MARIO CASTAÑO.
De acuerdo con el testigo, DARÍO CORREA, “El Monje o El Cura” ante las denuncias de MARIO por el robo de sus tierras por parte de éste, además, ha presionado al Consejo Comunitario para que lo reconozca como propietario legítimo.
* Jueves 5 de septiembre hacia las 4:00 p.m., en el caserío de Santa María el administrador JOSE CONTRERAS GONZALEZ, conocido como “Vaquita Negra” comentó que el problema que estaban creando BENÍTEZ y TRIANA con su retorno “lo había hablado con la “empresa” -refiriéndose a los paramilitares- y los iba a sacar a las buenas o las malas”.
En este mismo sentido, integrantes de ASOPROBEBA participarían en la acción para evitar que los reclamantes de tierras continúen en el territorio que les fue despojado.
*Viernes 6 de septiembre a las 9:30 a.m., a 20 minutos de la Zona Humanitaria Caracolí, EDWIN REBOLLEDO ZEA quien habita en este espacio humanitario, fue atacado por tres trabajadores de los empresarios ganaderos, familia ARGOTE
Entre los hombres se encontraba “El Guajiro” y el administrador JOSÉ BUITRAGO, quiénes rodearon a EDWIN, lo amenazaron y le manifestaron que “ustedes ya perdieron el territorio, a ustedes los vamos a sacar, así que no sigan molestando y no sigan hablando porque ya perdieron esto”.
*Viernes 6 de septiembre hacia las 4:00 p.m. en el caserío de Brisas de Curvaradó, un mando del batallón de Selva 54 cuestionó las denuncias que realizan GUILLERMO DÍAZ, ENRIQUE CABEZAS, LIRIA ROSA GARCÍA Y RAÚL PALACIOS, entre otros, por levantar una base militar en predios aportados por el empresario DARÍO MONTOYA, sin consulta en predios del consejo comunitario de Llano Rico.
*Domingo 8 de septiembre hacia las 3:10 p.m. las familias BENÍTEZ y TRIANA,integrantes del consejo comunitario de Pedeguita y Mansilla, fueron intimidados y amenazados.
Un sujeto con arma corta y radio de comunicación les interrogó, posteriormente por un radio de comunicación informó a un mando que ya estaba en el lugar. El armado expresó que le habían ordenado sacarlos del territorio colectivo.
* Martes 10 de septiembre a las 3:30 p.m. un hombre llamado FADER abordó a la familia BENÍTEZ y TRIANA, se identificó como integrante de ASOPROBEBA y les inquirió para que se fueran del territorio por las buenas.
FADER les manifestó que si no se iban a las buenas, el domingo anterior había llegado uno con un mensaje, -refiriéndose al armado y con radio de comunicación- FADER precisó a él lo mandamos nosotros, es mejor que se vayan por la buenas”.
Enseguida se retiró del lugar.
* Domingo 15 de septiembre en horas de la mañana, nuestra Comisión de Justicia y Paz, fue informada de la continuidad de la salida e ingreso de insumos y de cocaína en medio de retenes militares en Andalucía y Paravarandó.
La continuidad de la siembra de palma, de banano y de yuca en predios colectivos, de manera ilegal, continúa sin que se haya dado cumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional
* Lunes 16 de septiembre hacia la 1:40 p.m., una fuente confiable le advirtió a JAMES RUIZ, de la Zona Humanitaria Costa Azul, que los paramilitares, vinculados con los sectores empresariales del área de Llano Rico, habían tomado la decisión de asesinarlo si en los ocho días siguientes no se había ido de la zona. Dentro del plan paramilitar estaría contemplada la afectación mecánica del vehículo de protección asignado a su familia.
Nuestra Censura Ética ante la serie de mecanismos de presión psicológica, armada que se desarrolla contra integrantes de los consejos comunitarios de Pedeguita Masilla que han decidido regresar al territorio colectivo exigiendo la restitución de sus predios despojados. Las amenazas sobre MARIO CASTAÑO, MARLENY BENÍTEZ, FELIPE TRIANA, ARGEMIRO HERNÁNDEZ refleja la ausencia de medidas preventivas para la realización de las mismas, la continuidad de la paraeconomía, y la ausencia de medidas eficaces para desmontar la estructura criminal que impide una restitución en derecho de los predios despojados.
Nuestra Censura Ética ante los cuestionamientos que sobre líderes y lideresas realizan efectivos de la brigada 17 contra integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó GUILLERMO DÍAZ, ENRIQUE CABEZAS, LIRIA ROSA GARCÍA Y RAÚL PALACIOS, que exigen respeto a sus derechos territoriales y el cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de las fuerzas regulares. Cuestionamientos que en el pasado se han convertido en legitimador de operaciones paramilitares contra los líderes y lideresas comunitarias.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces del gobierno nacional para dar cumplimiento a los Autos de la Corte Constitucional en la implementación de medidas de protección que eviten daños irreparables a la vida e integridad de integrantes de los consejos comunitarios, que enfrenten y des estructuren operaciones criminales en las que se asiente un modelo de economía vinculada con agronegocios de palma, de coca, de banano, de ganadería.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces, en contexto y tendientes a desestructurar estructuras criminales asociadas a agentes estatales y empresarios que operan bajo actuaciones encubiertas y contra derecho de las comunidades negras.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos se dé respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Ante la serie de amenazas contra los integrantes de los consejos comunitarios de Pedeguita y Mansilla MARIO CASTAÑO, MARLENY BENÍTEZ, FELIPE TRIANA, ARGEMIRO HERNÁNDEZ por parte de beneficiarios del paramilitarismo, qué medidas materiales, administrativas, de investigación y de represión se van a adelantar? ¿En qué plazos?
2. ¿Ante los cuestionamientos de un efectivo de la brigada 17 contra integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó GUILLERMO DÍAZ, ENRIQUE CABEZAS, LIRIA ROSA GARCÍA Y RAÚL PALACIOS que demandaron respeto a sus derechos territoriales, qué acciones y medidas se van a adoptar? ¿Qué entidad y en qué tiempo? ¿Conforme al plan de atentado contra JAMES RUÍZ, qué medidas se van a adoptar de manera expedita, a fin de prevenir daños irreparables a su vida e integridad?
3. ¿Ante las demandas de tierras despojadas en Pedeguita y Mansilla por operadores empresariales entre ellos LUIS FELIPE MOLANO y ASOPROBEBA, qué medidas se van a adoptar para asegurar los derechos de las víctimas del despojo?
4. ¿Ante la ausencia de medidas investigativas y en contexto con una hipótesis de investigación procesal que tienda a develar y desmontar estructuras criminales en que han participado o se han beneficiado actores empresariales, qué medidas se van a adoptar? ¿Qué pruebas se han tomado respecto a las responsabilidades de URAPALMA y la familia ZÚÑIGA CABALLERO, ASOPROBEBA, SOR TERESA GÓMEZ, JORGE GONZÁLEZ, CLAUDIA ARGOTE, DARÍO MONTOYA Y LOS ALTOS MANDOS MILITARES Y POLICIALES DESDE 1996 HASTA 2006?
5. ¿Ante la investigación adelantada por la Contraloría General de la Nación que refleja que casi el 100 por ciento de la palma sembrada en Curvaradó fue financiada por FINAGRO, qué investigaciones se han adelantado?
6. ¿Ante la continuidad de las siembras de coca, de palma, de banano, de yuca y de ganadería extensiva en predios colectivos de las comunidades negras, qué medidas se van a adoptar?
7. ¿En relación con los contenidos de los autos en materia de protección, sírvase indicar el estado de implementación de medidas de protección, distinguiendo las inmediatas y las mediatas, y las de desestructuración de los factores armados y los actores empresariales beneficiarios de la violencia?
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz