Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Declaración final del encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales

28 Julio 2007

Trescientas organizaciones y dos mil doscientos delegados organizados por sectores en representación de la población desplazada, sindicatos, indígenas, mujeres, partidos políticos, periodistas, campesinos, jóvenes, afrodescendientes, LGBT, víctimas de crímenes de Estado, familiares de secuestrados y desaparecidos, sesionamos en la ciudad de Bogotá durante los días 26, 27 y 28 de julio. Tras la realización de encuentros y diálogos sectoriales e intersectoriales, de escucharnos en medio de la pluralidad social, política, territorial y étnica presente, pensamos que hemos logrado los objetivos que nos propusimos. Hemos hecho visibles ante el país los derechos de las víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, valoramos los impactos sufridos en los diferentes procesos de victimización padecidos por ellas y logramos acordar una agenda común para la movilización social y política alrededor de la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación colectiva y la no repetición.

Este evento posibilitó que se escucharan las voces y el clamor de las victimas de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, sindicatos, organizaciones, movimientos estudiantiles, sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y otros movimientos de oposición, de masacres como las ocurridas en El Salado, San Onofre, Curvaradó, Mapiripan, San José de Apartadó, Antioquia y el Putumayo entre otras; conocer el trabajo organizativo que las comunidades vienen realizando en sus propias regiones y sus propuestas de reconciliación nacional.

A pesar de que no existe una estadística precisa del número de organizaciones y colectividades que han sido exterminadas o gravemente destruidas por el genocidio y los procesos de exterminio sistemático, las investigaciones realizadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, bancos de Datos, etc., demuestran que entre el periodo comprendido entre 1965 y 2006, más de cuatro millones de personas han sido desplazadas internamente o han debido buscar refugio político en otros países, se han cometido mas de 65 mil ejecuciones extrajudiciales, de las cuales mas de 5 mil corresponden al genocidio de la UP y el PCC y 2.515 sindicalistas; 10 mil personas han sido detenidas y desaparecidas y hoy sus cuerpos se encuentran sepultadas en fosas comunes , más de 6 millones de hectáreas de tierras fueran arrebatadas a comunidades campesinas y hoy se encuentran en manos de paramilitares y narcotraficantes.

La ejecución de estos crímenes no ha sido aislada, sino que han sido acciones sistemáticas y planificadas para la eliminación de sectores sociales y políticos de oposición o de reivindicación de esenciales y básicos derechos, y cuyos responsables han sido grupos paramilitares con el apoyo, complicidad y tolerancia de agentes estatales.

El encuentro parte de reconocer que en nuestro país hemos padecido una violencia histórica, la mayoría de las veces ejercida, patrocinada o tolerada por el mismo Estado, y que esta violencia no empieza y menos se explica exclusivamente por la existencia de un largo y degradado conflicto armado interno. Estamos convencidos de la responsabilidad de primer orden que ha tenido el Estado y sus grupos paramilitares en esta tragedia nacional. El evento encuentra que también existe responsabilidad de grupos guerrilleros en actos de violencia política.

Por ello estamos convencidos (as) de que la victimización de millones de colombianos no puede explicarse solamente por la existencia del conflicto armado interno; otras dinámicas de orden social, económico (megaproyectos) y político, también han victimizado a grandes grupos sociales, conflictos por la tierra, intereses políticos regionales, laborales, violencia sexual, etc., tratados por el Estado de manera violenta y arbitraria.

Esta violencia se ha ejercido por décadas contra organizaciones sociales y políticas con el propósito de eliminarlas del escenario político nacional; los casos de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, el sindicalismo, el campesinado y las comunidades indígenas, son apenas una muestra de este propósito, al que se suma la invisibilización de las víctimas, dando como resultado un sistema político y social profundamente autoritario y excluyente.

La impunidad como constante histórica en nuestro país constituye un obstáculo de primer orden para instaurar la democracia, pues ha permitido que movimientos políticos y sociales hayan sido prácticamente eliminados y que pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sean perseguidas severamente. Los factores estructurales de dicha violencia no han sido removidos; por ello estamos convencidos que si no se supera la impunidad, no podrá el país salir del ciclo de violencia actual.

