La continuidad de amenazas, la mentalidad prejuiciosa del fiscal 85 y las distorsiones de la realidad en medios, evidencian la ausencia de garantías para la labor legítima en derechos humanos que realiza la Comisión de Justicia y Paz MAURICIO GRAJALES, Fiscal 85 de la UDHDIH, realizó graves aseveraciones sobre la labor de la organización de derechos humanos. Este funcionario tiene a su cargo la delicada investigación sobre los asesinatos de Manuel Moya y Graciano Blandón, en los que se pretende absurdamente responsabilizar a la organización de derechos humanos. Las falsas apreciaciones de GRAJALES las manifestó en presencia de dos abogadas defensoras de derechos humanos, que adelantaban diligencias judiciales respecto al crimen de Ana Fabricia Córdoba. La Comisión de Justicia y Paz, además de considerar la ausencia de garantías judiciales, requirió a la Fiscalía abrir investigación al funcionario judicial. Estas apreciaciones son las mismas, que coinciden con la campaña mediática de desprestigio y de falsas imputaciones judiciales, que se conocieron desde el 2008 dirigidas por el general (r) Rito Alejo del Río Rojas. En la última semana en el campo mediático, la reconocida ex embajadora en Canadá, Fanny Kerztman, cuestionó la labor de la Comisión de Justicia y Paz, Brigadas Internacionales de Paz y las iniciativas de las familias de los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó como parte de la estrategia de la guerrilla de las FARC para su movilización y asegurar el tráfico de drogas y de armas. Ante las graves aseveraciones de la exdirectora de la DIAN, la Comisión de Justicia y Paz ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal contra sus integrantes. Para tal efecto ha solicitado como fundamento de la denuncia los escritos de Kerztman en la página KIENYKE, a quién se le debe requerir las pruebas de sus acusaciones. En días recientes una de las integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, Nathalie Pélaez, fue blanco de una llamada amenazante y del hurto, entre otros, de documentos de denuncia sobre la situación en el bajo Atrato. Desde 1998, la Comisión de Justicia y Paz está siendo objeto de operaciones de desprestigio, de montajes judiciales en el que participan responsables de crímenes de lesa humanidad y sus beneficiarios entre ellos el general ® Rito Alejo del Río. Estas operaciones desde el 2003 hicieron parte del plan de operaciones ofensivas del DAS en 2003 con el concurso de empresas beneficiarias del paramilitarismo como se devela en expedientes judiciales. Desde 2008 la labor jurídica de la Comisión de Justicia y Paz encontró respuesta a sus denuncias y representación de las víctimas cuando Del Río Rojas fue detenido por el crimen del afrocolombiano, Marino López, del río Cacarica, en el Chocó y se logró algún avance en la investigación judicial contra empresarios palmeros, bananeros y ganaderos beneficiarios del paramilitarismo. En ese mismo período se inició la persecución y estigmatización se incremento contra la Comisión de Justicia y Paz y los consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz