Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de Tratados de Libre Comercio para la protección y promoción de la inversión.
Las sistemáticas revisiones del Estatuto de Inversión Extranjera de 1990 han facilitado al ejecutivo la creación de la cláusula de igualdad respecto a las inversiones nacionales, así como la inclusión de figuras legales tales como el "trato de nación más favorecida", por el cual un país firmante de unas determinadas condiciones se podría beneficiar de las mejoras reflejadas en la firma de otro acuerdo con una nación diferente, amén de las portentosas desgravaciones fiscales que se han mantenido e intensificado para los grandes capitales.
Junto a estas fórmulas de incentivo económico, el gobierno Santos ha promovido el fortalecimiento de un marco jurídico al servicio de las inversiones extranjeras, promoviendo nuevas leyes y firmando TLCs que comprometen al estado colombiano a garantizar la seguridad de las inversiones, incluso militarmente. No en vano, fuentes del ministerio de defensa reconocen que alrededor de un 30 por ciento de militares se encuentran destinados al cuidado de las IED.
Este desarrollo normativo se institucionaliza con la creación o/y promoción de diferentes Agencias Nacionales, dependientes directamente de Presidencia y sin presencia alguna del poder legislativo o la participación de la sociedad civil.
El marco de promoción de la IED, en el que se plantea aumentar las zonas de explotación agroindustrial y forestal a 12 millones de hectáreas, la explotación petrolífera a 38 millones y la minera a 11 millones, requiere un nuevo ordenamiento territorial bajo la perspectiva de la acumulación del capital que hace imprescindible aclarar los derechos de propiedad para legalizar y legitimar este modelo de desarrollo basado en la reprimarización financiarizada de la economía colombiana.
El ingreso a los flujos financieros globales promoviendo la entrada de capitales de empresas transnacionales a Colombia, incentivando el movimiento en el mercado de las tierras, e incluso favoreciendo las dinámicas especulativas en torno a los valores en bolsa de las distintas corporaciones implica, necesariamente, construir un escenario legal, capitalista, neoliberal, legítimo. Un escenario diferente al estado parapolítico y caciquil propuesto por el antecesor de Santos, aunque igualmente injusto y tenebroso.
En dicho marco deben leerse los anuncios de las Leyes de Restitución de Tierras y Víctimas, así como la futura Ley Agraria y de Desarrollo Rural que se encuentra en proceso de debate en el seno del gobierno en estos momentos y que plantea la creación de un Consejo Nacional de Tierras, dependiente directamente de Presidencia y responsable del ordenamiento de usos del suelo rural. Es decir, de la definición del espacio y la propiedad del mismo: la decisión unilateral de a quiénes, cuánto y en qué condiciones se restituirá la tierra, atendiendo a las necesidades de los inversores en primera instancia (pues ahora la Ley así lo establece).
Este cambio de rumbo en la política de desarrollo rural tiene sus consecuencias directas en el modo de abordar el tema de las Zonas de Reservas Campesinas, las zonas Afros o los Resguardos Indígenas. Mientras que Uribe era completamente contrario a promocionar Zonas de Reserva Campesina, Santos promueve estas fórmulas, mientras deja atado previamente el marco institucional y normativo que posibilitará legalizar y legitimar el despojo, a la vez, hace uso de una estrategia de cooptación de las organizaciones de base y titulares de la propiedad de la tierra, reconvirtiendo a estos pequeños propietarios en socios o trabajadores del consorcio agroindustrial, forestal o minero-extractivo, bajo la lógica del capitalismo inclusivo.
De paso, al promover Zonas de Reserva Campesina, Afros y Resguardos Indígenas en tierras reclamadas por cada uno de los colectivos para sí mismos, incentiva la creación de conflictos interétnicos por la titularidad de la tierra. La perversidad del giro de la política de Santos no solo reside en la apuesta por un modelo de crecimiento económico que únicamente beneficia a unos pocos, también mantiene intactas las estructuras narcoparamilitares tradicionales.
*Esteban Ramos, Paz con Dignidad Colombia.
Este artículo ha sido publicado en el nº 50 de Pueblos - Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2012.