Estamos convencidos que la lucha que adelantamos por el logro de la verdad, la justicia y la reparación, permitirá avances importantes en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la democratización del país. Sin embargo, entendemos que la mejor garantía para el reconocimiento de esos derechos y el establecimiento de un genuino Estado social y democrático de derecho, se logrará dándole fin al actual conflicto armado. Por ello no compartimos la tesis según la cual puede darse una transición mientras subsista el conflicto armado. El acuerdo humanitario, la solución política al conflicto, el desmonte total de los grupos paramilitares y la puesta en marcha de profundas reformas institucionales, sociales y económicas son condiciones esenciales para obtener garantías de no repetición que finalmente conduzcan a la reconciliación nacional.

Para los participantes en este encuentro, el modelo y la aplicación de la Ley 975 de 2005 o mal llamada “de justicia y paz” se encuentra en una profunda crisis. Desde tiempo atrás muchas organizaciones habíamos advertido sobre el fracaso de este marco jurídico y sus instrumentos, en primer lugar porque sus propósitos para el logro de la verdad, la justicia y la reparación aún no muestran resultados importantes, en segundo lugar, porque es un proceso diseñado en beneficio de los victimarios y las víctimas han sido excluidas y silenciadas de este proceso; en tercer lugar porque aún no empieza a responsabilizar a empresarios y generales en la extensión del paramilitarismo en el país; en cuarto lugar, porque las estructuras paramilitares no se han desmontado: hay continuidad, rearme o creación de nuevas estructuras paramilitares.

Diversos informes y fuentes registran que actualmente en Colombia operan 65 grupos paramilitares en 26 departamentos del país (incluida la ciudad de Bogotá), lo que mantiene en grave riesgo la seguridad y los derechos de las víctimas; en quinto lugar, el fenómeno de la parapolítica no es un hecho del pasado, en las próximas elecciones locales de octubre muy probablemente se mantenga el control político de cientos de municipios por parte de alianzas entre políticos, paramilitares, mafias del narcotráfico, terratenientes y empresarios. Las últimas declaraciones del Presidente Uribe confirman que no hay una renuncia del gobierno al paramilitarismo.

Las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema y la Fiscalía en lo que se ha denominado la “parapolitica”, que no es otra cosa que la confirmación del terrorismo de Estado denunciado desde hace varios años por las organizaciones de derechos humanos, lo demuestran: más de 30 dirigentes políticos detenidos, entre ellos nueve congresistas, dos gobernadores, cinco alcaldes, el ex director del DAS Jorge Noguera Cote, así como ex parlamentarios, concejales, diputados, ex mandatarios y funcionarios investigados o con ordenes de captura evidencian los vínculos de los paramilitares en todas las instituciones del Estado. Sin embargo, el Estado continúa negando su responsabilidad en la conformación y consolidación del paramilitarismo.

Queremos rechazar enfáticamente la intención del gobierno nacional al querer presentar un proyecto de Ley para convertir en delincuentes políticos a los paramilitares, como bien lo ha señalado la Corte Constitucional y recientemente, el pasado 11 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el gobierno nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto, alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto de delito político... De lo dicho se sigue que quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, su extradición está permitida y, por regla general, no podrán acceder al servicio público y si llegasen a ser elegidos a alguna corporación pública, se encontrarán en causal de pérdida de la investidura por subsistir la inhabilidad derivada del antecedente penal que surge de la comisión de un delito que apareja pena de prisión”.

Para las organizaciones víctimas asistentes al encuentro, esta conducta del gobierno nacional dejaría en total impunidad miles de crímenes cometidos por estos grupos, y de paso permitiría a los parapolíticos, empresarios, latifundistas y otros actores del establecimiento evadir sus responsabilidades penales, garantizando con ello la casi total impunidad y por ende la pérdida de los derechos de quienes sufrieron las consecuencias de la violencia.

El encuentro manifiesta su respaldo pleno a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional, por cumplir su papel institucional en la garantía de los derechos de las víctimas y el ejercicio independiente de sus funciones, y al mismo tiempo declaramos nuestra preocupación por la injerencia del gobierno en el nombramiento de los magistrados.

La lucha contra la impunidad y por la democracia requiere armonizar las acciones jurídicas, la movilización de las victimas, la lucha política y la gestión internacional, por ello es imprescindible lograr que esta lucha deje de ser sólo un problema de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y pase a convertirse en una preocupación y movilización de toda la sociedad.

Por último, el encuentro de víctimas se compromete a impulsar la agenda común para la movilización compartida entre los diferentes sectores sociales y políticos presentes, para superar la impunidad y lograr los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, y para ello, el comité de impulso que preparó este encuentro, continuará trabajando en la movilización social y política que nos permita avanzar en esta agenda común con otras organizaciones.

http://www.movimientodevictimas.org/node/436

Autor: 
MOVICE

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