Bogotá, 13 de febrero de 2013
Señores
Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República:
Ministerio de Defensa
Defensoría del Pueblo
Procuraduría General de la Nación
ALERTA TEMPRANA
La Corporación Sembrar, organismo no gubernamental de derechos humanos, legalmente reconocido por el Estado de Colombia, da a conocer a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y a los organismos de control del Estado la siguiente alerta temprana:
Desde el día viernes 8 de febrero de 2012, aviones del ejército nacional han arrojado sobre diferentes caseríos del sur de Bolívar una serie de volantes en los que se ofrecen recompensas de hasta diez millones de pesos por unos presuntos “integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Darío Ramírez Castro de la ONT ELN”.
En dichos volantes, se hacen señalamientos de sobrenombres o como los denomina el ejército “alias”, de carácter genérico, que podrían coincidir con la forma en que se conocen a líderes sociales de la región, los cuales han sido en el pasado reciente víctimas de la acción de paramilitares y de tropas de la V Brigada del Ejército Nacional, en los cuales inclusive personal militar se encuentra sometido a juicio.
Ya en días anteriores han sido permanentes los sobrevuelos y perifoneos sobre caseríos a altas horas de la noche, con frases intimidantes como “están rodeados”, “no sean alcahuetas”, además del desarrollo de allanamientos a viviendas sin orden judicial y el señalamiento permanente a los pobladores de la región de prestar asistencia al grupo que mantiene retenidas a las 6 personas, estas situaciones se han presentado en el marco de los operativos de rescate que desarrollan tropas del ejercito nacional en todo el territorio del Sur de Bolívar.
Las tropas del ejército nacional demuestran con esta “campaña” de recompensas su profunda irresponsabilidad al desplegar este tipo de acciones puesto que al no especificar ninguna otra descripción de los supuestos guerrilleros a los que se está buscando, pone en riesgo a civiles que no tienen nada que ver con las acciones insurgentes en la región, más cuando se ofrece dinero “por información que conduzca a la ubicación…” de esas personas.
Este tipo de política ha sido incluso objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU quien en julio de 2010 hizo profundas criticas al sexto informe presentado por el Gobierno Nacional en Ginebra Suiza, allí el Comité cuestionó las recompensas que el Gobierno colombiano entrega a quienes colaboren con la lucha contra la guerrilla.
El organismo, hacía referencia a las recompensas autorizadas por una directiva secreta del gobierno que ofrecía recompensas por información o acciones que permitieran la lucha contra la guerrilla. Los miembros del Comité señalan que este tipo de acciones dieron lugar a los llamados Falsos Positivos.
Así mismo el entonces relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Colombia, Víctor Abramovich, refiriéndose a las hipótesis de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, indico en entrevista al diario el Espectador “Hay tres grandes hipótesis, que no son nuestras, sino de los funcionarios: una sostiene que, aunque se cambien los incentivos, las bajas siguen siendo importantes. Otra tiene que ver con el sistema de recompensas, que puede ser un incentivo perverso. Hay quienes dicen que los militares no participan de este sistema, pero otros sostienen que pueden participar civiles que actúan como testaferros de estos militares. (Entrevista 10 diciembre del 2008).
Por todo lo anterior pedimos a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas intervenir ante el gobierno colombiano para pedirle que de manera inmediata suspenda la campaña de recompensas y aclare si alguno de los volantes hace referencia a algún líder comunitario del sur de Bolívar.
Solicitamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos enviar comunicaciones a las autoridades rechazando este tipo de acciones que ponen en riesgo a líderes del sur de Bolívar.
Exigimos a la Presidencia de la República en cabeza de Juan Manuel Santos y al Ministerio de Defensa en cabeza de Juan Carlos Pinzón suspender de manera inmediata la campaña de recompensas que están adelantando en la región y que pone en riesgo a líderes comunitarios.
Sus comunicaciones enviarlas a:
Presidencia de la República: Casa de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Edificio Administrativo, Calle 7 No.6-54. Bogotá D.C., Colombia
Vicepresidencia de la República: Carrera 8a No.7-57
Ministerio de Defensa: Carrera 54 Nº 26 – 25 Centro Administrativo Nacional – CAN, Bogotá D.C., Colombia
Defensoría del Pueblo: Calle 55 Nº 10 – 32, Bogotá D.C., Colombia
Procuraduría General de la Nación: Carrera 15 No 15-80, Bogotá D.C., Colombia
Firma,
CORPORACION SEMBRAR