Tierras y masas
Martes, 07 de Febrero de 2012 Por : Héctor MondragónCorporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular - Instituto Nacional Sindical CEDINS
El encuentro del presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y el gerente de Incora Juan Manuel Ospina, con campesinos de la región Caribe, en el estado metropolitano de Barranquilla, el 27 de enero pasado, así como otras movilizaciones previstas, han hecho pensar que llegó la hora de “meterle pueblo” a la ley de víctimas.1 ¿Estaremos frente una nueva edición de la “revolución en marcha” de López Pumarejo o al menos de la “transformación nacional”, cuando el Gobierno de Lleras Restrepo no vaciló en decretar la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC para apoyar la reforma agraria?
Dos hechos conspiran contra esa posibilidad
Uno, son los palos en la rueda que el propio Gobierno y el Congreso colocaron en la ley de víctimas para obstaculizar el reintegro de la tierra a los desplazados despojados, separando el reintegro jurídico de la propiedad con el derecho a retornar a ella y estableciendo una supuesta propiedad en la cual el propietario no puede vivir ni puede usufructuar si así lo desea, según los artículos 73 y 99 de la ley de víctimas.
Palos en a rueda, que no solamente la van a detener sino a despedazar son determinados artículos de la actual versión del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, como el que legaliza las escrituras fabricadas hasta 1992 ó 1993 para apoderarse de predios, cuando precisamente la Superintendencia de Notariado y Registro ha denunciado los abundantes fraudes notariales.2 Los artículos que crean en Colombia el “derecho real de superficie”, concuerdan con los que impiden el retorno de los desplazados despojados a producir en sus propiedades y establecen un nuevo tipo de contrato que va más allá del arrendamiento y el usufructo y el legítimo propietario puede verse obligado a conceder una territorialidad hasta por 30 años a quien estaba explotando el predio sin su consentimiento.
Palo sorpresivo en la rueda es el artículo del proyecto del Gobierno que aumenta de 3 a 5 años el plazo para la extinción de dominio de un predio inculto. Cuando las propias estadísticas oficiales expuestas por el señor Ministro de Agricultura muestran que hay 17 millones de hectáreas aptas para la agricultura que los grandes propietarios desperdician, ¿cómo se explica fomentar ese desperdicio? El asunto crucial es precisamente si el desarrollo agropecuario aprovecha esas tierras dentro de la “frontera agrícola”, que por ahora están desperdiciadas mientras su control eleva el precio de la tierra o si se continúa el modelo actual de crear empresas arrebatándoles la tierra a campesinos, indígenas y afro.
Palos en la rueda son los artículos contra los indígenas y afros que permiten o legalizan el despojo de sus tierras. La legislación vigente protege no solamente las áreas donde están asentadas o “establecidas” las comunidades, sin todo su territorio, que incluye su “hábitat”. Por eso protege el territorio de lo agricultores itinerantes que saben cultivar en la selva con chagras rotatorias que permiten la regeneración del bosque y los territorios de caza y recolección, que exigen la movilidad estacional propia de los pueblos nómadas y seminómadas. El proyecto del Gobierno elimina esas normas vigentes que protegen estos territorios y solamente protege a los pueblos no contactados.
Para completar el proyecto del Gobierno establece una restructuración de resguardos coloniales que permite recortar el resguardo, excluyendo de él las áreas donde han sido desplazados los indígenas y validando escrituras fabricadas por particulares dentro de él; elimina las normas que protegen las reservas indígenas vigentes.
El segundo hecho que impide una movilización masiva por la tierra para las comunidades rurales, es la violencia que domina extensas áreas rurales. La población rural ha sido y continúa siendo aplastada por el asesinato de sus líderes, las masacres, la coacción, las amenazas, el desplazamiento forzado o el confinamiento forzado, las imposiciones armadas, las minas antipersona y las bombas. Córdoba y muchos municipios de otros 4 departamentos fueron paralizados por una simple orden de un grupo paramilitar, varias comunidades han denunciado con pruebas cómo han sido afectadas por bombardeos aéreos y sus cultivos de pan coger dañados por fumigaciones; cada semana personas pobres del campo pisan minas explosivas o lideres de los desplazados y los retornados son asesinados, Tumaco, Villa Rica o Toribío quedaron arrasados por carros bombas.
La barbaridad de la violencia que azota a las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas y a los trabajadores rurales impide que desplieguen una gran movilización por sus derechos, como las que desembocaron en la “revolución en marcha” o como las que encabezó la ANUC entre 1968 y 1973.
