En Ginebra, el 20 de septiembre de 2011, en el XVIII período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya, presenta sus informes 2011, correspondientes al tercer año de su mandato, período Septiembre 2010- septiembre 2011.
TEMA CENTRAL DEL INFORME 2011:
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS QUE REALIZAN OPERACIONES DENTRO DE TERRITORIOS INDIGENAS O EN PROXIMIDAD DE ELLOS
El Informe Anual 2011 aborda el candente tema de las Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos
El Relator Especial dedica la segunda parte de su informe al análisis del impacto de las industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos, sobre la base de un cuestionario distribuido a los gobiernos, los pueblos indígenas, las empresas y la sociedad civil. Señala en su introducción:
"La conciencia creciente del impacto que tienen las industrias extractivas en los derechos de los pueblos indígenas cobra una mayor importancia por las preocupaciones manifestadas en muchas de las respuestas recibidas, que confirman la afirmación de que esos proyectos e industrias están convirtiéndose en los más graves retos al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas."
"Esa situación se ve empeorada además por la falta de comprensión tanto de las normas básicas mínimas relativas a los efectos de las industrias extractivas sufridos por los pueblos indígenas como de la función y la responsabilidad del Estado para asegurar la protección de sus derechos."
Descargar el informe 2011 (pdf, español)
Extractos del informe 2011 :
Las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas. Los organismos públicos y las empresas privadas que participan en la extracción o explotación de recursos naturales, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, han contribuido a causar esos efectos. Hay que señalar que algunos gobiernos han intentado mitigar los efectos negativos de las operaciones de extracción, aunque los derechos humanos siguen siendo violados como resultado de la creciente demanda de recursos y de energía. El Relator Especial considera que las operaciones cada vez más numerosas de las industrias extractivas constituyen un problema apremiante para los pueblos indígenas a escala mundial. (...)
Con respecto a la repercusión negativa de las operaciones extractivas sobre los recursos hídricos, se señaló que el agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos habían tenido efectos perjudiciales sobre el agua disponible para el consumo humano, el riego de tierras de cultivo y el pastoreo, y habían afectado a la pesca tradicional y otras actividades, en particular en hábitats naturales frágiles. (...) El segundo problema importante mencionado en las respuestas al cuestionario era el efecto negativo de las operaciones de las industrias extractivas sobre las estructuras sociales y culturales de los pueblos indígenas, en particular cuando esas operaciones provocaban la pérdida de tierras y recursos naturales de los que han dependido tradicionalmente las comunidades indígenas. En esos casos, la extracción de recursos puede poner en peligro la supervivencia de los grupos indígenas como culturas diferenciadas que están unidas de modo inextricable a los territorios en donde habitan tradicionalmente.arias organizaciones indígenas y ONG informaron de que la emigración forzada de pueblos indígenas desde sus tierras tradicionales —tanto a consecuencia de su expulsión de esas tierras como debido a la degradación medioambiental causada por los proyectos de extracción de recursos— ha tenido un impacto negativo general en las culturas y estructuras sociales indígenas. (...) Las organizaciones y dirigentes indígenas informaron de que se había producido un deterioro notable de la cohesión social de las comunidades y una erosión de las estructuras tradicionales de autoridad, paralelamente con el aumento de las operaciones de extracción. Los miembros de las comunidades a veces adoptaban posiciones contrapuestas en relación a los beneficios que ofrece la extracción de recursos, produciéndose de ese modo conflictos que, a veces, pueden desembocar en la violencia. (...)
Las respuestas de pueblos indígenas y de ONG también informaban de una escalada de la violencia por los gobiernos y fuerzas de seguridad privadas en el contexto de las operaciones extractivas en territorios indígenas, dirigida principalmente contra dirigentes indígenas. Asimismo, se informó de que se habían producido casos de represión general de los derechos humanos cuando comunidades enteras habían manifestado su oposición a las operaciones de extracción. En ese contexto, también se informó de que la presencia de industrias extractivas en territorios indígenas había dado lugar a disturbios violentos y al surgimiento de grupos extremistas en esos territorios.