En su visita a Colombia la semana pasada, entre las muchas cosas que recomendó el Relator Especial de la ONU para Indígenas James Anaya, fue discutir con los pueblos indígenas el proyecto de ley que prepara actualmente el Gobierno para regular la consulta previa. Con esta alusión, el Relator puso el dedo en la llaga de uno de los temas que más dolores de cabeza han causado al gobierno de Uribe.
La consulta previa es un derecho constitucional que tienen los indígenas y las comunidades negras a ser consultadas sobre proyectos que puedan afectar su comunidad como una forma de proteger la identidad cultural, social y económica de las minorías étnicas.
Desde 1994 cuando comenzó a operar esta figura, se han desarrollado 118 consultas previas. En la práctica, sin embargo, con contadas excepciones, la mayoría han sido una farsa en el mejor de los casos, y una fuente de conflictos y violencia en los demás.
El choque de intereses surge porque muchos megaproyectos –de infraestructura, de minería, de energía- que son estratégicos para el desarrollo económico del país son vistos con razón por las comunidades que habitan los territorios donde se adelantarán como una amenaza a su identidad cultural y al equilibrio ambiental. Y aunque siempre ha generado mucho conflicto, en los últimos años la consulta previa ha chocado de frente con la política de confianza inversionista de Uribe y con el modelo de desarrollo agroindustrial de grandes monocultivos como los de la palma.
Debido a que la consulta se adelantó mal, la Corte Constitucional tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal y condicionó el Plan de Desarrollo. Seguramente, por esta misma razón también se caerá el Código de Minas, a punto de ser aprobado por el Congreso. Y ahora estudia la demanda de los indígenas contra la construcción del multimillonario proyecto de Puerto Brisa en la Guajira.
El caso de Puerto Brisa
La construcción del Puerto Multipropósito de la empresa Brisa, que contempla la creación de un complejo siderúrgico, una cementera y una zona franca industrial en el municipio de Dibulla, en la Guajira, es un caso ilustrativo de cómo se aplica la consulta previa.
El Ministerio del Interior declaró que no había comunidades indígenas en la zona, aún cuando años atrás, en 2001 y 2002, había declarado lo contrario. El Ministerio de Ambiente, siguiendo la primera resolución del Mininterior, ordenó la consulta. Pero fue demandada por Brisa S.A. que se atenía al último veredicto que negaba la existencia de comunidades en la zona. Después de un tire y afloje, el Ministerio de Ambiente otorgó en el 2006 la licencia ambiental y ordenó que la consulta se realizara posteriormente.
Aunque se realizaron algunas reuniones, los Kankuamo, los Kogui, los Wiwa y los Arhuacos de la Sierra reiteraron en noviembre de 2007 su oposición al proyecto carbonífero antes de que se realizara la última "reunión de concertación" con la empresa en enero del siguiente año. Los cabildos alegaron que estas reuniones habían sido confusas y que habían recibido citaciones tardías y restringidas para asistir. En todo caso, en marzo de 2008, el Ministerio del Interior certificó la realización de la consulta previa y levantó la suspensión de las obras decretada dos años atrás por Minambiente. Entonces, los indígenas demandaron el caso ante la Corte Constitucional.
El magistrado ponente, Gabriel Eduardo Mendoza, ya decretó pruebas y está revisando el argumento cultural expuesto por los indígenas: que el cerro Jukulwa, que fue partido en dos por la empresa, es un lugar sagrado e importante porque constituye una barrera natural contra la propagación de las epidemias y enfermedades.
(Cuando La Silla Vacía intentó con varias llamadas y correos contrastar esta información y la de todo este artículo con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, con la Oficina de Licencias y Permisos del Viceministerio de Ambiente, y con la Defensora Delegada para Indígenas de la Defensoría del Pueblo, los funcionarios encargados no estaban, estaban ocupados o no estaban autorizados para dar declaraciones.)
Otras fallas de la consulta
Unos años antes, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior ya había negado la presencia de comunidades en las zonas a explotar. “Tal fue el caso de los proyectos turísticos que se empezaron a desarrollar en las Islas del Rosario en 2007, un territorio habitado ancestralmente por población afro", dice Juan de Dios Mósquera, líder del Movimiento Nacional Cimarrón, organización que defiende los derechos de las negritudes.
“Para agilizar el trámite de verificación, la Dirección de Etnias inclusive ha hecho la revisión desde un helicóptero y si no ven movimiento, declaran que ahí no habitan comunidades", señaló la investigadora de la Universidad del Rosario, Gloria Amparo Rodríguez, a próposito de la fallida consulta de 2005 entre Ecopetrol y los indígenas Motilón Barí para la exploración y explotación petrolera del Pozo los Alamos ubicado en la cuenca del río Catatumbo, en Norte de Santander.
Cuando se declara la necesidad de consultar a los indígenas o afrocolombianos, el procedimiento tampoco es transparente. "La consulta tiene poco de previa. En la práctica, la consulta opera cuando ya se adjudicó el contrato y cuando ya se han destinado recursos", dijo Yamile Salinas, consultora de Indepaz y asesora de la Procuraduría.
Por ejemplo, el contrato entre el Incoder y la Unión Temporal Guajira para la construcción del Proyecto Ranchería, que proveerá agua a unas 400 mil personas en la Guajira, se firmó en 2001, los recursos se destinaron en 2002 y la consulta solo se realizó hasta 2005. A pesar de que los indígenas Wiwa se opusieron, las obras iniciaron en 2006 y la represa comenzará a llenarse en octubre de este año.
"Las comunidades llegan a la reunión de la consulta previa sin conocer el proyecto y allí las empresas sólo lo enuncian", dijo Juan de Dios Mósquera a La Silla Vacía. Explicó que las consultas se desarrollan en una, dos o tres reuniones de un día donde se comunica de forma superficial y fragmentada el tipo de obras que se piensan desarrollar y se suavizan los posibles impactos ambientales que afectan a las comunidades.
"Las actas son firmadas por un número de personas que no representa a sus pueblos en reuniones distractoras que se celebran con sancochos o mamonas y promesas sobre las opciones de trabajo y el desarrollo de zonas estratégicas como puertos, ríos, bosques y selvas", agregó Javier Sánchez, Consejero de Territorio y Recursos Naturales de la ONIC.
En realidad, en la mayoría de los casos, la aprobación de las comunidades simplemente se compra. Las compañías arreglan las canchas deportivas, realizan capacitaciones o financian pequeñas carreteras con el objetivo de hacer amistad con los indígenas y apresurar la firma de la consulta. "Distorsionan el objetivo general de la consulta con dinero y regalos que pretenden resarcir los daños ambientales de forma fácil y superficial”, dice la profesora Rodríguez.
La otra cara
Las comunidades no son simpre las víctimas. En algunos casos, los líderes aprovechan el mecanismo de la consulta previa para bloquear proyectos importantes y elevar el precio de su aprobación. Los nombres de Rosa Solis e Idalmy Minota son bien conocidos (y temidos) en institutos como el Invías y el Inco por su capacidad de veto.
Se habla, por ejemplo, que Invías invirtió 600 millones de pesos para lograr que las comisión consultiva de afrocolombianos que Minota controla respaldara el proyecto de la Doble Calzada Buga-Buenaventura, con un costo que supera el billón de pesos.
Esta líder chocoana controla los consejos comunitarios en Baudó, San Francisco de Cugucho, en el Alto Baudó, y otros pueblos claves por donde pasará esta vía que unirá el centro del país con el mar Pacífico.
Solis, por su parte, jugó un papel fundamental en la aprobación del proyecto del Puerto Industrial Aguadulce, en Buenaventura, donde ‘Rosita’, como la llaman, controla nueve consejos comunitarios. Una fuente dijo a la Silla Vacía, pero no lo pudimos confirmar, que Solis incluso presionó la salida de uno de los gerentes del proyecto, que tiene una inversión superior a los 100 millones de dólares y que no pudo despegar hasta que lograron convencer a Rosita de los beneficios del proyecto para su comunidad. Los peores casos
En otras oportunidades, las consultas no se pueden realizar porque los líderes indígenas y afrocolombianos han sido desplazados por paramilitares que apoyan la realización de los proyectos o por guerrillas que se oponen.
Sánchez, de la Onic, denunció, por ejemplo, que paramilitares quemaron casas de indígenas que se oponían a la iniciativa de Ecopetrol y Pacific Rubiales, la empresa canadiense que lidera la construcción del oleoducto Rubiales-Monterrey, en Puerto Gaitán, Meta. Este proyecto tiene una inversión superior a los 300 millones de dólares.
En el El Charco, Nariño, los campesinos afrocolombianos tuvieron que huir a causa de las amenazas, asesinatos y terror de las "Aguilas Negras" y los "Rastrojos” que se disputan el narcotráfico en la zona.
Es en este contexto de guerra en el que se desarrolla el megaproyecto Arquímedes 2006, en Golfo de Tribugá, en el Pacífico colombiano. El proyecto incluye un terminal multipropósito portuario, de turismo y servicio regional de cabotaje y pesquería, y en una segunda fase, un puerto de hidrocarburos. En los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, en el Pacífico, los líderes han huido de sus territorios porque "ni siquiera se pueden reunir dadas las amenazas de vida o muerte que los obligan a abandonar sus territorios", explicó Andrea Becerra, la abogada del ILSA, que representó a los indígenas en la demanda del proyecto de Puerto Brisa ante la Corte.
A veces no es necesaria ni siquiera la violencia de los grupos armados. En el 2008, los indígenas Embera demandaron la irregularidad de la consulta previa que se debía realizar en el Cerro Cara de Perro (entre Chocó y Antioquia) para la explotación de oro y otros minerales por parte de la compañía Muriel Mining y cerca de 700 personas salieron de sus comunidades cuando supieron que comenzaría la exploración de oro que despertaría al espíritu que cuidaba ese territorio. “Durante el éxodo, cuatro niños murieron por falta de comida y atención médica", precisó Ana Manuela Ochoa, funcionaria de la ONIC.
Ahora que el grupo de consulta previa del Ministerio del Interior prepara un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la consulta previa tendrán que tener en cuenta todas estas realidades.
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