Los diez campesinos, sus familiares y amigos que masivamente acudieron a la audiencia quedaron sorprendidos al escuchar el sentido del fallo del Juez Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, quien sin titubear consideró que serán declarados penalmente responsables por el delito de rebelión.

Siete hombres y tres mujeres, habitantes de la zona rural del municipio de Tona (Santander) fueron privados de la libertad por agentes de la SIJIN el 5 de agosto de 2010, soportando desde ese día el rigor de la cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo (Girón). Fueron acusados por la Fiscalía por el delito de Rebelión; pues como cientos de campesinos en Colombia, han sido señalados de ser colaboradores de la guerrilla.

El sentido del fallo condenatorio se sustentó, como en otros tantos casos, exclusivamente en las declaraciones de dos supuestos reinsertados y en un par de entrevistas juradas de testigos que no comparecieron al juicio. El juez de conocimiento, optó por dar credibilidad a las atestaciones de estas personas a la par que le restó valor probatorio a las de aquellos habitantes que acudieron al proceso para dar fe de la vida laboral, personal, cotidiana de los 10 pobladores de Tona.

Esta decisión va en contravía de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que hablan de la obligación que les asiste a los jueces de la República de hacer una valoración exigente de las declaraciones de supuestos reinsertados, pues se trata de personas con intereses personales que reciben beneficios del gobierno nacional. Sumado a ello, desconoce los principios de contradicción e inmediación de la prueba que rigen el sistema penal acusatorio, al valorar al contenido de las entrevistas rendidas por supuestos desertores de la guerrilla que no acudieron al juicio a efectos de ser contrainterrogados por la defensa. Por estas razones, observamos con suma preocupación que se han vulnerado las más elementales garantías procesales de estos diez pobladores del municipio Santandereano.

En los últimos años la FCSPP ha venido denunciando cómo en el nororiente colombiano se ha dado continuidad a la práctica sistemática de las capturas masivas e indiscriminadas contra la población campesina, acusada de pertenecer o colaborar con la guerrilla. Aunque por lo general los procesos culminan con sentencias absolutorias, en este caso se ha proferido un sentido del fallo adverso que desconoce las pruebas que demostraron su condición de reconocidos pobladores de la región; personas que han tenido el infortunio de vivir en zonas de páramo, donde nacen las fuentes hídricas que surten a gran parte de la zona metropolitana de Bucaramanga.

La decisión del Juez Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, debe constituir un llamado de atención a la comunidad nacional e internacional a volver la atención sobre la grave problemática de las detenciones masivas que continúa afectando gravemente no solo el derecho a la libertad de nuestros campesinos, sino también el de permanencia en el territorio, entre otros. 

Fundación Comité de solidaridad con los presos políticos, Bogotá D.C. Octubre 25 de 2010