Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó y de organizaciones de Derechos humanos en las que se le manifiesta que fueron víctimas de desplazamiento forzado mediante asesinatos, desapariciones y torturas y las tierras ocupadas en la siembra de palma aceitera por empresas implicadas con grupos paramilitares que están perfectamente identificadas.
El caso ilustra de buena manera la aplicación concreta de la política agraria concebida como estrategia de control militar en cerca de 100 mil hectáreas. Esa relación entre economía, tierra y seguridad militar integra la militarización, violaciones de derechos humanos, vía judicialización, exacerbación de los medios para lograr sus fines.
El presidente Álvaro Uribe renombra estos territorios colectivos con la genérica denominación “Urabá” ó “Sur de Urabá”. La forma de nombrar por si es excluyente y hace alusión a esa visión “paisa”, que pretende negar la existencia del Chocó, del bajo Atrato o en que ella está incluida en Antioquia. Es la superposición territorial verbalizada de la colonización. Negar la existencia de un territorio, el bajo Atrato o suponer su existencia al hablar de lo que lo limita el “Sur de Urabá”.
Pero tal verbalización cumple otro papel ocultar la comisión de crímenes de lesa humanidad, obviar la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente y asegurar así las inversiones, la “confianza inversionista” de la que habla Uribe.
El recurso discursivo a través del cual se hace percibir la realidad de una manera oculta la criminalidad estatal.
Así, por ejemplo, el nombramiento de un espacio territorial o nombrarlo equívocamente, posibilita ocultar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Hablar del Urabá,, del Sur de Urabá es obviar la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente. Se asegura discursivamente las inversiones, es parte de la “confianza inversionista” de la que habla Uribe.
Pero también, el uso del discurso verde, enmascara la violencia y la impunidad, justificando la inversión empresarial. El crimen se viste de verde” en el agronegocio de los agrocombustibles que Uribe llama biocombustible o biodiesel. Tal discurso verde encubre los daños ambientales en una región concebida como Zona de Reserva Forestal.
El discurso institucional se asienta en la idea del progreso, del desarrollo, asegurado por la militarización, la confianza inversionista en el “Estado comunitario”. Aquel estadio donde la comunidad se hace sujeto de deberes, de responsabilidad en la seguridad y la economía, donde se usa de está, donde se coloniza su mente, su voluntad para disponer de la existencia territorial para los agronegocios.
En 2004, Uribe, por ejemplo, motivó la siembra de palma en la región del bajo Atrato, a pesar que una comisión dirigida por en Incoder, constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curbaradó. Uribe desconoció lo que su gobierno sabía que estas familias fueron desarraigadas violentamente desde 1996 y en una seria de fases de represión en 1997, en 1999 y en una operación de tierra arrasada en el 2000.
Posteriormente Uribe, en el “Consultorio Empresarial” convocado por la Cámara de Comercio de Medellín solicitó un informe por sobre de los avance de los cultivos en la región del Urabá
“El informe nuestro es que en el sur de Urabá están sembrando cinco mil hectáreas de palma aceitera. ¿Cuántas van ya? Van a ajustar 10 mil en dos años. ¿Cuántas han sembrado ya? 3.500. En regiones como Urabá, el bajo Cuaca, el Magdalena Medio, esto es de gran importancia. El año pasado se sembraron 22 mil en el país. Este año aspiramos que se siembren 30 mil y el 20 de julio vamos a ingresar una nueva exención tributaria al Congreso para que quede exento el biodiesel, que se puede producir a partir del aceite de palma , a fin de darle vía libre a que el país no tenga demoras en sembrar 600, 700 mil hectáreas de palma africana. El Gobierno encontró 170 mil”. [1]
En la inauguración, en octubre de ese año, de una hidroeléctrica en Frontino, Antioquia, motivó a los empresarios del banano a continuar con la expansión de la palma, sin nombrar al bajo Atrato, pero refiriéndose a él, pues no existe otro lugar en el nor occidente de Colombia en donde se desarrolle tal agroindustria.
