En el año 2003, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la situación de derechos humanos en Colombia “se ha caracterizado por violaciones graves, masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes contra la humanidad”. Cinco años después, las violaciones continúan siendo graves, masivas y sistemáticas, en muchos casos se han agudizado y en gran parte permanecen en la impunidad. La responsabilidad de estas violaciones en la mayoría de los casos se atribuye al Estado colombiano, ya sea por perpetración directa o por tolerancia o apoyo a los grupos paramilitares. Además, el país está enfrentando una grave crisis del Estado social de Derecho, como consecuencia del irrespeto a la separación de poderes por parte de la rama ejecutiva, lo cual hace mucho más preocupante la situación del país en este momento. Como se ilustrará más adelante, en un contexto de irrespeto por los derechos humanos, han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado, al tiempo que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos a sindicalistas en el mundo. Además, desde hace 40 años, existe un conflicto armado, en los términos definidos por el artículo primero del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados de carácter no internacional. A pesar de esta realidad, el Presidente de la República insiste en desconocer su existencia, poniendo en tela de juicio la aplicación del derecho humanitario. Aunque el Gobierno permanentemente insiste en presentar su política de “seguridad democrática” como una política de derechos humanos4, la ejecución de la misma ha generado mayores violaciones a los derechos y libertades ciudadanas, debido a que está basada en un desconocimiento deliberado de principios elementales del derecho humanitario. Así mismo, se han desconocido principios básicos establecidos en la Constitución Política que define al país como un “Estado Social de Derecho” y se ha circunscrito “la seguridad” a respuestas militares y policivas, ignorando con ello que debe fundarse en el respeto por los derechos humanos. DESCARGAR EL INFORME COMPLETO ESTE INFORME HA SIDO PRODUCIDO POR : ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES Conformada por 140 organizaciones sociales colombianas ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ Conformada por 754 organizaciones sociales, de paz y de derechos humanos colombianas COORDINACIÓN COLOMBIA-EUROPA-ESTADOS-UNIDOS Conformada por 199 organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO Conformada por 110 organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas Además de las 4 redes arriba mencionadas, aportaron en la redacción de este documento las siguientes coaliciones: MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO, COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (COALICO), OBSERVATORIO SOBRE DISCRIMINACION RACIAL, CENTRO DE COOPERACIÓN AL INDIGENA CECOIN Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT).