La principal iniciativa de derechos humanos del Gobierno, que es la política de restitución de tierras, corre el riesgo de desmoronarse si no se reconoce la persistencia del paramilitarismo y se le enfrenta decididamente a través de la acción combinada de la rama judicial y la fuerza pública.

El Espectador

Jueves 19 de septiembre de 2013

Esta es la tesis central del más reciente informe de Human Rights Watch sobre Colombia, referido a la violencia contra reclamantes de restitución de tierras.
Según la Policía, en 2009 había 4.037 miembros de las bacrim (que es el nombre con el cual el Gobierno anterior rebautizó a los que no se desmovilizaron o se removilizaron) y en 2013, luego de haber capturado a 13.857 de ellos, habría todavía 3.866 en 166 municipios. Son cifras elocuentes, aun si otros estudios serios calculan en 10.000 los paramilitares activos en 337 municipios. Sean cuantos sean, y llámense como se llamen, continúan agrediendo a las víctimas reclamantes de tierras usurpadas: 25 asesinatos y 30 desplazamientos documentados por Human Rights Watch desde 2008, además de 510 amenazas denunciadas entre enero de 2012 y mayo de 2013. También las guerrillas contribuyen a esta catástrofe, así como las minas antipersona y algunos de los actuales propietarios posteriores a la usurpación. Pero la mayoría de estas agresiones provienen de los grupos paramilitares y especialmente de los Urabeños, que aumentaron de 1.994 a 2.369 efectivos entre febrero y mayo de 2013, también según la Policía.
La Fiscalía ha actuado en relación con algunas de estas agresiones, como el asesinato en 2012 de Manuel Ruiz y su hijo, por el cual hubo cuatro imputados en el término de un año. Pero no ha sido esa la regla. De los 49 asesinatos mencionados, apenas ha habido condenas en ocho casos e imputados en otros siete. Ninguna de las amenazas ha dado lugar a imputaciones ni a condenas. Y de 17.109 casos de desplazamiento, ha habido condenas en 28, es decir, menos del 0,0017%.
En tales condiciones de impunidad, no es raro que cunda el temor entre los reclamantes, de tal manera que, mientras el Ministerio de Agricultura esperaba que se presentaran 40.000 solicitudes de restitución en 2012 y 75.000 en 2013, se hayan recibido, hasta junio de este año, 43.590. Incluso varios jueces de restitución de tierras advirtieron al Gobierno, el pasado mes de marzo, que estaban igual o mayormente expuestos que las víctimas a estos atentados. Y el riesgo aumenta en la medida en que, como también lo muestra el informe, hay miembros de la fuerza pública cómplices de los paramilitares en las regiones, o al menos inactivos frente a ellos, que no toman en serio las denuncias relacionadas con sus agresiones.
Depurar a la fuerza pública, hacer realidad la priorización y el tratamiento conjunto de estos delitos por parte de la Fiscalía, y actuar decididamente contra el persistente paramilitarismo, son medidas indispensables para sacar adelante la valiosa política de restitución de tierras y superar sustancialmente la crisis de derechos humanos. No vaya a ser que el paramilitarismo carcoma esa política, como a la madera el comején, que mucha gente tampoco ve.

Gustavo Gallón Giraldo

tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/restitucion-vs-impunidad-del-999983-columna-447315