Uribe manifestó: “Por ejemplo, el sector privado, necesita en Urabá, para los cultivos de banano y para otros cultivos que empiezan a ser muy prósperos en la región como Palma africana, generalizar el riego por goteo. El Gobierno Nacional le va a prestar al sector privado bananero un dinero importante para su sistema de riego. Ese puede ser un gran socio” [2]
Y ese mismo mes, a pesar del conocimiento del recrudecimiento de la estrategia paramilitar en el Jiguamiandó y del control absoluto de tipo paramilitar en Curbaradó aseveró claramente a empresarios de Medellín, que Urabá se empezaba a beneficiar con la política de promoción de palma aceitera de su gobierno.
Mientras Uribe Vélez esto expresaba, se realizaba una segunda comisión de verificación dirigida por el Incoder, que constataría la información ya recogida sobre la apropiación de esos territorios por parte de empresarios para el desarrollo del agronegocio, del uso de mecanismos fraudulentos y de la violencia ejercida con estos propósitos. Semanas después, la única exigencia del gobierno a las organizaciones humanitarias fue pedir copia de los videos grabados por las organizaciones de derechos humanos, en particular, el de la Comisión de Justicia y Paz, en donde se aprecian operaciones paramilitares y la labor de personas ligadas al gobierno de Uribe, en el servicio diplomático, como Ignacio de Guzmán, hoy jefe de campaña del candidato Vargas Lleras.
En ese momento, ya el Washington Post se refirió al tema en un extenso artículo y gracias a la resistencia de la gente que iba regresando en las constituidas Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y conocida la situación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una peregrinación internacional, se iba desenredando la tramoya palmera.
A pesar de tanta evidencia, el primer mandatario al referirse al bajo Atrato expresó: “Urabá se empieza a beneficiar de nuestra política de la promoción de la palma africana, que tiene un gran futuro para producir combustibles biológicos”. [3] VIII Un discurso verde, ambiental ocultaba la criminalidad.
En Mayo de 2006, el presidente de la República anunciaba con entusiasmo a los empresarios de Antioquia que la palma del “Sur de Urabá” ya estaba a punto de cosecha para la extracción de aceite y le propuso su uso en el Atrato. Para esta fecha, ya se conocía el informe del Incoder que reconocía la siembra de palma en territorios colectivos (15 de marzo de 2005); la Directiva 008 del Procurador General de la Nación que pedía al gobierno resolver la problemática de tierras en el Curbaradó (21 de abril de 2005); la resolución 039 de la Defensoría del Pueblo que solicitaba que se detuvieran todas las actividades relacionadas con el agronegocio en el Curbaradó y Jiguamiandó (junio de 2005).
Simultáneamente las estructuras paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas se desmovilizaron como parte de una reingeniería militar pero también con el propósito del desarrollo del Proyecto de Alternatividad Social, Paso. Entre otros, el del control social territorial a través de la cooptación de consejos comunitarios y organizaciones de base, la creación de otras para el desarrollo de agronegocios, asegurados con desmovilizados o la fuerza pública.
No obstante estas realidades, los informes institucionales y el proyecto Paso, el presidente instó a los empresarios al agronegocio de la palma: “Yo le voy a hacer una sugerencia para que la discutan en este simposio. El sur de Urabá está próximo a iniciar la producción de aceite de palma. Yo creo que ese podría ser el combustible para utilizarlo no en mezcla sino en un ciento por ciento en plantas de los municipios ribereños del Atrato”. [4]
Y finalmente agregó en una visión futurista:”Colombia puede pasar de 300 mil hectáreas de palma africana a 6 millones”
En septiembre de 2006 en un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en presencia de varios ministros de su despacho, empresarios y autoridades locales Uribe Vélez manifestó, como lo reseñó el Ministerio de Defensa: “Finalmente, en lo referente al tema de cultivos de palma africana que hay en el sur de la región, el Jefe de Estado expresó que allí se necesita una clarificación de títulos, la cual se espera adelantar en las próximas semanas, para después concretar un acuerdo ‘de muy buena fe entre empresarios y las comunidades afrodescendientes, para llegar a una exploración racional de la palma africana en esa zona, que le ayude a todo el mundo a generar ingresos, aplicar tecnología, a generar empleo, eso necesita un gran proceso de concertación y los vamos a impulsar ´”. [5]
En 2007, el presidente Álvaro Uribe continuó asumiendo la problemática la situación de los cultivos de palma con el monocultivo con el genérico “sur de Urabá”. En coherencia con su discurso estratégico, engaño, plantea que tienen la disposición de impulsar una solución a la problemática generada por “paramilitares y guerrillas”. Así Uribe distorsionó la realidad, volviendo a la tesis de dos demonios, transfiriendo la responsabilidad a “actores ilegales” ocultó la responsabilidad en la construcción del paramilitarismos y en el despojo violento para la siembra de palma.