El presidente Santos ha declarado en Barranquilla que la revolución agraria deja sin argumentos a las FARC. Lo que en verdad deja sin argumentos a las guerrillas es la ausencia de esa revolución agraria después de décadas de guerrilla, cuyo resultado finalmente han fortalecido al latifundio especulativo, ha incrementado al extremo la concentración de la propiedad de la tierra y ha dado más poder a la ultraderecha. La guerra se ha encargado de aplastar la posibilidad de la movilización las comunidades indígena, afros y campesinas, sin la cual es imposible la más mínima reforma agraria y sin la cual no se puede imaginar una revolución agraria.
Como se vio en el debate del estatuto rural y en el del Plan de Desarrollo, la mayoría parlamentaría se limita a aprobar a pupitrazos los peores artículos. ¿Qué tal la llamada flexibilización de la Unidad Agrícola Familiar que permite entrega a grandes empresas las tierras tituladas a colonos campesinos?
Incluso cuando existen normas que protegen a los campesinos no se aplican, cuando la guerra los tiene aplastados. Por ejemplo, las normas sobre reservas campesinas están vigentes, pero solamente fueron constituidas media docena y sólo en zonas de colonización o de grave conflicto de manera que la mayoría se marchitaron por la guerra y el desplazamiento y una estuvo suspendida, mientras decenas de solicitudes fueron archivadas, algunas de ella en territorios que aun gozan de tranquilidad. Los anteriores gobiernos y congresos intentaron con las leyes 508 de 1999 y 1152 de 2007, limitar las reservas campesinas a zonas de colonización o baldíos. Aunque esas leyes fueron declaradas inconstitucionales, las reservas campesinas no pudieron constituirse más ni siquiera en zonas de colonización o baldíos.
Sin la movilización masiva de campesinos, indígenas, afros y trabajadores rurales no habrá reforma agria ni mucho menos revolución agraria. Y mientras los actores de la guerra continúen golpeándolos, su movilización va a ser muy limitada.
Según los investigadores sociales Mauricio Archila y Martha Cecilia García, aunque el movimiento social ha seguido muy activo con 3.845 protestas entre enero de 2006 y junio de 2011, los campesinos han realizado el 8 % de estas movilizaciones, cuando antes efectuaban el 20 %. Quienes han elevado su peso en la protesta social son las víctimas de la violencia con el 13 % de las protestas. El 23 % de las protestas tuvieron que ver con la violación de Derechos Humanos. Los sindicatos obreros víctimas del asesinato de sus dirigentes sólo realizaron el 8% de las protestas cuando antes protagonizaban el 30 %. 3 En el período cubierto por su investigación se registró la gran Minga Indígena nacional, los grupos étnicos representan el 4 % de las protestas, pero después de la Minga el automóvil de la organización indígena que usaba su principal portavoz Aída Quilcué fue abaleado y su esposo Edwin Legarda murió asesinado. Decenas de indígenas han sido asesinados desde entonces, aunque ha habido nuevas movilizaciones indígenas, la violencia está interpuesta contra ellas.
Alejo Suárez es uno de los dirigentes campesinos que se reunió con el presidente Santos en Barranquilla, pero paradójicamente dice con claridad que “es muy poco probable que le permitan retornar a la tierra de la cual fue desplazado, que era parte de una empresa comunitaria. Él afirma que “uno creería que se abre una ventanita con la política de restitución de tierras y la ley de víctimas. Pero yo digo una ventanita, porque lo que uno observa es una indecisión política del Estado para implementar esas reformas. Tu no vas a desarrollar 20 años de guerra para apropiarte de algo para después devolverlo”.4
La ventanita solamente será una gran puerta, cuando la abra la movilización y ella tendrá que conquistar primero que pare la violencia, que no haya más asesinatos y cese la barbarie contra la población rural.
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1 “Popular o populista”, Seamana.com, 29 de enero de 2012.
2 Hugo García Segura y Alfredo Molano Jimeno “Hubo bacrim jurídicas en robo de tierras”, El Espectador, 29 de enero de 2012.
3 Archila Mauricio y Martha Cecilia García (2012) “COLOMBIA: ¿Vino nuevo en odres viejos?”. Adital
4 “Alejo Suárez, el líder campesino que habla con Santos”; Corporación Nuevo Arco Iris, 30 de enero de 2012.