Igualmente, Uribe no hizo alusión a que los palmeros de la región de bajo Atrato, beneficiarios del paramilitarismo, a través de medios fraudulentos accedieron a créditos e incentivos de Finagro. También, olvido decir, que el emporio empresarial cuenta con la protección permanente de en ese momento, desmovilizados y militares de la Brigada 17 del ejército, y ahora de la brigada 15.
Independientemente de la voluntad de las comunidades afectadas por el agronegocio, el presidente persiste en mantener la palma aceitera. Se anunció de la concertación siempre ha estado subordinado a la permanencia de la palma aceitera sembrada en los territorios colectivos, luego del despojo, no está en discusión la ilegalidad ni la criminalidad, está en discusión como sostener el agronegocio. “Encontramos un problema grave con tierras de consejos comunitarios negros al sur de Urabá, lo estamos superando, allí hubo de todo, presiones de la Farc, robos de la Farc, presiones de los paramilitares, robo de los paramilitares. Estamos devolviendo toda esa tierra a sus dueños, los consejos comunitarios negros y estamos impulsando unas alianzas estratégicas entre ellos e inversionistas para poder continuar el desarrollo de palma africana pero, sin el despojo al consejo comunitario” [6]
Las Alianzas Estratégicas, ya implementadas ilegalmente por los empresarios de la palma de esta zona del país desde el 2001 con constitución de asociaciones campesinas, falsificación de documentos públicos, para intentar legalizar la ocupación violenta de esas tierras, es dejada de lado por Uribe.
En diciembre de 2007, hablando, nuevamente a los empresarios en Medellín, les llamó fuertemente la atención por no aprovechar las ventajas de la política de zonas francas para la exención de impuestos e instó a hacer uso de este incentivo para la palma aceitera, obviando la conocida problemática: “Sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel” [7]
La implementación de una política pública agraria para hacer fuerte el campo, en materia de palma aceitera y “biodiesel” se ha impuesto por encima de las arbitrariedades e irregularidades, que entidades del propio gobierno, y dos del Ministerio público, en la que se establece la ocupación violenta e ilegal de territorios colectivos por parte de empresarios de la palma.
Para Uribe condiciones como las de la tenencia ilegal y violenta de las tierras, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, no son parte de su política.
Ni siquiera el reciente auto de la Corte Constitucional en mayo de 2010, que impidió la restitución de la propiedad a las comunidades negras, porque se iba a realizar en medio de una polémica legitimación y legalización de los intereses empresariales con un consejo comunitario realizado a la medida de los victimarios ha válido para que cese su obsesión. Uribe manifestó públicamente en relación con el Auto que debe entregarse antes del 7 de agosto fecha en que termina su mandato. Así pretende hacerse a un lado del Auto que fija unos plazos para la restitución de la tierra, en condiciones de identificación precisa de los habitantes de Curbaradó y Jiguamiandó-
En esa misma intervención, el 21 de mayo en el marco de la afrocolombianidad Uribe manifestó: " me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG, a disociar y a crear más problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que se dejó cometer en el pasado con las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó".
Su obsesión le impide observar las incoherencias, las contradicciones y su propio cinismo, la obsesión por los agrocombustibles lo hacen ser preso del olvido, o de su memoria “inversionista” Desconociendo públicamente que durante los últimos 14 años se ha desatado un plan sistemático de exterminio con la pretensión de que luego del despojo violento, se inició la colonización empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza pública, con la finalidad de imponer una economía a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganadería extensiva, extracción minera, y de obras de infraestructura eléctrica y vial con altísimos costos humanos, el exterminio de comunidades originarias, y con daños ambientales irreparables en la Zona de Reserva Forestal del bajo Atrato
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Lunes 24 de mayo de 2010